El 3 de julio de 2026, se cumplió un plazo que la Constitución venezolana nunca había tenido que precisar con detalle. Me refiero a los ciento ochenta días que el artículo 233 concedía a quien le correspondiera ejercer la presidencia encargada en caso de falta absoluta del titular. Delcy Rodríguez había asumido ese cargo el 5 de enero, dos días después de que un operativo militar estadounidense sacara a Nicolás Maduro de Venezuela con destino a una cárcel federal en Nueva York. Debo hacer aquí una aclaratoria, pues este orden constitucional en sentido estricto es inaplicable porque, de entrada, la titularidad de la presidencia venezolana estaba ya cuestionada a partir del fraude electoral de octubre de 2024 y el supuesto presidente Nicolás Maduro era oficialmente ilegítimo el 10 de enero de 2025, cuando tomó posesión de una presidencia robada a la voluntad de los ciudadanos.
Pero siguiendo el hilo de la historia, cumplido el plazo, correspondía convocar elecciones, lo que, en la realidad, nunca ocurrió. No hubo un cronograma electoral, ni Consejo Nacional Electoral renovado, ni un solo candidato inscrito, ni acuerdo sobre las reglas mínimas del proceso. Algunas voces y organizaciones venezolanas de defensa institucional hablaron de un país que entraba, por primera vez en su historia republicana, en un territorio de inconstitucionalidad abierta y sin precedentes. Rodríguez, mientras tanto, seguía gobernando, sin que nadie, ni siquiera sus críticos más duros, pudieran precisar con exactitud bajo qué autoridad constitucional lo hacía. En la práctica, ese vacío legal o posible crisis institucional en el sentido clásico del término nunca ocurrieron. La vida siguió, la administración pública y los ministerios siguieron en su postración habitual. El país entero pareció aceptar, casi sin discutirlo, que la pregunta de quién gobierna y con qué respaldo constitucional podía quedar suspendida indefinidamente, como si la solidez de ese respaldo fuera, después de todo, apenas una referencia en el devenir de la nación.
Quisiera detenerme aquí en esta escena, porque contiene, en miniatura, la pregunta que dejé planteada al cierre de la entrega anterior: si las instituciones democráticas dependen de la solidez de las normas, plazos, jerarquías definidas y procedimientos que se cumplen de manera verificable, ¿cómo responden frente a un poder que, incluso derrotado, sigue comportándose como algo indefinible? La captura de Maduro resolvió, en sentido estricto, el problema de la persona. No, así el problema de la forma. Y es precisamente esa distinción, entre derrotar a un líder y restaurar un orden, el terreno que quiero recorrer en este ensayo, uno de los más importantes y densos de toda esta segunda parte de la serie.
Zygmunt Bauman construyó buena parte de su obra tardía en torno a la modernidad sólida, específicamente a la de los estados-nación, las constituciones escritas para durar generaciones, los tribunales, los partidos con estatutos y militancia. Todas, estructuras que se suponían permanentes, o al menos suficientemente estables como para que individuos e instituciones pudieran planificar sus acciones y hasta su futuro alrededor de ellas. Las democracias contemporáneas nacieron dentro de esa lógica. Una constitución fija plazos precisamente para que nadie pueda alargarlos por conveniencia propia. Un tribunal exige pruebas, no sospechas, para que no cualquiera pueda ser condenado por decreto. Una elección exige que los votos se cuenten y se hagan públicos para que el resultado no dependa de quién controla el escrutinio. Todo el aparataje institucional de una democracia; es decir, separación de poderes, debido proceso, rendición de cuentas periódica está diseñado para que el poder se pueda medir, verificar y, llegado el caso, revocar. Ese diseño presupone, casi como condición de posibilidad, un adversario que también sea una entidad sólida. Me refiero a una persona identificable, un partido con membresía, una jerarquía con un vértice que, llegado el momento, también pueda rendir cuentas.
