Podemos decir que en nuestro país se abre un nuevo ciclo económico. En la economía que nace hay más pragmatismo económico que ideología. Luego del péndulo que ondula entre las políticas económicas de apertura tutelada por FMI, con privatizaciones sin participación ciudadana y hacia el otro extremo con estatismo y controles, tanto los dirigentes de la oposición como los del oficialismo y los ciudadanos, han entendido que tanto las empresas del Estado, las empresas de producción social, las cooperativas y cualquier empresa impulsada por los amigotes del Estado, todas terminan mal.
El oficialismo con gran pragmatismo comienza a separarse tanto del estatismo como del fondomonetarismo para rescatar la caída del PIB generada por su propio estatismo. Sin aspavientos, el oficialismo toma las siguientes acciones económicas: 1.- libera los mercados cambiarios y de precios, 2.- gestiona una política muy asertiva de mercado de valores para estimular la democratización del capital en Venezuela, 3.- comienza a racionalizar la política monetaria para evitar la hiperinflación, estimulando la inversión privada en empresas del Estado en lugar del endeudamiento para reducir las necesidades de inyección de dinero inorgánico, 4.- estimula inversión petrolera para pagar deuda externa; y 5.- aúpa la inversión privada y las licitaciones para proyectos de infraestructura y de servicios públicos como en Carabobo y el proyecto de CAF–PUND para 4 estados para ir atacando las enormes deficiencias en los servicios básicos.
Esta combinación de políticas públicas impulsada por el oficialismo en los últimos meses -aunque en etapa modesta- es muy superior a las políticas públicas de los últimos 50 años, o más precisamente desde la nacionalización del petróleo en los años 70.
Sin embargo, estamos muy lejos del desarrollo sustentable de nuestra economía. Si sumamos los recursos naturales comercializables, la agroindustria, la construcción, la manufactura, el turismo, etc. el potencial de nuestra economía de $1 trillón en PIB al año y hoy se encuentra en $80 mil millones. Ese potencial se pierde debido a que el Estado controla el 100 % de los recursos naturales a través de 550 empresas del Estado y casi todas pierden dinero y tienen paralizadas su producción. Para no cerrar empresas, el Estado emite dinero inorgánico y genera hiperinflación. Ahora retomar el crecimiento no es inmediato.
Debemos reconocer que es difícil en una sola etapa parar la hemorragia de las empresas del Estado y del gasto fiscal improductivo y así evitar el dinero inorgánico y la devaluación diaria de la moneda como consecuencia. Especialmente con las sanciones encima. No obstante la política del BCV de un encaje legal del 100 % es una respuesta muy mala para frenar la hiperinflación. El oficialismo debe entender que las sanciones a las empresas de la nación fue por evitar contaminar los mercados de capitales mundiales con corrupción. Las sanciones a los individuos es diferente ya que es un tema de DDHH. Las sanciones a las empresas de la nación pueden ir disminuyendo vía privatizaciones con participación ciudadana en las empresas del Estado. El tema de la alternabilidad democrática con un nuevo CNE y el respeto de los DDHH también es clave para el despegue económico ya que los inversionistas se atemorizan de los dirigentes todopoderosos. El origen de los fondos a invertir en los mercados de valores para el rescate de empresas en Venezuela es crítico para la estabilidad política del país. Los dirigentes de la oposición en la AN deben dejar de mirar el espejo retrovisor y darse cuenta que el oficialismo ahora sí tiene una estrategia económica y deben -más que oponerse o seguir esperando que el país colapse- liderizar, profundizar y acelerar los cambios que ya comenzaron.

@alejandrojsucre