Entre 2012 y 2020, el ingreso per cápita venezolano cayó 74 por ciento y las exportaciones petroleras se desplomaron 93 por ciento, un colapso comparable solo en la historia económica contemporánea al de Irak, Kuwait, la República Democrática del Congo y Liberia. Venezuela alcanzó ese nivel de destrucción sin que mediara una guerra del tipo que vivieron en África o en el Medio Oriente; sin embargo, las cifras y la realidad detrás de ellas han sido igualmente devastadoras para millones de venezolanos.
Desde una óptica más amplia, la destrucción de Venezuela va aún más allá. Reducción de la población, pérdida del control territorial y degradación del estado de Derecho. En conjunto, estos tres indicadores demuestran que el Estado venezolano ha dejado de existir como nación viable. El autoritarismo líquido avanzó y se consolidó mientras la república sucumbía. Lo paradójico de todo es que justo debajo del terreno de batalla de este poder líquido se asientan las reservas de petróleo más grandes del planeta.
Hasta ahora, he descrito la estructura de un régimen diseñado para sobrevivir. Me he referido a sus reglas no escritas, a sus agentes adaptativos y a su manera de convertir cada amenaza en oportunidad. ¿Cómo podemos, aunque sea de forma aproximada, sumar lo que esa supervivencia nos ha costado? Antes de cerrar la segunda parte de la serie, voy a intentar cuantificar casi dos décadas del modelo de autoritarismo líquido en Venezuela. Las cuatro reglas descritas en el ensayo anterior (perpetuarse, simular, fragmentar, estabilizar) no son abstracciones. Cada una tiene un precio, y ese precio lo pagamos los venezolanos de la manera más costosa, y no sólo con dinero. Estos largos 27 años también han significado miseria, violencia, represión, abandono, aislamiento y diáspora. La lista es mucho más larga.
En primer lugar, la perpetuidad en el poder tiene un costo demográfico. La Plataforma R4V, liderada por ACNUR, contabilizaba a comienzos de 2026 a 8,7 millones de venezolanos viviendo fuera de su país, más de una cuarta parte de la población que tenía Venezuela antes de que comenzara el éxodo en 2015. Detrás de esa cifra hay un dato que revela la naturaleza de la emigración y que, de alguna manera, ya hemos normalizado, por lo que rara vez se menciona: quienes se han ido no constituyen una muestra aleatoria de la sociedad venezolana, sino, en buena medida, su población más joven y más formada, la que cualquier país necesita retener para reconstruirse el día que pueda hacerlo. Una pregunta que inquieta a quienes planificamos la reconstrucción es quiénes podrían regresar y qué condiciones requerirían para hacerlo.
Otra cifra relevante relacionada con la pérdida de población es el elevadísimo número de muertes violentas que ha sufrido Venezuela en los últimos veinticinco años. Un estimado conservador, reconstruido a partir de los informes anuales del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), sitúa esa cifra en cerca de 370.000, ocurridas en el país entre 1999 y 2024, de las cuales más de 300.000 se habían acumulado ya para 2018, según su director, Roberto Briceño-León. Lo impactante de esta cifra es que la tasa nacional que el propio OVV reportó para 2023, de 26,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, se ubica alrededor de un tercio por encima de la mediana más reciente de América Latina, cercana a 20 por cada cien mil habitantes según InSight Crime, en una región que ya es la más violenta del planeta. Por otro lado, el sesgo de género es todavía más pronunciado de lo que sugiere cualquier promedio regional; en 2023 el 88,4 por ciento de los asesinados y el 98,6 por ciento de los muertos en intervenciones policiales fueron hombres, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 29 años. Un componente adicional en el drama de la violencia en Venezuela es que alrededor de una cuarta parte de esas muertes violentas ha sido clasificada, según los propios informes del OVV, en una categoría denominada “resistencia a la autoridad”, lo que es una forma elegante de señalar que los cuerpos de seguridad del Estado han sido responsables directos de esas muertes, y pone en evidencia la paradoja del poder líquido: aquellos llamados a proteger la vida de los ciudadanos se convirtieron en una de las principales causas de muerte violenta en el país.