Hay, además, un problema de jurisdicción que el teórico militar William Lind, a quién ya he citado, ayudó a identificar hace más de tres décadas, y es que cuando un conflicto deja de respetar las categorías que la modernidad sólida daba por sentadas, refiriéndose a combatientes y civiles, guerra y crimen, actor estatal y actor no estatal, ninguna institución democrática aislada tiene, por diseño, jurisdicción sobre el fenómeno completo. Un tribunal penal juzga a individuos por delitos específicos, no por organigramas difusos. Una oficina de sanciones bloquea activos y personas, no relaciones de dependencia mutua entre un cartel y un ministerio de defensa. Un consejo electoral certifica votos, no la legitimidad de quien controla a las fuerzas armadas que resguardan las urnas. Frente a un Estado que fusionó estas categorías, cada institución democrática solo alcanza a ver la porción del fenómeno que su mandato le permite observar, nunca el todo. En pocas palabras, la democracia de instituciones erigidas sobre la rigidez inamovible se queda muy corta en sus respuestas frente al poder líquido en continuo devenir.
Empecemos por entender la lógica de lo sólido y lo líquido utilizando la justicia, porque es quizás el mecanismo más contundente de las democracias. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Maduro y a un grupo de altos funcionarios de narcoterrorismo bajo la figura del Cartel de los Soles, con nombres, fechas y montos precisos. Sin embargo, transcurrieron casi seis años entre esa acusación y la salida de Maduro del poder. Seis años durante los cuales el acusado siguió gobernando, siguió viajando y llegó incluso a jurar un nuevo mandato presidencial en enero de 2025, pese a la evidencia pública, ya documentada, de que había perdido la elección meses antes. Un tribunal solo puede procesar aquello que logra encuadrar en una figura legal establecida. Esto es una organización con miembros identificables, una cadena de mando, actos delictivos atribuibles a personas concretas y verificables. Hugo Carvajal Barrios, extraditado desde España, se declaró culpable de esos cargos en junio de 2025 y quedó habilitado para testificar contra sus antiguos superiores. Carvajal fue, en ese sentido puntual, la justicia funcionando exactamente como está diseñada para funcionar. Pero incluso esa victoria parcial tardó cinco años en llegar y solo alcanzó a un nodo secundario de la red, mientras el nodo central seguía gobernando un país entero. Cuando en enero de 2026, ya con Maduro detenido, la fiscalía neoyorquina presentó una acusación sustitutiva, ocurrió un hecho significativo y fue que el propio Departamento de Justicia redujo drásticamente las menciones al Cartel de los Soles como organización formal y lo redefinió como un “sistema de patronazgo”, una fórmula deliberadamente más vaga que terminó por reconocer, sin decirlo del todo, lo que he venido argumentando: que la entidad que se pretendía enjuiciar nunca tuvo los contornos sólidos que un expediente penal necesita para sostenerse en el tiempo. El derecho, incluso en su versión más agresiva, solo sabe litigar contra lo sólido.
Si nos referimos a las sanciones, estas parten de una lógica distinta, pero comparten el mismo fondo, que es suponer que existe una economía nacional, controlada centralmente, cuyo flujo de recursos se puede cortar desde afuera. Desde el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado en enero de 2019 y las sanciones contra PDVSA que lo acompañaron, Washington apostó a que asfixiar el ingreso petrolero obligaría al régimen a negociar su salida o, al menos, lo debilitaría hasta el colapso. No ocurrieron ninguna de las dos cosas, al menos no de manera directa. Lo que ocurrió, como argumenté en la entrega anterior, fue una reconfiguración de la estructura. La industria petrolera, mal gestionada, corrupta y sancionada, dejó de ser la única columna vertebral del poder chavista y su lugar lo compartieron la minería ilegal y, sobre todo, el narcotráfico. Nassim Taleb llamaría a esto, con razón, una respuesta antifrágil: un sistema sometido a un estrés que no lo mata no solo sobrevive, sino que reorganiza su estructura para depender menos de la fuente original de ese estrés. La sanción, pensada como un bisturí que corta un órgano vital, se convirtió en un entrenamiento de resistencia. El cuerpo, simplemente, cambió de músculo.
Todavía hay una segunda capa en este fracaso, que Ulrich Beck ayuda a nombrar mejor que nadie. Los riesgos generados por un poder (líquido) no respetan las fronteras jurisdiccionales sobre las que se construyen los instrumentos democráticos de contención. Una sanción petrolera es, por definición, una herramienta nacional o, cuando mucho, multilateral entre Estados; el narcotráfico y la migración que provocaron el colapso económico venezolano no reconocen esa misma frontera. Beck llamó “efecto bumerán” a la manera en que los riesgos producidos en un punto del sistema terminan golpeando, tarde o temprano, a quienes los generaron o intentaron contenerlos desde afuera. La presión migratoria y la expansión del Tren de Aragua hacia ciudades estadounidenses no fueron un daño colateral aislado; con el tiempo se convirtieron en un problema de política doméstica dentro de los Estados Unidos, lo bastante costoso políticamente como para que la opción de esperar a que las sanciones dieran fruto perdiera terreno frente a la de resolver el problema de una vez, por la vía rápida.
