Existe una corriente de pensamiento creciente en los foros internacionales de que una condición esencial para salir del subdesarrollo económico y social, es la construcción de una infraestructura jurídica y administrativa para poder lograr un eficaz trabajo del servicio civil y una eficiente solución de las controversias que surjan en la sociedad sin dejar mayores traumas o consecuencias indeseables.

Desde el Banco Mundial hasta los organismos especializados de las Naciones Unidas, han comprendido la importancia de que muchos de los recursos financieros y materiales entregados en forma de asistencia técnica, ayuda humanitaria, intercambio cultural y cooperación internacional en general, se han desperdiciado o perdido, por causas atribuibles a una burocracia ineficaz, corrupta que hace de las normas y los reglamentos un fin para vivir de ellos y no un medio para lograr los fines del Estado en cuestión.

Desde la aparición del concepto de transparencia administrativa en las últimas décadas, un grupo selecto de países se ha vuelto famosos por su capacidad de resolver de manera participativa, transparente y eficiente los desafíos inherentes a la formulación de políticas públicas en cuanto a planeación, ejecución y evaluación de las mismas.

Tal es el caso de Singapur, Nueva Zelanda, Dinamarca, República de Corea (Corea del Sur), entre otros que están adquiriendo una fama legendaria por la facilidad y el bajo coste para realizar una inmensa mayoría de trámites.

Este no es el caso de VENEZUELA, que desde hace mucho tiempo, ha sufrido problemas endémicos de corrupción e ineficiencia administrativa, que hacen sumamente difícil realizar cualquier tipo de trámite administrativo sin que se presenten situaciones de corrupción, siendo esta situación una constante desde los tiempos de Guzmán Blanco solicitando empréstitos para pagar deuda externa, hasta el caso de la perdida de las 160 mil toneladas o más de alimentos que se perdieron por razones sanitarias, aún no aclaradas del todo.

La falta de bases de datos y de estudios especializados para la inmensa mayoría de los temas nacionales, estadales municipales o aún vecinales , es una realidad que afrontan todos los gobernantes de arriba hacia abajo, desde la Administración Central a la descentralizada..

Por ello, se hace indispensable, empezar a discutir este tema con la debida seriedad, libre de prejuicios históricos e ideológicos.

Este es el desafío de las próximas semanas.