La nota de prensa semanal

En los tiempos transcurridos recientemente los venezolanos hemos visto que eso de que somos dueños de nuestro destino político no pasa de ser una consigna, por no llamarla mentira y no precisamente piadosa. Los que nos regimos por las reglas contenidas en el “librito”, aunque pensemos que ellas han debido ser mejoradas casi desde que se aprobó su nueva versión, somos testigos de cómo, quienes no tienen la autoridad legal para ello pero si los cargos, la han venido distorsionando para que en la práctica resulte todo lo contrario a lo que dice su letra.

Buena prueba de ello son las recientes actuaciones del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia que desconocen o interpretan normas y leyes, inclusive la suprema, plegándose al ejecutivo en su intención de mantener posiciones que han sido incapaces de desempeñar con tino y que nos han conducido a la peor de las crisis de nuestra historia reciente.

Ante tal situación, los demócratas de este país y en general la población venezolana, hemos consolidando la certeza de que no existe intención ni capacidad de rectificación en el gobierno actual, por lo que se ha solicitado con total apego a la constitución, la puesta en marcha del proceso que estamos seguros conducirá a la revocación del presidente en funciones, convencidos que este es uno de los caminos que no obstante su pertinencia legal tendrá, como de hecho ha sido, que enfrentar todo tipo de dificultades entre las cuales las menores son las formales.

¿Nos sorprenden las mismas? No, por supuesto que no; para vergüenza nacional, funcionarios actuando como militantes de intereses oscuros, han torcido normas y procedimientos en el sentido de sus mentes, obstaculizando en lugar de facilitar lo que les es obligante.

A estas alturas el Referendo Revocatorio Presidencial marcha más lento que lo previsto, sometido a retardos procedimentales y a las amenazas de quienes desde el gobierno sienten que con decisiones de muy dudoso valor legal podrán evitar el rechazo de más del 90% de los ciudadanos, ya consolidado como sentimiento abrumadoramente mayoritario.

Al mismo tiempo, la obligación constitucional de cambio de gobiernos y poderes legislativos estadales que ya ha debido anunciarse sigue sin ser implementada, manteniéndola como moneda de cambio que pudiese ser atractiva ante la posibilidad cierta de que significará otra derrota aplastante para la gestión gobernante.

Que ello esté ocurriendo ya no es ni siquiera novedoso; los que detentan el poder se aferran al mismo con la desesperación que les produce el haber desperdiciado una oportunidad de servir al país, que a algunos les traerá consecuencias políticas difíciles de remontar y a otros, los más escandalosos, el tener que enfrentar procesos judiciales que no estarán bajo su control y que les acarrearan prisión y perdida de bienes materiales mal habidos.

Lo que si nos sorprende y reclamamos firmemente, es que conociendo a lo que nos enfrentamos, las máximas instancias de dirección partidista de la oposición, lejos de coordinar un accionar conjunto muestran públicamente y entendemos que en privado con mayor crudeza, en discursos y particularmente en actuaciones, sus diferencias en cuanto al mecanismo de lucha a aplicar y los objetivos de la misma, lo que sería saludable en momentos democráticos, pero que ante regímenes autoritarios se ha demostrado universalmente inoperante para el reemplazo de los causantes de las crisis que han enfrentado otros países.

Nos preocupa que al escoger una ruta de actuación, se siembre en los venezolanos la idea del “ahora sí”, que ha conducido y puede seguir conduciéndonos a frustraciones que se traducen casi de inmediato en parálisis y depresión colectiva que son cada vez más difíciles de superar.

En Aragua en Red convencidos que en situaciones difíciles es preferible decirle a la gente la verdad, al menos la que percibimos como tal en un determinado momento, sentimos la obligación de ratificar públicamente lo siguiente:

No vivimos bajo un régimen democrático, por lo tanto, esperar del ejecutivo y de “sus” poderes respuestas apegadas al derecho es una ilusión infundada.

La aplicación del Referendo Revocatorio Presidencial está justificada suficientemente y no existe ninguna razón para que este no se realice antes del fin del 2016, por lo que seguir exigiéndolo es obligación de todos.

Las Elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos deben ser convocadas y realizadas en este año 2016; insistir en ello es parte importante de la lucha por la recuperación de la democracia.

El traslado a 2017 de una, de la otra o de ambas posibilidades, así como el que ninguna de las mencionadas sea permitida por el ejecutivo y sus poderes consortes, tiene un significado político importante que deberá tener una respuesta unitaria convincente si se llegase a cualquiera de ellas.

Si realmente queremos no solo ganar las elecciones estadales, sino que los electos representen las opiniones de todos, es recomendable conceptualmente, así lo ratificamos, y sería de gran utilidad movilizadora electoral, que la selección de los candidatos de la Unidad Democrática sea lograda mediante la consulta directa a través de un proceso de Primarias, a los que constituimos las bases de dicha unidad.

La realización de las mencionadas Primarias debe adelantarse en un clima de respeto absoluto entre candidatos y seguidores, con contraste de propuestas y el compromiso de que los resultados serán respetados, dando así paso a gestiones unitarias basadas en programas de acción previamente acordados. Asumir el organizarlas y ejecutarlas bajo responsabilidad propia no debe atemorizarnos.

Como demócratas convencidos manifestamos nuestro respaldo al diálogo como forma de hacer política, el cual en ningún caso debe incluir la cesión de derechos constitucionales y tener como objetivo principal la instauración de un gobierno de unidad nacional que se comprometa a restablecer la institucionalidad y acometer las medidas que ya han debido ser puestas en práctica desde hace mucho tiempo, revirtiendo la militarización de la función pública y alejado de cualquier salida abrupta e ilegal que pudiese ser promovida desde sectores castrenses.

A pesar de que creemos y defendemos que los procesos constitucionales señalados deben ser cumplidos, advertimos sobre la posibilidad de que los mismos sean trastocados, de manera consensuada o no, para darle una salida expedita a la profunda crisis nacional, lo que abre riesgos que no convienen a país, riesgos que serían exclusiva responsabilidad del Ejecutivo Nacional y de las Rectoras del CNE. Ante esa eventualidad demandamos la estricta observancia de las leyes y la absoluta garantía para los Derechos Humanos de todos los venezolanos.

En momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo, el Revocatorio Presidencial y las Elecciones Estadales con candidatos seleccionados por Primarias sigue siendo la Ruta Democrática 2016 de Aragua en Red.

29 de julio de 2016