Luego, como tercer elemento, está la elección, el mecanismo que, en teoría, resuelve todo lo que la justicia y la sanción no pueden. La voluntad popular expresada en las urnas es la forma más directa de rendición de cuentas que existe en una democracia. En octubre de 2023, el régimen de Maduro firmó en Barbados un compromiso para celebrar elecciones “libres y justas” en 2024, a cambio de un alivio parcial de las sanciones petroleras. El 28 de julio de 2024, Venezuela votó. Hubo urnas, testigos de mesa, filas de electores desde temprano. Y hubo, del lado opositor, algo que rara vez ocurre en un proceso de este tipo. Estoy hablando de pruebas. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lograron recolectar y publicar más del ochenta y cinco por ciento de las actas de escrutinio, que mostraban una ventaja de más de treinta puntos porcentuales a favor de González. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó ganador a Maduro esa misma madrugada, sin publicar jamás el desglose de resultados, mesa por mesa, que exige la propia ley venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia, también chavista, “certificó” esos resultados después sin haber examinado ninguna de las actas que la oposición ya había hecho públicas.
Jean Baudrillard habría reconocido esta secuencia de inmediato. No es un fraude en el sentido clásico de resultados falsificados a espaldas del público, se trató de un simulacro completo. Todos los elementos visibles del ritual democrático —el voto, la fila, el escrutinio, la proclamación— se cumplieron con detalle, mientras el elemento que le daba sentido a todo lo demás, la correspondencia entre el voto contado y el poder efectivamente entregado, quedó deliberadamente vacío. El simulacro no niega la realidad; la sustituye por una copia que funciona mejor que el original, precisamente porque no está sujeta a sus riesgos. Una elección así no es para quienes detentan el poder líquido, la ausencia de democracia. Es su imagen exacta, vaciada enteramente de la única función que la justificaba.
Los tres mecanismos que acabo de describir comparten un rasgo común de diseño. Todos son deliberadamente lentos. Un juicio necesita años de instrucción para no convertirse en un linchamiento y mantener el debido proceso. Una sanción escala por etapas para dejar abierta la puerta a la negociación. Una elección tiene un calendario y reglas fijas que no pueden alterarse y está regulada por la ley. Esa lentitud, frente a un adversario sólido, es una virtud. Lo que ofrece la ventaja del tiempo y que se traduce en la construcción de la legitimidad del proceso para que el resultado sea defendible ante la historia. Frente a un poder líquido, la misma lentitud se convierte en su principal debilidad, porque le da al adversario exactamente lo que necesita para hacer lo que mejor sabe hacer: reconfigurarse antes de que el golpe termine de aterrizar. Cada sanción parcial, cada instrucción judicial que se extiende por años, cada elección que se puede simular sin conceder nada, funciona como una dosis de estrés controlado, suficiente para forzar adaptación, insuficiente para provocar colapso.
Pero reducir lo ocurrido el 3 de enero de 2026 a una categoría abstracta sería quedarse corto. Esta serie ha identificado ya dos vías por las que un sistema líquido puede efectivamente derrumbarse. La primera, una falla catastrófica sincronizada, que golpea varios nodos ya debilitados antes de que la red logre absorber el impacto, y la segunda, la pérdida de los propios estresores que lo mantenían en un estado de adaptación constante, lo que deviene en rigidez y, paradójicamente, más fragilidad. La misión del 3 de enero pertenece con claridad a la primera categoría. No fue un litigio, ni una sanción, ni una elección, que ya habían hecho su efecto, pero sin capacidad para rematar; fue un ataque simultáneo sobre múltiples objetivos militares en un lapso de apenas tres horas, ejecutado sin autorización previa del Congreso estadounidense y, según el propio dictamen legal que lo respaldó, diseñado deliberadamente para no encuadrarse como un acto de guerra en el sentido constitucional del término. Funcionó como una operación especial que sacó a Maduro del poder en una sola noche, algo que ni un tribunal, ni las sanciones, ni la elección habían logrado en años de intentarlo. Pero funcionó precisamente porque abandonó la lentitud deliberativa que caracteriza a los mecanismos democráticos de rendición de cuentas.
