La Mesa de Negociación para la transición política acordó que la agenda fuese: 1) atención a las víctimas del terremoto; 2) fortalecimiento de la democracia; y 3) derechos y garantías políticas. El primer punto es responsabilidad exclusiva de quien detenta el poder, pero el régimen lo incluyó para intentar disponer del oro depositado en Londres. El segundo lo han limitado a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), excluyendo la elección presidencial. El tercero no se ha tocado. Es evidente que los magistrados y rectores de los últimos años no cumplieron con su deber. ¿Qué podemos esperar de los próximos?

¿Es posible elegir magistrados probos? De acuerdo con el artículo 295 de la Constitución, el Comité de Postulaciones “estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley”. La Mesa de Negociación modificó la Ley Orgánica del TSJ —¿es esto legal?— y en su artículo 65 quedó establecido que el Comité de Postulaciones estará integrado por once diputados y doce representantes de otros sectores de la sociedad.

Es importante notar que esos doce representantes de la sociedad son preseleccionados por los citados once diputados y que la aprobación definitiva la realiza la Asamblea Nacional por las dos terceras partes. ¿Cuál Asamblea? No hay motivos para esperar que este Comité haga el trabajo esperado. Tampoco que la Asamblea Nacional —¿cuál?— haga la selección definitiva de los mejores.

Con la elección de un nuevo CNE puede suceder algo similar. Hay que entender que los Rodríguez harán lo posible por no perder el poder.

¿Qué implica que difícilmente se elegirán a los mejores magistrados? Desde luego, esta es una de las consecuencias de que la transición haya comenzado con el garrafal error de dejar en el poder a los hermanos Rodríguez y a Diosdado Cabello. Los venezolanos estamos pagando caro que el presidente Trump haya dado prioridad a los negocios y no a la recuperación de la democracia.

Esta situación no debe desanimarnos. Con un nuevo presidente o presidenta, esos nuevos magistrados no podrán dictar sentencias aberrantes impunemente. Los venezolanos protestaríamos masivamente, sin el temor de ser asesinados o encarcelados. Además, con una nueva Asamblea Nacional, esos magistrados se cuidarían de hacer sus fechorías y existiría la posibilidad de acortar su permanencia y, quizá, hasta de destituirlos por no impartir justicia correctamente.

¿Qué hacer? El objetivo de todos debe ser presionar para que se realice cuanto antes la elección presidencial. Ya la sociedad civil logró ganar, con el liderazgo de María Corina y la candidatura de un ciudadano honorable como Edmundo González. Se demostró que la trampa no está en las máquinas ni en las mesas electorales. Solo la falta de escrúpulos de Elvis Amoroso permitió cambiar el resultado.

Con observadores internacionales que no sean simples acompañantes, sino que estén presentes en todas las etapas del proceso y, sobre todo, en la sala de totalización, les será imposible cambiar el resultado y la Sala Electoral tampoco podría avalar el fraude. Eso sí, debemos tener testigos en todas las mesas y lograr, como en la elección anterior, que las actas que evidencian el resultado estén en nuestro poder.

Desde luego, hay que presionar a Marco Rubio para que exija al régimen realizar la elección presidencial cuanto antes.

Conclusión: El TSJ y el CNE no son tan importantes para la recuperación inicial de la democracia, pero sí para la etapa posterior. Lo vital para los venezolanos es la elección presidencial. El gobierno de Estados Unidos debe convencerse de que está en su mejor interés que haya en Venezuela un gobierno legítimo.

Como había en botica: 

La Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos obtuvo, a precio simbólico de un penique, el derecho a participar en el 35 por ciento de la empresa NABEP. Su propietario, Alejandro Betancourt, está investigado en varios países y tendrá que responder ante la justicia venezolana por el sobreprecio y el fiasco de las plantas de generación eléctrica. Además, esa empresa no tiene capacidad para desarrollar 17 campos petroleros. Los venezolanos rechazamos este acuerdo, 

La crítica sustentada más fuerte a este convenio contranatura la hizo Ricardo Hausmann. También el Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo envió una carta pública a Marco Rubio, y Moisés Naím ha sido igualmente crítico, entre otros.

El presidente Trump miente al afirmar que este adefesio permitirá bajar el precio del combustible y garantizará el suministro de petróleo a su país. La producción petrolera solo aumentará significativamente cuando lleguen empresas con músculo financiero, capacidad tecnológica y recursos humanos capacitados. Pero esas empresas solo acudirán cuando haya un gobierno legítimo. Por lo pronto, exigimos transparencia, percibimos que todo es una burla y es evidente que la situación económica de los venezolanos se ha deteriorado en estos ocho meses del tutelaje. 

¡No más prisioneros políticos ni exiliados!