Durante años, una parte del ecologismo ha presentado la naturaleza como un santuario moral ajeno a la modernidad. Esa visión ha ensanchado la conciencia ambiental, pero también ha perjudicado su salvaguarda al expulsarla de la realidad económica. La etimología invita a una lectura distinta: ecología y economía comparten el lexema griego oikos (entorno o morada); una lo estudia (logos), la otra administra (nomos).

Antagonizar ambas disciplinas es torpeza. La naturaleza necesita protección pública y regulación, pero también capital para conservarse a escala. Requiere movilizar ahorro privado, aseguradoras y fondos de inversión. Bien encauzado, el capitalismo premia a quien conserva y penaliza a quien degrada. Sitúa al capital al servicio del entorno y reconoce a la naturaleza como pilar de nuestra prosperidad material.

En España, esta idea resulta especialmente importante. Nuestro país cuenta con una riquísima biodiversidad: bosques atlánticos y mediterráneos, dehesas, humedales, islas y praderas marinas; más de 85.000 especies catalogadas y 28 millones de hectáreas de bosque. Esa riqueza no es solo ambiental: es base económica. Según el Foro Económico Mundial, más de la mitad del PIB global depende de servicios de la naturaleza (agua, suelos, polinización). En España, turismo, agricultura, pesca y desarrollo rural dependen de ecosistemas sanos.

Por ello, la protección de la naturaleza ha entrado en una nueva fase. Como ocurrió con el clima, la biodiversidad empieza a incorporarse a balances empresariales, gestión de riesgos financieros y decisiones de estrategia. Marcos como el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD, en sus siglas en inglés), herramientas como ENCORE y la directiva europea sobre informes de sostenibilidad corporativa reman en esa dirección. La naturaleza deja de ser un asunto reputacional para convertirse en variable de asignación de capital. Todavía queda camino por recorrer. Las métricas son más complejas que con el CO2: la biodiversidad es local, difícil de estandarizar y verificar. Pero el cambio es inequívoco.

España, sin embargo, sigue tratando la biodiversidad principalmente como un asunto administrativo: reglamentos, subvenciones y gasto público. Todo ello es necesario, pero insuficiente. Los presupuestos son limitados y compiten con otras prioridades. Financiar la conservación sólo con recursos públicos resulta inviable.

España debería liderar esta transformación por dos razones. La primera es interna. Poseemos una enorme riqueza natural, pero también una gran vulnerabilidad: incendios, estrés hídrico, erosión, presión turística y abandono rural. En muchos casos, el problema no es la actividad humana, sino su ausencia. Un monte abandonado arde con más facilidad. Una finca sin rentabilidad se degrada. Un paisaje sin capacidad productiva pierde población y protección activa. En muchos ecosistemas españoles —modelados durante siglos por la ganadería, la dehesa o el olivar—, la conservación exige propietarios, empresas y modelos económicos viables de custodia del territorio.

La segunda razón es exterior. España tiene una posición singular para convertir el capital natural en eje de su política internacional. Su relación con Iberoamérica es una ventaja difícilmente replicable. La región alberga la Amazonia, los Andes, manglares, bosques tropicales y corredores biológicos de enorme valor. España cuenta allí con vínculos culturales, institucionales, empresariales y financieros que ningún otro país europeo iguala.

Además, la banca española tiene una presencia sin parangón, con carteras expuestas a sectores dependientes de servicios ecosistémicos (hidroeléctricas, agroindustria, minería, inmobiliario), una infraestructura crediticia ya desplegada donde la agenda global de la naturaleza necesita inversión para la resiliencia.

Otros países lo han entendido. El Reino Unido ha impulsado su Blue Planet Fund; Francia, el Fonds Français pour l’Environnement Mondial; Noruega, su Iniciativa Internacional de Clima y Bosques (NICFI, por sus siglas en inglés) y el Fondo Amazonia; Países Bajos, el Blue Deal y el Agri3 Fund; Costa Rica, sus pagos por servicios ambientales y su estrategia de ecoturismo.

España tiene los activos naturales, financieros y diplomáticos, pero aún carece de una estrategia articulada que movilice capital privado. El Estado no debe sustituir al mercado, sino crear palancas para que bancos, fondos, aseguradoras y empresas inviertan en proyectos con impacto ambiental verificable.

Para ello, España podría formular una estrategia de diplomacia de la naturaleza que coordine a los ministerios de Exteriores y Transición Ecológica, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Cofides, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el sector privado; dotar un Fondo Español para la Naturaleza, con foco inicial en Iberoamérica y el Mediterráneo, capaz de aportar capital concesional y garantías; hacer que Cofides catalice inversión en restauración de ecosistemas, economía azul y ecoturismo de alto valor, e impulsar canjes de deuda por naturaleza y un Partenariado Iberoamericano por la Naturaleza bajo la Secretaría General Iberoamericana.

La experiencia española en agua, turismo y lucha contra los incendios supone una ventaja comparativa. El sector privado —empresas agroalimentarias, energéticas y turísticas— debe estar ahí, con estándares que garanticen permanencia, trazabilidad y resultados verificables y eviten el ecopostureo.

España debe abandonar la falsa dicotomía entre economía y biodiversidad. Una economía que destruye su base natural es miope; una política ambiental que ignora incentivos económicos no escala. La protección de la naturaleza exige leyes, financiación privada y mercados bien regulados.

El Día Internacional de la Biodiversidad, que se celebra este viernes, no debería ser una fecha para repetir mensajes genéricos. España posee la materia prima —ecosistemas excepcionales, capital relacional iberoamericano, banca internacional y saber técnico— para convertirse en socio articulador global de la naturaleza. Falta convertirla en estrategia.

https://elpais.com/opinion/2026-05-22/la-biodiversidad-es-economia.html