Todo indica que los efectos de los terremotos del 24 de junio deben ser más profundos y graves de lo que conocemos en la actualidad. La razón es bastante simple: el país no tiene los instrumentos de información adecuados y precisos para conocer en detalle los daños y estimar los impactos. En tales condiciones, el diseño del plan de reconstrucción no puede reflejar con propiedad las complejidades de la tarea.

          En este caso es bastante evidente que es fundamental saber lo que no se sabe. Porque ese es el primer paso para que la reconstrucción se diseñe adaptativamente. Esto es, que se incluya dentro del plan de reconstrucción las medidas para mejorar las fuentes de información requeridas. Entre otras razones porque sólo así se podrá saber, nos referimos al conjunto de la sociedad, si los esfuerzos de una reconstrucción efectiva se están concretando.

Dicho de otra forma, la reconstrucción debe incluir la transformación de los sistemas de información de la gestión pública del país. Con el mayor nivel de detalles. De lo contrario no será posible acoplar las acciones con las necesidades agravadas por la catástrofe.

Una forma de aproximarse a este serio problema es analizando la experiencia de otros países en situaciones similares. Se puede tomar como referencia los terremotos ocurridos en Turquía en febrero de 2023. De acuerdo con el reporte elaborado por el gobierno de Turquía con el apoyo del Banco Mundial, PNUD, OMS y la Unión Europea, se pueden extraer algunas referencias de utilidad.

Los terremotos de Turquía produjeron cerca de 50 mil muertes, más de 3 millones de personas desplazadas, y más de 2 millones de personas viviendo en campamentos temporales. El impacto económico se estimó en cerca de 105 mil millones de dólares, equivalente al 9% del PIB de Turquía en 2023.

Para realizar la estimación de necesidades, la Oficina de Estrategia y Presupuesto del gobierno de Turquía coordinó junto con numerosas instituciones y organizaciones la obtención de datos en múltiples áreas. También se contó con la información proveniente del último censo nacional (2021).

Los datos de los ministerios más relevantes para la estimación de necesidades fueron combinados en el informe de acuerdo con las áreas cubiertas. En la preparación de la estimación, los datos fueron actualizados a través de las personas responsables en las zonas afectadas.

A pesar de estos esfuerzos de coordinación, no fue posible tener información sobre los grupos con necesidades especiales de atención, ni tampoco sobre los impactos de las políticas en la fase de atención inmediata ni después de los terremotos. Señala el reporte que el problema que más afectó la planificación fue la dificultad para calcular las variaciones del tamaño de la población en las zonas afectadas y las posibilidades de que pudieran regresar a ocuparlas.

Tampoco fue posible, después de transcurridos seis meses de los terremotos, establecer el número de habitantes por tipo de viviendas en las zonas afectadas, y la fracción que efectivamente se mudó a otros sitios. En consecuencia, se reportaron dificultades para ajustar los requerimientos a la población por zonas de residencias post desastre.

Al comparar con las restricciones para estimar las necesidades post catástrofe que se aprecian en Venezuela, en Turquía se ha destacado, en primer lugar, la coordinación del gobierno a través de instituciones especializadas para integrar datos y análisis de múltiples instituciones. En un segundo término, la disponibilidad de datos (por ejemplo, los últimos datos censales corresponden a 2021), contrasta con la ausencia de datos censales en Venezuela desde hace 15 años (2011). También se destaca en el reporte indicado la variedad de datos de fuentes públicas disponibles en Turquía.

Dado este contexto, es lógico suponer las inmensas dificultades que se confrontan en la elaboración de la estimación de necesidades post desastre (PDNA) que se debe culminar a finales de septiembre de 2026 en Venezuela. Cuatro aspectos son de especial relevancia para analizar la adecuación de la estimación de necesidades con las posibilidades de una reconstrucción efectiva.

        Los dos primeros aspectos están relacionados con la calidad de la información requerida para conocer la magnitud de la emergencia humanitaria compleja que confronta el país desde hace más de diez años. El primer aspecto es la información de base de la cantidad de población afectada, especialmente la que se encuentra en situación de pobreza extrema.

Cifras de organismos internacionales indican que al menos 5,5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza extrema al comenzar 2026. Es decir, era la población por atender antes de los terremotos. El informe de PDNA debería indicar cuán real es esta estimación. El segundo aspecto es la magnitud del aumento de la población en pobreza extrema (ya sugerido por el informe GRADE del Banco Mundial), especialmente en las zonas afectadas por los terremotos.

Los otros dos aspectos están relacionados con la utilización de los datos anteriores, especialmente si las estimaciones no son precisas. El primero de ellos es la atención, en términos de apoyos monetarios, que deberían recibir las personas en situación de pobreza extrema (la población previa a los terremotos y la existente después de los terremotos). Obviamente, esta cifra es fundamental para calcular los montos de la transferencia total de recursos. Por cierto, este tipo de apoyo fue implementado en Turquía en los primeros meses después de los terremotos.

El segundo aspecto, también vinculado con la calidad de la estimación, es el tipo de apoyo financiero que se deben aplicar en las comunidades afectadas para la recuperación de la actividad productiva. La especificidad de esta información puede facilitar la rapidez de la recuperación, así como la sinergia productiva deseable.

Las dimensiones de la brecha en la calidad de datos condicionarán directamente la adecuación de las intervenciones que constituirán el modelo de reconstrucción de Venezuela. De allí que sea de especial importancia estar atentos a la culminación del PDNA (a finales de septiembre de 2026), y a las recomendaciones institucionales, financieras, y logísticas que serán propuestas. Las consecuencias de las políticas públicas que formarán parte de la reconstrucción seguramente se extenderán en los próximos años. La calidad de los datos para la estimación no puede ser más relevante.

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Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).