En las últimas tres semanas, Venezuela ha sido testigo de un despliegue político y legislativo tan intenso como revelador. Parece que, de repente, el chavismo ha recordado que su función es gobernar. Pero no se trata de una epifanía altruista, sino de una fría y calculada demostración de poder: saben hacerlo, y durante 27 años simplemente decidieron no hacerlo porque no les dio la gana.
El detonante de esta súbita "eficacia" no es un clamor popular, sino la presión geopolítica. Con un entorno internacional volátil y la amenaza constante de un gobierno estadounidense impredecible, el régimen ha cambiado de táctica. De la noche a la mañana, el discurso de persecución a "corruptos" (muchos de ellos antiguos aliados) resuena en los medios oficiales, la brecha cambiaria se reduce estratégicamente y hasta se anuncia con bombo y platillo la llegada de 400.000 vacunas contra el VPH para niñas de 10 años. Esta última, una demanda histórica de organizaciones de la sociedad civil que durante años chocó contra el muro de la indiferencia estatal, ahora se concede como si fuera un logro revolucionario. La ironía es cruel: el cáncer de cuello uterino, segunda causa de muerte en mujeres en Venezuela, pudo haberse prevenido antes, pero el precio de la vacuna —y sobre todo, el precio de la voluntad política— era demasiado alto hasta ahora.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional, ese órgano que tras las elecciones del año pasado pareció sumirse en un letargo profundo, despierta con una agenda legislativa de 29 leyes y ocho códigos. El diputado Jorge Rodríguez anuncia con solemnidad proyectos prioritarios: la Reforma de la Ley de Hidrocarburos (clave para el control de los recursos), la Ley de Aceleración de Trámites Administrativos y la Ley de Protección de Derechos Socioeconómicos. Todo en la primera semana de sesiones. ¿Dónde estuvo esta diligencia cuando el país se desangraba en una crisis humanitaria sin precedentes?
Y luego están las excarcelaciones. Presos políticos —que el oficialismo negó con cinismo durante años, llamándolos "políticos presos" para evadir responsabilidades— ahora recuperan la libertad. Entre ellos, no solo figuras opositoras, sino profesores, defensores de derechos humanos y familiares cuyo único delito fue ser el padre, la madre o el hijo de alguien. Su liberación, presentada como un gesto de magnanimidad, es en realidad la prueba más contundente de que su encarcelamiento fue siempre un instrumento de control, no de justicia.
Este nuevo "momento político" no es un reinicio, sino una confesión. El chavismo demuestra, con una obscenidad pasmosa, que tuvo siempre la capacidad de gobernar para el bienestar de la población, pero eligió no hacerlo. Eligió, en cambio, someter al país a niveles inhumanos de pobreza, colapso sanitario, violencia institucionalizada y diáspora masiva. Eligió destruir la educación, la salud y la economía no por incompetencia, sino por una lógica perversa de dominio: un pueblo en la lucha por la supervivencia tiene menos aliento para exigir derechos.
Ahora, frente a un escenario internacional adverso y con elecciones en el horizonte, el régimen activa su maquinaria para mostrar músculo y proyectar una imagen de normalidad y eficacia. Pero cada avance legislativo, cada vacuna anunciada, cada excarcelación, grita la misma verdad incómoda: esto pudo hacerse antes, y no se hizo.
La pregunta que queda flotando, más allá del cálculo político, es ética: ¿cómo se juzga a un poder que demuestra, con hechos, que durante casi tres décadas prefirió el sufrimiento de su pueblo a soltar las riendas de su control? Este nuevo impulso no es una redención, es la evidencia más cruda de un daño deliberado. Y eso, ni 29 leyes ni 400.000 vacunas podrán borrarlo de la memoria de quienes sobrevivieron al abandono.
El chavismo, en estas tres semanas, nos ha dado la lección más amarga: sí saben gobernar. Y eso hace que los 27 años de devastación sean, si cabe, aún más imperdonables.