Para completar este análisis, sin embargo, necesitamos ampliar el radio de observación y evaluar la secuencia venezolana entre 2023 y 2026. Lo ocurrido el 3 de enero de 2026 no fue un golpe único que cae del cielo sobre un sistema intacto, sino el último eslabón en una cadena de sucesivos puntos de quiebre, cada uno sobrevivible por separado, que fue consumiendo, uno tras otro, el margen de adaptación que había sostenido al poder líquido durante más de una década. Vale la pena recorrerla, porque en esa cadena está el verdadero mecanismo del colapso, no solo en el instante final.
El primer punto de quiebre se abrió en marzo de 2023, cuando el escándalo conocido como Pdvsa-Cripto obligó a Tareck El Aissami, hasta entonces uno de los operadores más poderosos del chavismo, a renunciar al Ministerio de Petróleo en medio de una investigación por el desvío de miles de millones de dólares provenientes de la venta de crudo. El Aissami desapareció de la vida pública durante más de un año, hasta que en abril de 2024 la Fiscalía venezolana confirmó su arresto. El régimen le había tocado absorber el golpe, perder un nodo central y una fortuna que nunca recuperó del todo, pero no se derrumbó. Fue, en los términos que ya hemos usado en esta serie, una respuesta antifrágil más. El sistema se reorganizó sin él, ampliando la centralidad del nodo de Delcy Rodríguez. Ese primer eslabón importa menos por lo que destruyó que por lo que costó, un costo del que, como se verá, el sistema nunca pudo reponerse.
El segundo punto de quiebre fue una lectura equivocada, no un golpe externo. En octubre de 2023, el régimen firmó en Barbados un compromiso electoral que calculó poder administrar desde adentro al mantener inhabilitada a María Corina Machado, mientras dejaba avanzar una fachada de apertura negociada a través de sus propios agentes adaptativos, dentro de una oposición dialoguista y manejable. Lo que el régimen no calculó fue que habilitar una primaria opositora, por limitada que fuera, abriría una puerta que ya no podría volver a cerrar del todo.
El 22 de octubre de 2023, más de dos millones y medio de venezolanos votaron en esa primaria, autogestionada, sin el respaldo del aparato electoral del Estado y bajo amenaza constante de anulación. Machado arrasó con el 92,3 % de los votos. No era solamente una victoria interna, se trataba de la prueba, documentada y pública, de una soberanía popular movilizable que ningún cálculo de agentes adaptativos podía sustituir. El régimen, que había apostado a administrar una salida negociada a través de interlocutores manejables, se encontró de pronto con una líder que no había salido de esa negociación, sino del voto directo de la calle, y que además había dejado atrás, sin discusión posible, a los sectores de la propia oposición más dispuestos a convivir con el poder chavista.
Lo que siguió fue una escalada de improvisaciones defensivas. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, ratificó en enero de 2024 la inhabilitación de Machado. La oposición intentó entonces registrar a Corina Yoris como candidata sustituta; el sistema de inscripción del Consejo Nacional Electoral se cayó, literalmente, en las horas previas al cierre del plazo. Solo tras una prórroga y bajo presión internacional, la coalición opositora logró inscribir, casi como comodín de último minuto, a un exdiplomático de bajo perfil: Edmundo González Urrutia. Todo indica que el cálculo del régimen fue que un candidato sin estructura propia y prácticamente desconocido resultaría fácil de derrotar o, en el peor de los casos, permitiría estrechar la diferencia de votos lo suficiente como para que un fraude fuera menos evidente que frente a Machado. Fue, otra vez, una apuesta de gestión adaptativa. Y otra vez, subestimaron a su adversaria.
Lo que ocurrió después no tiene precedentes en la reciente historia electoral de la región. Machado recorrió el país entero con la fotografía de González en cada acto y, en cuestión de semanas, le transfirió una porción sustancial de su propio capital político. El 28 de julio de 2024, con esa transferencia ya consumada, Venezuela votó. Ya describí antes en este mismo ensayo el simulacro que siguió; la proclamación de Maduro sin actas, la publicación opositora de más del ochenta y cinco por ciento del escrutinio real, la ventaja de más de treinta puntos a favor de González. Lo que quiero subrayar aquí es el efecto que tuvo ese episodio puertas adentro del aparato de poder; por primera vez en dos décadas, la naturaleza tiránica del régimen quedó expuesta con pruebas físicas, digitalizadas y públicas, no con acusaciones difíciles de verificar. Ese tipo de evidencia es corrosiva para cualquier estructura líquida o no, que depende de que sus propios nodos internos sigan creyendo que el valor más importante es permanecer leales.
