Todo gobierno democrático, obviamente electo en elecciones libres y aceptadas plenamente por sus conciudadanos, inicia su mandato con la legitimidad jurídica y constitucional que el evento electoral previo le otorga y por el periodo de tiempo establecido por la constitución y las leyes respectivas. Estos son principios fundamentales de la democracia y la responsabilidad del nuevo gobierno es hacerlos cumplir de tal manera que el principio de la alternabilidad democrática se cumpla.

Normalmente, luego de un periodo de tiempo indeterminado los gobiernos mantienen su popularidad en función de la eficacia con que cumplan con sus programas de gobierno o pierden, paulatinamente, el fervor popular si se muestran incapaces de lograr las promesas ofrecidas. Al final del periodo constitucional unas nuevas elecciones determinaran la permanencia del mismo o su derrota electoral frente a una corriente opositora que haya generado mejores expectativas para la población en general.

En las democracias consolidadas si el gobierno se muestra incapaz de cumplir sus promesas y comienza a desgastarse tan severamente que la población lo rechaza abrumadoramente, el gobierno adelanta las elecciones o renuncia al mismo con el fin de que se produzca un relevo del mandatario responsable de la conducción del gobierno. Ejemplo de esto lo hemos visto en países como los Estados Unidos y en muchos países europeos con regímenes parlamentarios como los casos de España e Inglaterra y anteriormente con Italia. Los motivos principales de estos acortamientos de períodos constitucionales tienen que ver con rechazos masivos al gobernante por distintas índoles: corrupción, escándalos cometidos por el presidente dentro del ámbito de las buenas costumbres, llamar a consultas donde son derrotadas sus propuestas o por deterioro marcado de la calidad de vida de sus ciudadanos, etc., etc., o lo que es lo mismo por pérdida de su legitimidad de origen, es decir las mayorías que lo eligieron ahora los rechaza.

En otras palabras, el problema de la legitimidad no tiene que ver solamente con que se hayan ganado de buena lid unos comicios electorales, sino también con el desempeño del gobierno en el ejercicio de sus funciones. Esto es así porque ningún país, o sus ciudadanos, están obligados a seguir con un gobierno ineficaz que afecte su calidad de vida o los estándares de convivencia que existían antes de asumir el gobierno en cuestión.

En nuestro país, no solamente el presente gobierno llegó al poder con fallas de legitimidad de origen desde sus inicios, sino que ha deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos a niveles que nadie se atrevía a predecir razonablemente, con el agravante de que no muestra ninguna intención de tomar las medidas adecuadas para intentar corregir los errores que ellos mismos han generado y nos han conducido a la crisis sin precedentes en la que estamos sumergidos, aún así, pretenden continuar por un periodo de seis años más.

Conviene entonces, al nuevo presidente de la AN y su equipo insistir, en su discurso, en este tipo de ilegitimidad que es la que realmente afecta a la sociedad en general para lograr la fuerza necesaria para el cambio político deseado. Ya lo decía el Libertador en el Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819:

“El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”.

Es evidente que el régimen bolivariano está muy lejos de alcanzar estas metas.

@lesterllopezo 15/01/19