Venezuela requerirá este año de enormes sumas de dólares para subsistir. Debe pagar más de $10 millardos que se les adeuda a proveedores externos para mantener el crédito a la importación; cancelar el servicio de la deuda financiera por una cantidad similar; y cubrir la brecha comercial. Ésta montaría a unos $15 millardos, si queremos importar lo mismo que el año pasado –unos $37 millardos que, a juzgar por el desabastecimiento extendido, resultó ser insuficiente-, ya que las exportaciones petroleras, suponiendo un precio del barril de $25, no superarán los $23 millardos [1]. Solo pueden obtenerse estos recursos endeudándose aún más y/o vendiendo activos.
El monto de endeudamiento requerido haría necesario acudir a los organismos financieros internacionales, fundamentalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el financiamiento con la banca privada es de costo prohibitivo por el altísimo riesgo-país que exhibe Venezuela. Los chinos no prestan para solventar desequilibrios del sector externo, sino para controlar proyectos de inversión, asegurándose con amplías garantías en activos nacionales. Hasta ahora han prestado contra las reservas petroleras del país, hipotecando el cobro de futuras exportaciones petroleras.
El gobierno trata de evitar como sea la eventualidad de un acuerdo con el FMI y saca del viejo baúl de recuerdos de la guerra fría clichés anti-imperialistas y la denuncia del neoliberalismo salvaje del Fondo, que impone ajustes “draconianos” que empobrecen al pueblo. Salpica tales denuncias con referencias al “injerencismo” (sic) –término preferido por nuestra flamante canciller para reclamar ante la comunidad internacional impunidad por los atropellos cometidos- de Estados Unidos en los asuntos del país, porque “controla” ese organismo.
Pero, ¿Qué ofrece el gobierno de Maduro a cambio? ¿Cuáles son los elementos del ajuste que debe hacer para sortear los compromisos externos que enfrentará el país este año? ¿Cómo quedaremos los venezolanos ante ello?
En el frente interno, Maduro ha podido sobreponerse, hasta ahora, a la crisis engendrada por sus propias políticas y por la caída en el precio del petróleo, promoviendo el financiamiento de los déficits públicos con la impresión de billetes sin respaldo por parte del BCV.
La inflación consecuente le ha permitido al Ejecutivo una mayor recaudación de impuestos sobre las actividades domésticas, ya que éstos se causan sobre cifras abultadas, y seguir transfiriendo recursos a su base política por medio de las misiones, aunque con bolívares cuya capacidad adquisitiva merma aceleradamente.
El peso de esta política cae sobre la población, que ve reducida brutalmente sus ingresos reales. Termina por exprimirnos el excedente con el cual “honrar” sus compromisos financieros, incrementando la unidad tributaria muy por debajo de la inflación -sin consultar con la Asamblea Nacional- para que prácticamente todos pasemos a pagar el impuesto sobre la renta.
En el frente externo, el gobierno viene liquidando activos y endeudándose aún más. Consumió el año pasado reservas internacionales, tanto líquidas como en Derechos Especiales de Giro (DEGs), descontó fuertemente sus acreencias con países de PetroCaribe para poder cobrarles “aunque sea fallo”, y repatrió dinero depositado afuera.
Pidió otros $5 millardos a China -¿qué comprometió como garantía?-, endeudó CITGO y empeñó oro de las reservas. El BCV registra ingresos en la cuenta financiera por todos estos conceptos de $16,5 millardos en 2015. Por último, sacrificó importaciones de bienes y servicios para privilegiar el pago de unos $15 millardos en deuda externa.
Como ya ha raspado casi toda la olla, decidió este año extender la práctica de hipotecar reservas del subsuelo a intereses foráneos –como hizo Chávez para que China le concediera financiamiento a cambio de ventas futuras de petróleo- para conseguir dinero.
Con la fatua promoción de un “arco minero” guayanés ante representantes de capitales internacionales, ofreció subastar al mejor postor el acceso a los yacimientos de oro, coltan, diamantes y otras riquezas existentes en su subsuelo. Y para blindar esta entrega, hizo aprobar tramposamente por el TSJ su decreto de Emergencia Económica para saltarse el control que la Asamblea Nacional debe hacer sobre estas operaciones, como manda la Constitución.
Crea, además, una empresa militar minera y petrolera (CAMIMPEG) para intermediar en estos negocios, investido de las correspondientes potestades legales (¡!). Por último, vende a Rosneft una mayor participación en PetroMonagas por $500 millones. Y la canciller tiene el cinismo de denunciar que existe un “bullying de la derecha internacional” en contra de Venezuela que busca apoderarse de los recursos naturales del país (¡!). Y como este año tampoco alcanzarán estos recursos, viene una reducción aún más “draconiana” de las compras externas.
Cabe destacar que no hay compromiso alguno por modificar la estructura del gasto, por lo que se liquidarán valiosos activos para continuar con las corruptelas y el gasto corriente dispendioso.
¿Y quiénes pierden con estos tejemanejes? Perdemos todos los que nos empobrecemos por la perversa dinámica puesta en funcionamiento para recabar el impuesto inflacionario, y por la agudización del desabastecimiento. Adicionalmente pierden las generaciones futuras por la entrega de recursos del subsuelo, así como activos en el exterior, a intereses extranjeros. Asimismo, perdemos por la degradación del ambiente por prácticas depredadoras de la naturaleza que el gobierno está dispuesto a obviar con tal de amarrar como sea algunos churupos.
¿Y quiénes salen ganando? Todo aquél cuyo posicionamiento en la estructura de poder le permite participar en la expoliación de la riqueza social, hecho posible con la destrucción de las instituciones del Estado de Derecho. Los controles y regulaciones facultan a los jerarcas y a sus “socios” arbitrar a discreción precios, compras, contratos y todo tipo de “negocios”, sin necesidad de rendir cuentas ni atenerse a contraloría social alguna.
Los tímidos ajustes en el precio de la gasolina y del dólar oficial representan solo típicos cambios “gatopardeanos” que, además, proveen algunos dineritos. Con la excusa de construir el socialismo, la oligarquía en el poder ha instaurado un Estado Patrimonial, es decir, un estado que le permite usufructuar el patrimonio público como si fuera privado.
En cualquier acuerdo con el FMI, éste exigiría el desmantelamiento de este mecanismo expoliador como condición sine qua non para otorgar financiamiento. De ahí la necesidad de satanizarlo con clichés alimentados por simbolismos maniqueos, propios de la propaganda fascista.
No importa que este financiamiento externo permitirá liberar a las fuerzas productivas de la asfixia externa, generar empleo bien remunerado, abastecer los mercados, derrotar la inflación, asegurar las libertades económicas que propician la competitividad empresarial y sostener políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables. El ajuste del FMI siempre será “draconiano”; no el que promueve el gobierno "frente a la agresión imperial para defender denodadamente las conquistas del pueblo".
Juzgue usted, amigo lector.
Economista, profesor de la UCV.
[1] Ni siquiera se cobrarán completas, por la necesidad de pagar el préstamo con la China.