La respuesta del régimen fue la represión más extensa de su historia reciente. Solo en la primera ola, desatada tras las protestas del 29 de julio de 2024, la llamada Operación Tun Tun dejó más de dos mil cuatrocientos detenidos, y para enero de 2025 la organización Foro Penal contabilizaba 1.697 presos políticos, la cifra más alta del continente en lo que va de siglo. Pero la represión, lejos de restaurar el control, terminó corroyendo la cohesión interna que el poder líquido necesita para funcionar. Empezaron a filtrarse dudas dentro de los cuerpos de seguridad encargados de ejecutarla, y esas dudas se hicieron visibles el 6 de mayo de 2025, cuando una operación de inteligencia, bautizada como Guacamaya, logró sacar de Venezuela a cinco dirigentes de Vente Venezuela que llevaban más de cuatrocientos días asilados en la embajada de Argentina en Caracas, evadiendo la vigilancia de lo que la propia Machado describió como una de las instalaciones más resguardadas del país. Guacamaya no solo liberó a cinco personas: expuso, en los hechos, que el aparato represivo del régimen tenía fisuras que ni sus propios operadores podían sellar.
Siete meses después, el 8 de diciembre de 2025, María Corina Machado, quien llevaba 16 meses en la clandestinidad, salió de Venezuela en una travesía de varios días, disfrazada, por mar y por aire, para llegar a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz que se le había concedido semanas antes. Llegó tarde a su propia ceremonia y con una fractura vertebral producto del viaje. Pero llegó. Y con ella llegó, para el régimen, la confirmación pública de algo que ya intuía y es que la principal amenaza interna a su supervivencia no era un tribunal en Nueva York ni una sanción del Tesoro, sino una mujer que sus propios servicios de inteligencia, con recursos prácticamente ilimitados y un país entero bajo vigilancia, no habían logrado ni capturar ni silenciar.
Esa es la cadena que llega hasta el 3 de enero de 2026. Ninguno de esos puntos de quiebre, por separado, derrumbó al régimen; el sistema absorbió la caída de El Aissami, sobrevivió a Barbados, capeó la primaria, gestionó la sustitución de candidatos, resistió la elección robada y, a través de la represión que le siguió, contuvo lo que podía haber sido una falla catastrófica expresada en una revuelta popular. Pero cada uno consumió una porción del margen de adaptación que había sostenido al poder líquido durante más de una década y, para inicios de 2026, ese margen estaba prácticamente agotado. Sin El Aissami, sin control narrativo sobre la elección, con una cúpula de seguridad fracturada por dudas visibles y con una opositora legitimada convertida, por la vía de un Nobel, en un símbolo imposible de neutralizar. El ataque simultáneo del 3 de enero fue, en ese sentido, menos una causa que un desenlace. La falla catastrófica sincronizada no cayó sobre un sistema intacto, sino sobre uno que ya había perdido, uno por uno, casi todos los amortiguadores que lo habían mantenido líquido. Las dos vías de colapso que esta serie identificó no fueron, en el caso venezolano, alternativas mutuamente excluyentes, sino una secuencia. Primero, la erosión progresiva del margen antifrágil, evento por evento; después, cuando ese margen ya no alcanzaba para absorber un golpe más, la sincronización final que lo remató.
Una valoración de este recorrido me lleva a pensar que, frente a un poder líquido, actuar dentro de las reglas del sistema tiende a la parálisis o, peor todavía, a fortalecer indirectamente al adversario mientras este se adapta a cada nueva presión. Actuar con la velocidad y la concentración de fuerza necesarias para derribarlo exige, de manera hábil y con comprensión de los límites, prescindir de buena parte de esas mismas reglas. La organización Washington Office on Latin America calificó la operación de enero como una violación del derecho internacional y una intervención militar unilateral sin respaldo del Congreso estadounidense, advirtiendo sobre el precedente que sienta para el resto de la región; el propio secretario general de las Naciones Unidas y la Alta Comisionada de Derechos Humanos expresaron una inquietud parecida. Del otro lado, la administración estadounidense la presentó como el cierre de una impunidad de más de dos décadas, lograda con un costo mínimo en vidas y sin una guerra prolongada. Ambas lecturas describen exactamente el mismo hecho. No existe, en este punto de la serie, una interpretación lineal que permita resolver esa tensión a favor de una sola de las dos posturas. Derrotar rápido a un poder líquido obliga, en algún grado, a parecerse a él, al menos en la velocidad y en la disposición a operar fuera de los límites que la propia democracia se había impuesto a sí misma. Ese es el precio y no resulta fácil decirlo de una forma distinta.
