El Ensayo sobre privilegios de Emmanuel Sieyes explica que la revolución francesa planteó un combate no solo contra un régimen arbitrario e injusto, sino contra un modelo de sociedad vertebrada por el privilegio. Decía: “Todos los privilegios son, por naturaleza, injustos, odiosos y contradictorios con el fin supremo de toda sociedad política”. El fin del sistema de privilegios es lo que persiguió y logró la Revolución francesa, la instauración de un nuevo sistema de privilegios es lo que ha logrado la venezolana.
Sieyes niega toda justificación del presente por el pasado y, por tanto, reclama como base “fundamental para la articulación del Estado el principio de legalidad”. Se necesita un Estado en el que el gobierno entienda que “está sometido a unas leyes que obligan a todos por igual”. Es ello lo que en verdad garantiza el fin de la arbitrariedad y de los arbitrarios que, amparados en el privilegio del poder sin límite, cometen todo tipo de injusticias, incluidos los que hoy se conocen como crímenes de lesa humanidad.
En esta idea central de la organización del Estado no cabe duda de que el poder fundamental, el que constituye la columna vertebral de su posible categorización como de “derecho y justicia”, no es otro que el Parlamento, porque es este el que, representando la voluntad general en la unión de todas y cada una de las tendencias políticas, ha de hacer las leyes, es decir, las normas que determinan el ámbito de actuación de los otros poderes, entre ellos y de forma esencial, el Ejecutivo y el Judicial, que se caracterizan por ser ejecutores de la ley. El Parlamento ejecuta de forma directa e inmediata la Constitución, el Ejecutivo, Judicial y demás poderes lo hacen respecto de la ley.
Siendo ello así, cuando en Venezuela el Poder Ejecutivo toma para sí la función de dictar las leyes, bajo la distorsión de una figura de excepción como es la emergencia, y cuando el Poder Judicial desarticula a la Asamblea Nacional declarando de forma total y anticipada nulas todas sus actuaciones, hay que reconocer que existe una conspiración del poder en contra de la fuerza de la ley.
La supremacía de la ley se deroga cuando se invierte la importancia de los poderes del Estado y se anula la actividad parlamentaria, y si a ello se une el apoyo de la fuerza militar, que también parece confundir este sistema de prioridades constitucionales, no cabe la menor duda de que lo que se defiende es la implantación de un sistema de privilegios, el de quienes se han apoderado y destruido la institucionalidad hasta convertirla en una mera ilusión.
Los privilegiados desde el poder político, militar y económico que se concentra en uno solo proceden sin el límite objetivo de la norma, desde la arbitrariedad plena y cometiendo injusticias como las del monarca absoluto, quien también concentraba en sus manos todo el poder del Estado y violentaba las garantías de los derechos ciudadanos, como hoy se hace, con método similar a la simple “lettre de cachet” (carta del rey).
“Olvidar la institucionalidad y hacer frente a la dictadura” (diputado Freddy Guevara) es el primer paso cumplido con la declaratoria del abandono del cargo, volver a ella, clamando la inconstitucionalidad de una memoria y cuenta de un presidente pretendidamente destituido por haber sido presentada ante el, sin duda, incompetente el Tribunal Supremo y no la competente Asamblea, es un argumento institucional que confunde.
En este punto, en el que el cargo de presidente ha sido declarado abandonado, la Asamblea en desacato, el Tribunal Supremo usurpando las labores del Parlamento, y la Fuerza Armada Nacional contribuyendo a esta desinstitucionalización desbocada con una postura nada apolítica, es momento de acudir a la idea cuya paternidad también se atribuye a Sieyes, la del poder constituyente, así sea para convocar a la constitución de nuevos poderes que entiendan que el sistema de privilegios quedó en el pasado oscuro de monarquías y dictaduras, y que el principio de legalidad es el parámetro esencial del Estado de Derecho, ese que garantiza a los ciudadanos lo más importante para todo ser humano: la libertad e igualdad ante la ley.
Téngase en cuenta que la loable preocupación de la Iglesia por la falta de medicinas y comida también preocupa al gobierno y por ello el gasto incontrolado y desbocado para suplir los CLAP, porque su sistema de privilegiados depende de que el pueblo, solo aquel que sea necesario para su soporte, y al que también se subyuga, tenga cubiertas sus necesidades elementales, pero la verdadera independencia va unida inexorablemente a la libertad, y esta a la legalidad como principio de organización política del Estado.
La teoría del poder constituyente es hoy muy pertinente, ahora no como una mera consigna revolucionaria que solo ha servido para desinstitucionalizar el país, sino como bandera para el inicio del necesario camino de la reconstrucción de un Estado hoy inexistente, única fórmula de convivencia política pacífica y de desarrollo humano y social
Profesora UCV y Ucab
18 de enero de 2017
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