RESUMEN EJECUTIVO
La situación en Venezuela sigue siendo caótica, la crisis humanitaria continúa a pesar de los intentos que hace el Estado venezolano para tratar de normalizar la situación, mostrando una imagen irreal de bonanza y prosperidad al mundo, cuando la pobreza alcanza el 81,5% de la población que no tiene para cubrir la canasta básica, y el 53,3% vive en la pobreza extrema, sin poder adquirir los alimentos básicos según IIES-UCAB. El informe «Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2022» elaborado por agencias de Naciones Unidas, reveló que cerca de 6,5 millones de personas padecen hambre en Venezuela y que el 4,1% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición aguda, siendo una de las formas más críticas de malnutrición en la primera infancia.
Mientras tanto, en Caracas y en otras ciudades se observa una burbuja ostentosa y vulgar, con zonas llenas de restaurantes de lujo, bodegones, boutiques y centros nocturnos, vehículos costosos y deportivos, autos y camionetas último modelo blindadas que llegan en flotas, sobre todo para uso gubernamental y de los altos jerarcas de la FF.AA. Esto no compagina con la pobreza que se refleja en los cordones de miseria en barrios y otras ciudades del interior del país, donde la gente vive con la ausencia total o parcial del Estado, en abandono, sin seguridad, haciendo largas colas para adquirir varios litros de gasolina, con barrios y municipios a los que escasamente llega la luz, el agua, el gas para cocinar, donde los hospitales no tienen insumos para atender a la gente y se les exige llevar los medicamentos o material sanitario básicos para ser atendidos, son cientos las personas que deambulan por las calles con hambre, sin trabajo, sobre todo niños y jóvenes abandonados y personas de la tercera edad.
El éxodo masivo continua. Según la Plataforma Regional de Coordinación Interegencial, para noviembre de 2022, ya había más de 7,1 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo, de los cuales, al menos el 84,9% se habían establecido o estaban en tránsito en 17 países de América Latina y del Caribe.
Según el comisionado de la OEA para la crisis migratoria David Smolansky, 50 mil personas salen mensualmente de Venezuela, aproximadamente 1.700 venezolanos huyen diariamente del país. Y se van, por la falta de servicios públicos, por la inseguridad, por la falta de servicios médicos, por la crisis económica, por la persecución política.
Los grupos subversivos como las FARC, el ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL), y otros movimientos paramilitares, incluyendo sindicatos y colectivos, se han hecho dueños de territorios en el interior del país, donde predomina el secuestro, los enfrentamientos entre ellos o con organismos de seguridad, ocasionando el desplazamiento forzoso de poblaciones enteras, trata de personas, reclutamiento de niños y jóvenes, demostrando así la complicidad por un lado y la incapacidad por el otro del Estado venezolano, de no tener control territorial ni intención real de poner orden. En las zonas mineras, el Estado ha logrado desplazar a los pequeños mineros y pueblos indígenas, para controlar a su antojo la producción y distribución, y ha entregado el tema de la seguridad al DGCIM y FF.AA. además de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN.
Estos «guardianes» se lucran de forma inimaginable con la «vacuna» que cobran en la zona, de donde sacan en maletas oro o dinero en efectivo que se reparten desvergonzadamente dentro de las distintas cadenas de mando del régimen. Lo peor, la indiscriminada destrucción de las Tierras Ancestrales de los estados Bolívar y Amazonas, uno de los pulmones más grandes del mundo, devastado por la explotación, que incluso ha llegado a la cima de los tepuyes, las formaciones montañosas más antiguas del planeta. Además de CASLA, otras organizaciones no gubernamentales dedicadas a documentar lo que está ocurriendo en esta zona, como SOS Orinoco y FundaRedes, han denunciado la presencia activa de oficiales o funcionarios rusos e iraníes en dicho territorio minero, cuyo propósito es lucrarse de las riquezas aprovechando la apertura que el régimen les ha dado sin control. Según la organización Transparencia Venezuela, entre el 70% y el 90% del oro venezolano sale ilegalmente del país en operaciones que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial.
El Instituto CASLA documentó, en el período que comprende este informe anual (a saber, enero del 2022 a enero del 2023) 19 incidencias nuevas, donde las víctimas fueron sometidas a crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, en el marco de la represión sistemática que las autoridades del Estado venezolano ejecutan por motivos políticos. Los organismos de seguridad involucrados fueron la DGCIM y el SEBIN, con la participación de oficiales de Alto Rango de la FF.AA. en la entrega de oficiales subalternos al organismo de inteligencia militar sin orden de aprehensión, y de otros organismos de seguridad como el FAES y la PNB.
