Durante los últimos años se ha producido una tendencia a la privatización de la industria petrolera de algunos países en vías de desarrollo, que tradicionalmente han mantenido este sector en manos del Estado. Es el caso de México, que inició en el año 2013 un proceso de apertura de su industria a la inversión privada. Saudi Aramco, la empresa petrolera estatal de Arabia Saudita, está realizando los trámites para cotizar en la bolsa de valores el 5% del valor de la empresa. En este contexto, la industria petrolera venezolana está atravesando por un proceso similar desde hace varios años, en la forma de asociaciones de PDVSA con empresas foráneas. Sin embargo, mientras la privatización en otros países, como México, se asume sin dobleces, dicho proceso ingresa en el discurso chavista de contrabando, pues lo que se le presenta a las bases para su movilización es un discurso anticapitalista, antiimperialista y estatizador. En la huida hacia adelante que he emprendido el chavismo oficialista desde hace varios meses, es probable que este último discurso se imponga, conduciendo a la industria petrolera a un descalabro mayor del que enfrenta actualmente.
Las empresas públicas petroleras, como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y PDVSA, se han convertido en gigantescos e ineficientes monstruos burocráticos que, en las condiciones actuales del mercado petrolero, han demostrado ser inviables. En consecuencia, han emprendido reformas que se han traducido en un proceso de privatización, el cual ha asumido diversas modalidades. En el caso de PEMEX, el gobierno mexicano aprobó una reforma energética en el año 2013 que abrió la industria petrolera a la inversión privada, lo que dio fin a 75 años de un monopolio encabezado por la empresa estatal. Esta apertura se ha llevado a cabo mediante un proceso de subasta de campos de petróleo y gas ubicados en tierra firme y en el golfo de México. El proceso de privatización no ha sido fácil pues los bajos precios del petróleo han influido, en primer lugar en el resultado económico de PEMEX, la cual en los primeros 9 meses del año 2015 obtuvo los peores resultados de su historia, acumulando pérdidas por veinte mil millones de dólares, el doble de todo el año anterior. En segundo lugar, los deprimidos precios han minado el entusiasmo de las empresas a la hora de participar en el proceso de subasta abierto por el gobierno. Sin embargo, el proceso ha venido avanzando y en las diversas subastas se han asignados campos a empresas mexicanas, estadounidenses, canadienses y holandesas.
Otra modalidad de privatización ha sido la asumida por Arabia Saudita, al privatizar una proporción del valor total de la empresa estatal mediante la emisión de acciones. Saudi Aramco, la empresa estatal, tiene un valor de mercado de dos billones de dólares y está haciendo los trámites para emitir acciones por un valor de 100.000 millones de dólares equivalente al 5% del valor de la empresa. En este momento, según el programa CNN Dinero, la compañía estatal está evaluando en qué mercado hacer las emisiones de acciones, si en el de Nueva York, Londres o el de Tokio, pues las regulaciones de cada uno de ellos es diferente. Ello implica que la compañía estatal debe iniciar un proceso de reorganización interna para ajustarse a las exigencias de los reguladores estadounidenses, que parece ser la primera opción de la compañía, por las posibilidades de acceso al financiamiento que posee dicho mercado. Esta reorganización supone que la empresa debe ser transparente, es decir, suministrar la información requerida a fin de que los potenciales accionistas tengan acceso a información confiable y actualizada sobre la situación económica de la empresa, los niveles de producción, costos, el nivel de endeudamiento, por citar algunos de los aspectos cruciales.
En el contexto enunciado, PDVSA ha estado implementando una política de abrirse a la inversión privada en los últimos años, a través de asociaciones estratégicas con empresas privadas foráneas. Este esquema de asociaciones está sustentado en el artículo 303 de la constitución del año 1999, que le confiere al Estado la explotación de la industria petrolera, pero que crea una excepción que permite la asociación de PDVSA con capitales privados. Debido al colapso de la producción llevada a cabo por PDVSA con sus recursos propios, la producción venezolana ha quedado progresivamente en manos de las empresas mixtas petroleras (EMP), las cuales aportan en la actualidad la mitad de la producción petrolera venezolana. PDVSA está prácticamente quebrada y no tiene flujo de caja (flujo de efectivo) para financiar las operaciones de mantenimiento de los taladros, mientras que las empresas privadas aportan el financiamiento requerido para la expansión de la producción aportada por las EMP.
La privatización en la forma de asociaciones con el capital extranjero entra en el discurso chavista por la trastienda, como un contrabando, de la mano de la gerencia de PDVSA presidida por Eulogio Del Pino. Paralelamente a este discurso, se desarrolla otro anticapitalista, antiimperialista y estatizador que se utiliza para movilizar a las bases. Este último es el defendido por sectores del chavismo que plantean la estatización total de la industria petrolera y presionan por revertir la política llevada a cabo por Del Pino. En la huida hacia adelante que ha emprendido el chavismo oficialista desde hace varios meses, es probable que estos sectores impongan su discurso, en la constituyente en curso, lo cual sería un suicidio para la empresa y llevaría a la industria petrolera venezolana a una situación más calamitosa que la que enfrenta actualmente.
Profesor UCV
Nota: la información sobre PEMEX fue tomada de la prensa digital, en particular de un reportaje del diario El País. La referente a Saudi Aramco proviene de una edición reciente del programa CNN Dinero. La información sobre PDVSA se origina en dos entrevistas realizada al experto petrolero Francisco Monaldi que detallamos en artículo previo (ver: Rodríguez Rojas. J. E. 2017. La Constituyente, una agenda llena de incertidumbre. Dígalo Ahí Digital, n°8, julio 25, 2017) )