Apreciación de la situación política # 63
La posibilidad de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aplique a nuestro país, más precisamente al régimen, la Carta Democrática por las denuncias de violación a principios democráticos, especialmente de los derechos humanos, que han denunciado diputados de la Asamblea Nacional y otras personalidades venezolanas y extranjeras en diferentes instancias internacionales, ha obligado al jefe del gobierno a emprender giras de “negocios” en alguno países caribeños, miembros de petrocaribe, con la finalidad de asegurar un mínimo de votos en la asamblea general de la OEA, que le evite el trago amargo de ser denunciado por violación a los principios de la referida carta democrática.
Pero no solamente la OEA está interesada en activar este procedimiento, UNASUR y Mercosur, más tardíamente, también se han unido al grupo de organizaciones que están revisando sus convenios y protocolos para activar mecanismos de protección democráticas similares a los de la OEA. La Unión Europea, España, el Vaticano y otros países del viejo continente, también han criticado el comportamiento democrático del régimen en repetidas oportunidades, por lo que la iniciativa de la OEA tiene un respaldo bien fundamentado en el caso de que, definitivamente, se adopte la aplicación de la Carta Democrática y sus medidas de protección.
Pero la aplicación del instrumento puede tener algunos aspectos que se deben considerar para que tenga la eficacia política que se desea. Lo primero, y fundamental, es que la MUD debe advertir al país, y principalmente a los opositores, que su aplicación no implica salir del régimen en el corto plazo, pero abre algunas posibilidades en el mediano plazo si las medidas son las adecuadas y se implementan correctamente. La acción más fuerte es que se separe a Venezuela de la OEA hasta que cumpla con los principios democráticos que se le exijan, pero esa forma de acción pudiera ser contraproducente para el país. No se puede olvidar que el régimen, desde siempre, ha criticado la actuación de la OEA y ha desconocido sistemáticamente sus actuaciones incluyendo las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por lo que no sería de extrañar que el gobierno más bien se alegraría de la separación temporal del organismo y le permitiría actuar más libremente, alegando la cacareada soberanía y, por supuesto, la injerencia del imperio en los asuntos nacionales. Al fin y al cabo, Cuba tiene casi 50 años desde que fue expulsada y ha sobrevivido.
La aplicación de la carta implica que, previamente, la OEA envíe una misión de observadores para evaluar en el terreno la situación como realmente es. Una solicitud de la MUD, al organismo, es que designe una misión electoral que se aboque al cumplimiento del referendo revocatorio tal como está previsto, pero que especialmente limite la presión del régimen sobre el CNE, para que este cumpla con el cronograma previsto. Pero también podría tener otras ventajas para la oposición la presencia de estos observadores, como evaluar la libertad de expresión, la situación de los presos políticos, la propaganda política etc. Expulsar temporalmente a nuestro país de esa organización, impediría estas observaciones, pero peor aún, justificaría al gobierno tomar mayores medidas de control y hasta declarar un verdadero estado de excepción.
30 de mayo 2016