En al menos 2 incidencias, las víctimas narraron cómo estaban siendo torturadas con otras personas, sometidas a las mismas torturas al mismo tiempo o por turnos, en una de ellas, un total de 25 personas, civiles, sin importar la edad y su condición física y en la otra, un total de 9 oficiales miembros de la FF.NN. En 3 incidencias, las víctimas reflejaron haber sido llevadas a los distintos centros de detención o centros de torturas clandestinas con otras personas, pero sin conocer la cifra exacta por estar encapuchados.
En el Capítulo 3, describiremos los distintos métodos documentados de las torturas físicas, psicológicas y blancas, así como la violencia sexual y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Víctimas que fueron sometidas a extremos de dolor inimaginables para el ser humano, y víctimas que aún continúan encarceladas sometidas diariamente a torturas psicológicas y torturas blancas que buscan desquiciarlos y desequilibrarlos y llevarlos incluso al punto de querer atentar contra su vida.
Torturas como el desprendimiento de uñas de las manos y pies, la extracción con alicates o ruptura de piezas dentales, cortaduras en las plantas de los pies con navajas, descargas eléctricas mientras la víctima permanecía acostada o sentada en esterillas u objetos metálicos, atados de pies y manos, luego de ser continuamente mojados; azotes con látigos, correas o cables de electricidad; ahogamiento en pozos de agua natural o en pipotes de almacenamiento; fracturas en el rostro por golpes con armas o patadas para provocar heridas permanentes, personas que fueron arrastradas desnudas por bosques y/o lanzadas varias veces por precipicios llenos de arbustos cortantes estando encapuchados y atados de pies y manos, colgamiento por los brazos atados a la espalda para electrocutarlos, asfixiarlos, azotarlos y golpearlos con palos, varas o puños; víctimas que fueron atadas de pies y manos a arbustos o columnas por horas o días recibiendo distintos tipos de torturas físicas y psicológicas; simulación de ejecución o sometidos a la ruleta rusa, o amenazados con cortarles dedos, manos o piernas con una sierra que podían escuchar cerca de ellos en pleno funcionamiento mientras permanecían atados a un objeto fijo y encapuchados, víctimas que fueron orinadas por los funcionarios mientras eran torturados, fueron varios de los métodos de tortura física que documentamos en este periodos.
Al menos en 6 incidencias de distintas épocas, las víctimas narraron como personas, agentes o funcionarios extranjeros intervinieron en sus torturas, bien sea dando órdenes o ejecutándose. En 4 de ellas, las víctimas identificaron a personas con acento colombiano, a quienes la DGCIM entregaba por tiempo determinado simulando una venta de rehenes. En una incidencia, la víctima reconoció entre los funcionarios captores, a personas con acento colombiano y cubano, y en 3 incidencias las víctimas involucran directamente a agentes cubanos. Podríamos pensar, luego de analizar la narrativa de las víctimas y los métodos de tortura utilizados, que personas de grupos subversivos colombianos tuvieron involucrados en las torturas de las primeras horas o días de las personas detenidas por la DGCIM.
El Instituto CASLA obtuvo con exclusividad y confidencialidad el «Manual de operaciones especiales de la DGCIM» o «la Constitución», tal y como se refieren a dicho manual los funcionarios y oficiales pertenecientes a ese organismo de Inteligencia, e hicimos referencia a su aplicabilidad directa en la inducción, conducción y ejecución de crímenes de lesa humanidad.
Reproducimos los puntos de interés para la mejor comprensión de cómo se ejecuta en Venezuela, la planificación de la represión y persecución sistemática, uno de los principales temas de interés del Instituto, ya que el régimen venezolano niega dicha planificación y sistematización, y es uno de sus principales argumentos ante la Corte Penal Internacional.
El manual expone claramente, cómo la sociedad civil y los miembros de la FF.NN. son «el enemigo interno a vencer», ese del que tanto hablaba Hugo Chávez y cómo, a través de esta consideración, se ha instalado un sistema de Inteligencia y Contrainteligencia para espiar a todos los ciudadanos y oficiales de la FF.AA. e incluso a los mismos funcionarios de cuerpos de seguridad de los que sospechan, a familiares, amigos y conocidos.
Para el Instituto, el punto más importante de este manual, el de mayor interés para la determinación de las responsabilidades en la comisión de crímenes con competencia de la CPI, está comprendido en el Capítulo 2, Letra A denominado «Niveles de aprobación de las principales medidas operativas que rigen a la DGCIM», que como él mismo título indica, describe como se reparte el Gobierno la responsabilidad de la persecución, acusación y encarcelamiento de sus víctimas, personalizando los distintos niveles según la importancia, rango y características de las personas, teniendo el «privilegio» del Primer Nivel, el mismo Presidente y Comandante en Jefe de las FF.AA, Nicolás Maduro Moros.