Ese precedente, además, no se inscribe en el vacío. La Carta de la Organización de Estados Americanos consagra desde 1948 el principio de no intervención como uno de sus pilares, precisamente como reacción a una larga historia de desembarcos, ocupaciones y gobiernos impuestos por Washington en el continente a lo largo del siglo XX. Ese principio, sin embargo, no impidió la operación de enero, pero sí explica por qué incluso gobiernos que celebraron en privado la salida de Maduro se cuidaron de respaldarla públicamente sin matices. La región entera sabe que el mismo argumento, que no es otro que un Estado capturado por el crimen organizado es demasiado peligroso o líquido para ser contenido por medios ordinarios, puede aplicarse, con distintos grados de verosimilitud, a más de un gobierno vecino. Lo que en Venezuela funcionó como una intervención de última instancia contra un caso extremo podría convertirse, en otras manos y en otras circunstancias, en la justificación de intervenciones bastante menos excepcionales. No lo digo para restarle mérito a lo logrado, sino para subrayar que el dilema que vengo describiendo no se cierra con la salida de Maduro, sino que se traslada, intacto, a la pregunta de qué reglas regirán la próxima vez que alguien invoque este mismo precedente.
En este punto, la historia se torna especialmente instructiva, ni siquiera ese golpe rápido y contundente logró restaurar la solidez que debía devolver. Ocho meses después de la captura de Maduro, Venezuela sigue sin fecha para celebrar elecciones. El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha condicionado los comicios a que el país “esté preparado”, una fórmula que evita comprometerse con un calendario concreto. Desde el 1 de agosto, el chavismo y una fracción de la oposición reconocida por Washington negocian una hoja de ruta para la reconstrucción institucional y, solo al final, las elecciones. María Corina Machado, quien representó la mayor parte del voto documentado en las actas de julio de 2024, no participa en esa negociación. Diosdado Cabello, en cambio, pese a tener una recompensa vigente de veinticinco millones de dólares por los mismos cargos de narcoterrorismo que pesaban sobre Maduro, ha aparecido públicamente en actos de respaldo al gobierno de Rodríguez. Los análisis recientes señalan que la prioridad de Washington en esta etapa no es necesariamente la democratización, sino la tutela que, para la situación de Venezuela, se traduce en mantener cierto control sobre quienes sucedieron a Maduro mientras se atienden intereses energéticos y migratorios más inmediatos. Mientras tanto, el país intenta reconstruirse tras los terremotos de junio, que dejaron más de cinco mil muertos, con una capacidad institucional tan debilitada que buena parte de la respuesta al desastre quedó en manos de las mismas estructuras que condujeron al colapso original.
Nada de esto es una crítica moral a quienes decidieron actuar rápido en enero. Es, más bien, una constatación con la realidad que la solidez institucional no se restaura por decreto, ni siquiera mediante una operación militar exitosa. Se construye lentamente, con los mismos mecanismos; tribunales, elecciones, rendición de cuentas periódica, que resultaron insuficientes para derribar al poder líquido en primer lugar. Aquí la paradoja se cierra sobre sí misma. Lo único capaz de derrotar con rapidez a un adversario líquido es, también, lo único incapaz de reconstruir, con esa misma rapidez, un orden sólido en su lugar.
Esa es, me parece, la lección que deja esta segunda parte de la serie hasta ahora. No existe una fórmula que resuelva de manera limpia el enfrentamiento entre una democracia y un poder líquido, porque las herramientas que definen a una democracia y que se describen en su lentitud deliberada, su apego al procedimiento, su renuencia a concentrar demasiado poder en una sola decisión son las menos eficaces para derrotar a ese tipo de adversario. Una conclusión es que las herramientas que sí logran derrotarlo exigen, aunque sea temporalmente, dejar de comportarse como aquello que se pretende defender.
https://albertoray.substack.com/p/el-dilema-democratico-del-poder-liquido