El siguiente es el texto de una declaración conjunta de los Gobiernos de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suecia y Ucrania.
Treinta y un países nos reunimos al margen de la Asamblea General de la ONU para debatir nuestra grave preocupación por la urgente situación en Venezuela y reiterar nuestro apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos en ese país.
Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de las importantes dificultades. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto. Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada. Sin embargo, han pasado casi dos meses desde las elecciones y los llamamientos a la transparencia electoral tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional siguen sin respuesta. Los observadores electorales internacionales han documentado su grave preocupación por la transparencia y la integridad del proceso electoral, en particular por la negativa de la Comisión Nacional Electoral a publicar resultados detallados e independientemente verificables de los colegios electorales, como es preceptivo.
Seguimos profundamente preocupados por la represión generalizada y continuada, así como por los abusos y violaciones de derechos humanos denunciados tras las elecciones. Estos abusos incluyen detenciones y encarcelamientos arbitrarios (incluso de niños), muertes, denegación de las garantías de un juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil. En el contexto de la represión violenta contra miembros de la oposición, el 3 de septiembre se dictó una orden de detención por motivos políticos contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, que según los registros electorales públicamente disponibles fue el más votado en las elecciones del 28 de julio, y que le obligó a abandonar el país.
Pedimos la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar pacíficamente sus opiniones políticas, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias. Pedimos que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, a la violencia política y al acoso contra la oposición y la sociedad civil.
También pedimos el regreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente su mandato. Además, hacemos un llamado a Venezuela para que respete y cumpla con sus compromisos bajo el Derecho Internacional, particularmente como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, otorgando un salvoconducto a los seis solicitantes de asilo que actualmente residen en la residencia oficial de la República Argentina y permitiéndoles salir del territorio venezolano.
Ha llegado el momento de que los líderes políticos venezolanos inicien conversaciones constructivas e inclusivas sobre una transición con garantías para ambas partes a fin de resolver el estancamiento político del país y restaurar las instituciones democráticas pacíficamente de conformidad con la legislación venezolana, así como con la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el 28 de julio. Estamos con los millones de venezolanos que siguen arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y su país.
Traducido por DeepL
26 de septiembre 2024
https://www.state.gov/joint-statement-on-the-situation-in-venezuela/