Luego del 22 de diciembre pasado, el presidente del régimen decidió pasarle el testigo de las apariciones públicas televisadas al capitán presidente de la Asamblea Nacional saliente, quizás convencido de la inutilidad de continuar amenazando a la nación con la profundización de una revolución derrotada por el voto popular de la mayoría de los venezolanos, o por la contra revolución, como ellos mismos denominan a la oposición democrática. Inmediatamente el relevo tomó control de la situación con la bandera de sustituir a 12 magistrado del TSJ, jubilados forzosamente, y al mejor estilo de Jalisco, que si pierde arrebata, saltándose todos los procedimientos, lapsos legales y constitucionales impuso de manera írrita los nuevos “magistrados”, y unos cuantos suplentes, en un acto tan bochornoso, como deprimente, que buena parte de la bancada oficialista no se hizo presente. Tocará a la nueva AN resolver este adefesio jurídico próximamente.
Pero para el régimen el mayor problema son los 112 diputados de la oposición que lo coloca en una situación precaria para continuar, ya no con la revolución, sino con el sistema de corrupción y clientelismo político económico que ha sido su característica por casi 17 años de impunidad y de saqueo sistemático de las arcas públicas. La solución buscada es tan inconstitucional como grotesca al ordenar activar la Sala Electoral del TSJ para que reciba unas impugnaciones electorales omitiendo al organismo rector, el CNE, que es el que debe procesar este tipo de solicitudes, pero que ya dio por concluido el lapso para las mismas. Ante la presión de juristas y la opinión pública nacional e internacional, optó por declarar sin lugar las solicitudes y “suspender temporalmente” a tres diputados utilizando una figura legal inexistente y que deja, en consecuencia, según ellos en un limbo legal a los mismos. Pero la realidad es que los tres diputados están habilitados constitucionalmente para ejercer sus funciones a partir del 05 de enero cuando se instale la nueva Asamblea Nacional.
Para finalizar el año, el mandatario anuncia, mediante decretos, una serie de medidas económicas cuyas consecuencias previsibles son la de empeorar el clima económico en general y las posibilidades del sector privado de sortear la crisis con éxito este año.
El vocero de la MUD Nacional, y algunos presidentes de partidos, han enviado mensajes institucionales al Ministro de la Defensa recordándole su deber de hacer respetar la Constitución Nacional asegurando la instalación de la Asamblea Nacional en paz y sin la presencia de colectivos revolucionarios que impidan dicha instalación. Estos mensajes pueden ser procedentes, pero deben cuidarse de no convertir a la FAN en el árbitro final de las leyes y el gobierno, tal como lo dijo en su oportunidad el Libertador: “Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para gobernar a su país, no es el árbitro de las leyes o del gobierno, es el defensor de la libertad”.
La presencia masiva del pueblo en la Asamblea Nacional es la que va a asegurar su instalación, no la FAN.
02 de enero de 2016