Hace unos días cuando el ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa Eulogio Del Pino hablaba de uno de los motores para superar la crisis económica se refería a la minería y a la explotación de oro, diamantes y coltán como una de las principales palancas para conseguir recursos rápidos. Debemos estar alertas para evitar que con esta nueva emergencia se profundice el saqueo minero que hace tiempo comenzó en Guayana.
La última vez que en el país se escuchó la expresión “ley de emergencia”, se perdieron 60.000 millones de dólares del tesoro público en manos de las redes corruptas del sector eléctrico público y privado.
La emergencia fue decretada por Hugo Chávez en 2010 para atender las necesidades del sistema eléctrico, derivadas de la falta de mantenimiento e inversión de una década. Una veintena de empresas nacionales e internacionales recibieron contratos millonarios que hasta el día de hoy son secreto de Estado. Aduciendo supuestas cláusulas de confidencialidad, poco se sabe de las condiciones de los mismos y del estado de la ejecución de las obras.
La emergencia eléctrica aportó una parte importante del monto total del asalto perpetrado contra la nación en los últimos trece años que aún está por determinarse, sin embargo, economistas y hasta ex funcionarios del gobierno actual ubican la cifra entre los 250.000 y 350.000 millones de dólares.
Sin duda, el mayor caudal de irregularidades se produjo alrededor del sistema cambiario impuesto por el control de la moneda desde 2003. El saqueo cambiario tuvo dos escenarios principales, el de las importaciones fraudulentas, en su mayoría realizadas con empresas de maletín a través de Cadivi, Sitme, Sicad y Cencoex y el de las transacciones ilegales con bonos de la República a través de la Oficina Nacional del Tesoro, Pdvsa, Bandes, Banfoandes y otras instituciones financieras públicas y privadas, cómplices de la trama.
Entre Cadivi y Cencoex se liquidaron en once años (2003-2014) más de 230 mil millones de dólares destinados a la importación de bienes y servicios, tanto de empresas públicas como privadas. Si el monto de lo defraudado se estima en un 60% a través de empresas de maletín, sobrefacturación e importaciones que no llegaron, el saqueo cambiario, sólo por este concepto, se aproxima a los 140 mil millones de dólares.
En cuanto a la tesorería nacional, se calcula que solo entre el ex tesorero teniente Alejandro Andrade y su sucesora y subordinada la sargento Claudia Díaz Guillén, manejaron más de 7.000 millones de dólares en bonos a espaldas de los mejores intereses de la nación.
Es hora de empezar a sacar las cuentas de la corrupción para recuperar el dinero robado a la nación, como planteamos en las propuestas del libro El Gran Saqueo.
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