Al morir el General Juan Vicente Gómez, hubo profundas discusiones sobre la legitimidad del Congreso que estaba vigente para ese momento. Un documento de la época, firmado por Carlos Parisca, de fecha 8 de mayo de 1935, titulado El Congreso debe Disolverse, advertía que era preferible conformarse con el que estaba, que correr el riesgo de no tener ninguno, a los fines de no romper el hilo constitucional y ante la imposibilidad de constituir un nuevo Congreso. Y reconocía Parisca en ese escrito, la urgencia por disolver el Congreso vigente para 1936. No era por asuntos de honradez o idoneidad, sino porque ese Congreso no representaba de manera genuina la voluntad popular.

Por su parte, otro documento de la época, firmado por Ramón Díaz Sánchez el 10 de julio de 1936, expresaba que era preciso que los congresistas volvieran para satisfacer la marcha armónica de la República, a los fines de elegir al nuevo presidente y aprobar una nueva Ley de Presupuesto y una reforma Constitucional. El reconocimiento a aquel Congreso dependió sólo de la voluntad de los propios ciudadanos, como lo advirtió en su momento Ramón Díaz Sánchez. Importante recordar que aquel Congreso se negó a aceptar la propuesta de disolverse.

Lo que interesa destacar es que aquél Congreso, electo bajo el régimen gomecista, tuvo la responsabilidad de aprobar la Constitución de 1936, cuyo contenido puso fin a la continuación del gomecismo, y sentó las bases muy importantes en nuestra historia constitucional. Por ejemplo, en ella se reconoció por primera vez los derechos de carácter social, que más adelante permitió la aprobación de la Ley del Trabajo.

Años más tarde, cuando las Fuerzas Armadas Nacionales asumen el poder absoluto del Estado, con la finalidad de enrumbarlo hacia un Estado Democrático de Derecho, como lo advertía el Acta Constitutiva de la Junta Militar de Gobierno de 1948, reconocía que su labor estaba condicionada a impulsar la reorganización constitucional de los Poderes de la República. Claramente se planteó que el orden jurídico existente en 1948 se mantenía vigente, mientras no fuera contrario a los objetivos perseguidos por la Junta Militar.

En aquél episodio, luego de la caída del régimen de Pérez Jiménez, aquella Constitución de 1953 permitió la elección de un nuevo Congreso de la República, que claramente expresó su compromiso por reformar la Constitución de 1953.

Para aquellos parlamentarios, el compromiso con el país eran los siguientes:

No hacer una reforma provisoria.

Asumir la reforma como urgente, ya que era un problema moral mantener en vigencia la Constitución pérezjimenista;

Asumir como anteproyecto la Constitución de 1947, producto de una Constituyente pero que no tuvo larga vida y seguir el procedimiento de reforma establecido por la Constitución de 1953.[1]

Estos dos hechos históricos, coinciden en el reconocimiento a la Constitución vigente, como hoja de ruta para impulsar los cambios políticos que son necesarios.

Es importante destacar que las reformas constitucionales de 1936 y 1961 no tuvieron como fuente un proceso Constituyente, por el contrario, el proceso político que llevó a su aprobación final y definitiva tiene en sus bases la legalidad de una institución política como el Congreso y en el caso de 1958 la legitimidad de un proceso electoral.

Eso resulta interesante cuando se advierte que la Constitución de 1961, desde 1811, cuando aún no éramos República de Venezuela, es la que más tiempo de vigencia ha tenido a lo largo de nuestra historia Constitucional. A excepción de la Constitución de 1830, las distintas constituyentes a lo largo de nuestra historia no han producido Constituciones sostenibles en el tiempo, tal vez, porque cada una respondía a los intereses de quien las impulsaba.

Desde que se aprobaron de manera inmoral las Leyes del Poder Popular en diciembre de 2010, la Constitución de 1999 empezó a debilitarse, hasta que finalmente quedó derogada, luego de las inconstitucionales sentencias 155 y 156 y más aún, cuando fueron corregidas por exhorto de un Consejo Nacional de Defensa, que carece de toda jerarquía sobre los Poderes Públicos.

Por ello la obscena labor del Poder Judicial de obstaculizar y desconocer las atribuciones de la Asamblea Nacional actual, pues han querido evitar que el Poder Público que detenta la mayor legitimidad posible en estos momentos pueda impulsar constitucionalmente los cambios que el país reclama a través de los mecanismos de control y de nuevos instrumentos legales.

En estos momentos confusos, la Asamblea Nacional sigue jugando un papel fundamental, siendo el deber de todos los venezolanos defenderla y respaldar sus acuerdos políticos, pues ello representa dos formas efectivas y por demás, cívicas de relegitimar su actuación y reivindicar la soberanía popular.

En 1999 permitimos que una Constituyente técnicamente cerrara el Congreso de la República; entonces una inmensa mayoría de venezolanos aceptaron esa medida, porque querían una vía expedita y rápida de resolver los problemas del país.

Más de 3 millones de venezolanos dijeron Sí a la Constituyente, pero más de 6 millones no dijeron “ni pio”. Así se inició el camino de una propuesta fraudulenta y por tanto, engañosa que hoy nos ha traído a estas páginas oscuras de nuestra historia, en la que estamos experimentando una guerra desigual entre un Pueblo sin armas y un Gobierno armado que se le olvidó aquél principio del Pueblo Protagónico y Participativo.

El problema no es cambiar de constitución, el problema inmediato es recuperar la institucionalidad para que desde ellas se inicien los cambios políticos necesarios para reencontrarnos con la democracia en un marco constitucional que permita restaurar el hilo constitucional y desde de allí impulsar las mejoras que son necesarias realizar en materia institucional, económica y de garantías constitucionales.

Son tiempos complicados, duros y violentos, pero no hay otra alternativa que tomar la calle y con la Constitución en la mano, reclamar respeto y buscar en los valores de nuestros ancestros la razón para rescatar a Venezuela.

[1] Suárez Figueroa, Naudy. Punto fijo y otros puntos. Los grandes acuerdos políticos de 1958. Fundación Rómulo Betancourt. 2006. Pág. 65

Artículo escrito para PolitiKa UCAB en mayo 5, 2017