En 2020, el crecimiento de cerca de un cuarto de los niños menores de cinco años del mundo se vio retrasado por desnutrición crónica. Ser más bajo de lo que corresponde a una edad determinada, como efecto de problemas de nutrición, puede causar daños físicos y cognitivos irreversibles y aumentar el riesgo de fallecer por infecciones comunes.

Para mejorar las vidas de estos niños no se necesita producir más alimentos. La actual producción mundial de cereales, alrededor de 2,8 mil millones de toneladas, contiene suficientes calorías como para alimentar entre 11 y 14 mil millones de personas, mucho más que la población mundial actual. Sin embargo, menos de la mitad de estos nutrientes terminan alimentando a los seres humanos: el resto se destina a forraje para animales o se quema como combustible. Por ejemplo, casi cada galón (3,8 litros) de gasolina en los Estados Unidos contiene un 10% de etanol de maíz.

Demasiado pobres como para afectar los precios de los cereales en los mercados globales, quienes sufren de hambrunas crónicas son invisibles en lo económico. Para evitar los devastadores y duraderos efectos de la desnutrición sobre la salud, proponemos un innovador mecanismo de financiación que atraiga inversionistas de impacto y asegure una alimentación adecuada los niños que no reciben suficientes nutrientes.

En 2019, dos economistas del Banco Mundial, Emanuela Galasso y el ya fallecido Adam Wagstaff, llegaron a la conclusión de que el retraso del crecimiento infantil reduce la productividad económica de los adultos, estimando una pérdida de ingreso per cápita de entre 5% y 7% en los países en desarrollo. Y esa cifra no refleja los millones de menores con retraso en el crecimiento que fallecen siendo jóvenes.

Además, Galasso y Wagstaff realizaron un análisis de coste-beneficio aplicando diez intervenciones nutricionales probadas en 34 países que representan en su conjunto un 90% de los niños del mundo con retraso del crecimiento. Según sus estimaciones, los beneficios compensarían los costes en una proporción de al menos cinco a uno, y la tasa de retorno anual sería del 12%.

Ante resultados así de positivos, los inversionistas podrían decidir la adquisición de bonos de impacto para el desarrollo, centrados en acabar con el retraso del crecimiento infantil en países de bajos ingresos. La idea tras este tipo de instrumento financiero, en el cual los inversionistas financian programas de desarrollo y reciben retornos solo si se logran los resultados previamente acordados, es “generar retornos financieros acompañados de un impacto social y ambiental positivo y medible”.

El Mecanismo de Financiamiento de Emergencia para Casos de Pandemia (MFEP) del Banco Mundial ha intentado un objetivo similar, aunque para prestar fondos de emergencia a los países más pobres en caso de una pandemia. Los inversionistas adquirieron bonos asegurados en 2017, y los ingresos se habían de pagar a los países en desarrollo para contener brotes de enfermedades infecciosas. El Banco cerró este mecanismo en abril de 2021, entre críticas de que era demasiado generoso con los inversionistas y demasiado estricto y lento en los pagos a los gobiernos. De todos modos, una evaluación independiente de la Escuela de Economía de Londres concluyó que “con las reformas adecuadas”, el MFEP tenía un “gran potencial” de contener pandemias con respuestas tempranas y eficaces.

Mientras que la alta proporción entre coste y beneficio de las intervenciones nutricionales probadas constituye una atractiva lógica para el desarrollo de bonos de impacto, un modelo de financiación privada o de colaboración público-privada podría evitar los errores del MFEP y superar la corrupción gubernamental e individual, los engorrosos trámites burocráticos y la inestabilidad política.

Los retornos de las inversiones en bonos de intervenciones nutricionales estarían ligados a los beneficios económicos proyectados de los programas. Después de todo, su eficacia debería mejorar la productividad y ampliar la base tributaria en el país participante. Por ejemplo, los gobiernos deberían establecer contratos con los emisores de bonos para crear y operar programas de prevención del retraso del crecimiento y, luego, ir elevando gradualmente los pagos a estos emisores por sus intervenciones nutricionales a medida que se materialicen los beneficios económicos esperados.

De los distintos modelos posibles de bonos para el “crecimiento infantil”, la mayoría de estos serían emitidos de manera conjunta por una entidad matriz en el mundo desarrollado y su filial del país local. Juntas, diseñarían el programa en consulta con el gobierno del país participante y expertos reconocidos en nutrición infantil, intervenciones en terreno y evaluación de datos.

Tras recibir los fondos invertidos, la entidad matriz los canalizaría libres de impuestos a la filial, para entonces implementar las intervenciones nutricionales junto al gobierno, lo que podría implicar la compra a productores o mercados locales y la entrega a mujeres embarazadas y niños pobres con problemas de nutrición. El uso indebido se podría reducir si los alimentos se suministran, al menos en parte, fuera del hogar mediante programas de cuidados infantiles monitoreados.

Según los términos del contrato con la matriz y la filial (que serían públicos), los pagos al gobierno serían en moneda dura. Los intereses se irían pagando con un “fondo de amortización” hasta que el gobierno comience a ver resultados. También tendría derecho a asumir el control del programa en cualquier momento, a cambio de prepagar los bonos.

El modelo más simple ofrecería pagos fijos de los intereses y el capital principal, respaldados por pagos contractuales fijos. Y los inversionistas con un mayor apetito de riesgo podrían preferir que los gobiernos premien las mejoras mayores a lo esperado en la nutrición infantil y los ingresos tributarios correspondientes con pagos contractuales más cuantiosos, generando mayores pagos a los tenedores de bonos. Por supuesto, si las mejoras son menores a lo esperado, los pagos serían más bajos.

De utilizarse este instrumento, sería importante diseñar los derechos de pago bien y de manera temprana. Puesto que los mercados emergentes tienen un largo historial de crisis de deuda y que los gobiernos tienden a pagar primero a las instituciones de financiación del desarrollo (IFD), los inversionistas querrán que estos bonos estén a la par en términos de derechos de pago con las deudas de los gobiernos con las IFD. Puede que además insistan en que el contrato esté vinculado a una obligación gubernamental con una IFD, una garantía por parte de una IFD para los bonos, o un acuerdo de compra con una IFD, en que esta adquiera los bonos a sus tenedores en caso de impago de la deuda.

Los bonos de intervenciones nutricionales son un innovador vehículo financiero que promete poner comida en las mesas, prevenir el retraso del crecimiento infantil y dar altos retornos a los inversionistas. Si se estructuran adecuadamente, pueden convertirse en potentes catalizadores del crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los más pobres del planeta.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

14 de julio 2023

Project Syndicate

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