En segunda posición está el simulacro institucional; esa separación de poderes que converge siempre hacia el mismo propósito también tiene su factura. Entre 2012 y 2020, el producto interno bruto venezolano se contrajo un 88,5 por ciento, una caída que triplica en severidad la de la Gran Depresión estadounidense y supera la de la guerra civil siria. La producción petrolera, que en 1998 alcanzaba 3,1 millones de barriles diarios, tocó fondo por debajo del medio millón hace apenas unos años; en agosto de 2026 llegaba a 1,2 millones, menos de la mitad de lo que el país producía antes de que empezara este experimento. El salario mínimo venezolano equivalía a 203 dólares en 1999; en abril de 2026 valía 27 centavos y, para septiembre, según cifras oficiales, apenas 15 centavos. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida sitúa a un 82,4 por ciento de los hogares venezolanos en condiciones de pobreza, de los cuales la mitad en pobreza extrema, y calcula que el 96,3 por ciento vive en pobreza de ingresos. Ninguna institución simulada detuvo esta caída porque ninguna tuvo el propósito de hacerlo. Más aún, la razón de su existencia era asegurar que estas condiciones ocurrieran. Un indicador adicional del simulacro institucional radica en la proliferación de leyes y tribunales, muchos orientados a la represión y el control de la sociedad, mientras Venezuela descendía aceleradamente en los rankings internacionales de estado de derecho. El World Justice Project ubica a Venezuela en el puesto 143 de 143 en 2025. El país ha ocupado el último lugar del ranking desde el 2015, incluso por debajo de Sudán, Myanmar, la República del Congo, Nicaragua y Haití.
Otra paradoja del simulacro emerge con la reciente recuperación de la producción petrolera. Según cifras oficiales, la producción creció un 29,9 por ciento en los primeros ocho meses de 2026, impulsada por los acuerdos energéticos con Estados Unidos. Pero ese repunte convivió, en esos mismos meses, con el deterioro del salario mínimo de 27 a 15 centavos de dólar. El barril que sube y el salario que baja no son dos historias distintas, son la misma historia contada desde los dos extremos de la red; uno que factura en dólares y otro que cobra en bolívares que pierden valor cada semana. La moneda venezolana es quizás la evidencia más tangible de la simulación del sistema económico del país.
El tercer elemento es la fragmentación estratégica. Se trata del balance y contrabalance que premian la utilidad estructural por encima de la lealtad. Este sistema de equilibrio dinámico permitió que la red sobreviviera pese a la magnitud del saqueo. La iniciativa Inrav estima entre 300.000 y 500.000 millones de dólares el monto robado solo por corrupción durante estas dos décadas, el 90 por ciento proveniente de PDVSA y del sistema cambiario. Transparencia Venezuela, tras rastrear 719 bienes en 21 países entre 2009 y 2026, pudo documentar 3.900 millones de dólares bajo control judicial o administrativo, una fracción que no alcanza ni al dos por ciento de lo presuntamente sustraído. La deuda externa venezolana supera hoy los 230.000 millones de dólares y cerca del 85 por ciento de las reservas de oro del Banco Central ha desaparecido. La estrategia de fragmentación no tenía como propósito dispersar el poder sino protegerlo. Cada nodo cuidó su parte del botín sin que la red, en su conjunto, jamás tuviera que rendir cuentas del total.
El cuarto eslabón es el equilibrio del caos controlado. Su ejemplo más literal lo describí en el ensayo anterior, relacionado con el terremoto del 24 de junio, que pone de manifiesto la capacidad adaptativa de la red frente a lo imprevisible. Más de 6.500 personas murieron y los daños se estiman en unos 6.700 millones de dólares, según evaluaciones de la firma de ingeniería Miyamoto International, en un país cuya infraestructura llevaba dos décadas sin mantenimiento significativo. Zygmunt Bauman describió la modernidad líquida como un sistema que traslada el riesgo de las instituciones al individuo, y en Venezuela ese traslado ocurrió incluso frente a un fenómeno que ningún gobierno pudo provocar ni evitar: fueron los hogares más pobres, los mismos que ya cargaban con el 96,3 por ciento de pobreza de ingresos, quienes habitaban las estructuras más vulnerables de La Guaira. El caos no distribuye sus costos de manera equitativa. Los concentra exactamente donde el modelo ya había concentrado la precariedad.
Sumadas, estas cuatro facturas dibujan una desproporción que ninguna de las cuatro reglas, por sí sola, explica. Casi nueve millones de personas desplazadas. Una economía casi un 90 % más pequeña que hace una década. Cientos de miles de millones de dólares sustraídos, de los que apenas se ha recuperado una fracción testimonial. Miles de muertos en un desastre natural que una infraestructura mínimamente mantenida habría podido mitigar. Ninguna de estas cifras, por sí sola ni en conjunto, derribó al modelo. Moisés Naím ha escrito extensamente sobre cómo los Estados capturados por redes criminales convierten su propia fragilidad en garantía de supervivencia, y Venezuela, ocho meses después de perder a su líder de la forma más abrupta posible, sigue demostrando exactamente eso.
Lo que estos números confirman no es que el sistema haya fallado, sino lo contrario. Un régimen diseñado únicamente para perpetuarse, simular, fragmentar y estabilizar nunca tuvo como propósito minimizar el costo humano de su propia supervivencia. Ese costo, medido en millones de personas, en puntos de PIB, en dólares jamás recuperados y en vidas perdidas bajo los escombros, fue simplemente el precio que la red decidió que otros pagarían. Diecinueve años después de aquel referéndum de diciembre de 2007, la cuenta sigue abierta, y nadie con autoridad real para cerrarla se ha ofrecido todavía a pagarla.