Además, reproducimos como planifican el control de los ciudadanos a través de la implementación de una estructura de espías y acusadores que lo vigilan día a día, para tratar de controlar el malestar social o cualquier indicio de disidencia que genere protestas colectivas, como cualquier persona o actividad realizada puede ser sospechosa y considerada peligrosa para los intereses de la revolución, y como hacen viral la intimidación a través del miedo, la amenaza, el encarcelamiento y la tortura, el sometimiento para la sobrevivencia del día a día, o el exilio forzado, y como son reclutados civiles y militares a través de distintos mecanismos, para ejecutar esta función.
CONCLUSIÓN
La persecución sistemática contra la población civil que protesta, que denuncia, que informa sobre lo que sucede en ese país sudamericano continua. No hubo un sector activo, incluyendo partidos políticos, parlamentarios, movimientos universitarios, organizaciones no gubernamentales y defensores de DD.HH. medios de comunicación y sus trabajadores, que no fueran perseguidos, intimidados, encarcelados, censurados o cerrados.
En este informe reflejamos cómo funciona la cadena represiva y su planificación, desde el más alto responsable, el mismo presidente y comandante en jefe de la FF.AA, y cómo se implementa y se ejecutan los planes de represión, intimidación, acoso y vigilancia, donde todos los Altos Responsables de los Poderes del Estado están implicados, especialmente el Poder Judicial y sus instituciones.
Mientras la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúa recibiendo denuncias y haciendo su propia investigación interna de los crímenes de su competencia, al menos desde febrero del 2014, y pide a la Sala de Jueces de Asuntos Preliminares que le permitan continuar con la investigación pública, el gobierno venezolano continúa afanosamente cometiendo los mismos crímenes y en el caso de la tortura aplicada a nuevos casos del 2022 y a los presos políticos que mantiene detenidos en los organismos de inteligencia, continúan utilizando sistemáticamente la tortura psicológica y la tortura blanca, además de renovar o remodelar celdas de torturas para castigar a los detenidos por motivos políticos, y mantener decenas de centros clandestinos donde las victimas pasan los primeros momentos de su detención. La aplicación de esta clase de torturas en la DGCIM, provocó al menos dos intentos de suicidios entre los detenidos, ataques de pánico y de ansiedad, depresión y angustia que se reflejan en la situación física y mental de quienes se encuentran enterrados en los 3 sótanos en Boleíta, Caracas, tal y como lo reflejamos en el contenido de este informe.
El retardo procesal de casos emblemáticos de presos políticos continúa siendo utilizado para castigar a los oponentes; la detención preventiva pasa a ser una condena anticipada de personas que tienen entre 3 y 7 años detenidos sin que se cumpla el debido proceso y sin que se haya respetado su derecho a la defensa, ni haya habido sentencia.
El gobierno venezolano tiene protegidos a los altos y medios responsables de los crímenes denunciados ante la CPI. Vicepresidentes, ministros, directores de organismos de seguridad e inteligencia, siguen en sus puestos o fueron cambiados a otros cargos, varios fueron ascendidos y condecorados, pero ninguno ha sido puesto a la orden de la Justicia y mucho menos se le ha abierto una investigación. Hemos tenido conocimiento de cómo fiscales que llevaban casos reconocidos, como asesinato de manifestantes, por ejemplo, fueron obligados a cambiar resultados de las pesquisas, varios fueron destituidos o investigados, incluso acusados penalmente, por orden directa del fiscal general de la República, Tarek William Saab.
Mal puede el fiscal dirigir investigaciones serias e imparciales, al contrario, tratará siempre de encubrir su responsabilidad directa y a todos sus compañeros del partido PSUV del cual es militante, además de la estructura represiva del cual es un alto responsable.
Es evidente, que al gobierno de Nicolas Maduro Moro, no le interesa que la Corte Penal Internacional avance, al contrario, busca aplazarlo, tratando de obstruir la investigación, pues la estructura represiva la encabeza el mismo, tal y como queda demostrado en el Manual de Operaciones del DGCIM que ha llegado a nuestras manos, así como el mismo Reglamento Orgánico del DGCIM, la Constitución venezolana en su artículo 6 que le otorga el cargo Militar de Comandante en Jefe y máxima autoridad jerárquica de la FF.AA, así como la propia ley orgánica de dichas fuerzas.
Nuestra recomendación está dirigida directamente a la Sala de Jueces de la Corte Penal Internacional y al Fiscal Jefe Karim Khan, para que el proceso de investigación se reanude y avance, puedan identificar a los altos responsables de la planificación y ejecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano en el marco de la represión sistemática que por motivos políticos ejecutan contra la población y realicen las acciones que sean necesarias para asegurar su enjuiciamiento y las víctimas y sus familias puedan conseguir justicia y reparación.
Este informe (que se inserta como archivo adjunto) fue enviado al momento de su publicación, 14 de febrero de 2023, a la Corte Penal Internacional, como respaldo de las denuncias hechas por el Instituto Casla ante esta instancia jurisdiccional.