Apreciación de la situación política # 102
La urgencia de conseguir más de 3.000 millones de US$ para cumplir con el pago de la deuda externa a mediados del presente mes, obliga al régimen a negociar con la empresa petrolera rusa ROSNEFT, única dispuesta a conceder esa cantidad, a llegar a un acuerdo de inversión conjunta en la faja petrolífera del Orinoco, donde los rusos exigían tener la mayoría de las acciones en esa nueva asociación, cosa que no es posible de acuerdo a la ley de hidrocarburos vigente. La desesperación para no caer en default y ante la negativa de otras fuentes financieras de otorgar nuevos créditos sin la autorización o visto bueno de la Asamblea Nacional, como también lo exigió la petrolera rusa, hace que el régimen exija a su omnipotente sala constitucional algún artificio jurídico que le permita obviar la ley de hidrocarburos y poder negociar con los rusos sin la aprobación de la AN.
Inmediatamente los excelsos magistrados ponen manos a la obra y aprovechando la altísima posibilidad de que la OEA aplicara la Carta Democrática con el apoyo de la AN, cuestión que los voceros del régimen han distorsionado como una invasión territorial, redactan sendas sentencias para cerrar la AN, mandar a los diputados a su casa, investir al jefe del régimen con poderes extraordinarios, entre ellos, modificar la ley de hidrocarburos, y abrogarse para la sala constitucional las funciones de la AN para evitar, o enfrentar, la posibilidad de conmoción interna en caso de que se produzca la aplicación de la referida carta democrática.
La conmoción no se hizo esperar. Internacionalmente, una vez denunciada por el presidente de la AN, los diferentes países americanos y europeos se manifestaron en contra de las sentencias dictadas, así como, la prensa de los mismos, lo que causó un gran revuelo internacional. Por supuestos, organismos multilaterales como la OEA, cuyo secretario general llamó nuevamente a consulta del Consejo Permanente, la ONU, la Unión Europea, Mercosur, Unasur, etc., manifestaron su rechazo. Por cierto, que los del ALBA, se han hecho los locos.
La conmoción interna la produce, inesperadamente, la Fiscal General, quien en un acto público denunció resueltamente que las sentencias significaban una ruptura constitucional y violaba el concepto de República que nos habíamos dado con la Constitución bolivariana.
El jefe del régimen, ahora conmocionado por las declaraciones de la Fiscal General, más no por el contenido de las sentencias que lo favorecían, argumentando de manera infantil que él no sabía nada, en vez de denunciarla abiertamente y manifestar que no las acataría (lo que lo hubiera sacado del paquete) ordena una reunión de urgencia del Consejo de Defensa Nacional para solucionar lo que él considera un simple impase entre poderes. A medianoche (y sin la presencia del presidente de la AN), como es la costumbre del régimen, anuncian que el impasse fue solucionado y todos felices y contentos, obviando que ese consejo no está facultado para eso y que las referidas sentencias son inapelables. Sin embargo, la Fiscal General no estaba tampoco y hasta ahora no ha manifestado su acuerdo con esa solución.
Otros integrantes del poder moral como el defensor del pueblo y el contralor general, quizás porque aún están conmocionados, aún no han manifestado públicamente se rechazo a las sentencias o que están de acuerdo con la solución del impasse, lo que los vuelve cómplices, al igual que al mandatario, de la ruptura constitucional. En igual condición se encuentra el ministro de la defensa ¿Serán que aún está conmocionado o está buscando una fórmula inefable para fijar su posición?
Lo que si es cierto es que los factores de la oposición democrática deben hilar fino y con mucha inteligencia, para que esta conmoción no se disuelva en la nada y favorezca a la nación, quien es la que continúa pagando tantas tropelías.
@lesterllopezo 03/04/17