El 10 de mayo del año 2016, la Asamblea Nacional denuncia la ruptura orden constitucional y democrático en Venezuela, como consecuencia de la violación a las normas constitucionales por parte del poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. La denuncia se hace a través del Acuerdo exhortando al cumplimiento de la Constitución y sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para la preservación de la Paz y ante el cambio democrático en Venezuela.

En ese Acuerdo, la Asamblea Nacional dirige un mensaje a varios actores del Poder Público Nacional que, un año después, se convierten en referencias útiles para valorar el rol de esos actores institucionales y políticos en la preservación de la Paz y de la Democracia en Venezuela:

-En un primer lugar, el Parlamento instó al Ejecutivo Nacional a que removiera los obstáculos que en ese momento impedían el diálogo y pretendía reducirlo a una herramienta propagandística. Además, la Asamblea reclama la actitud del gobierno de pretender mantenerse en el poder a costa de la paz del país. También le exigió al Presidente respetar irrestrictamente el mandato de cambio democrático y constitucional expresado el 6 de diciembre de 2015 y no utilizar a los demás Poderes Públicos para impedir u obstaculizar las acciones que adelante constitucionalmente esta Asamblea Nacional para revolver la crisis económica y para solucionar los problemas de gobernabilidad que aquejan al país.

-Un segundo mensaje fue dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, al que le exigió ser intérprete estricto del texto constitucional, a no incurrir en abusos en el ejercicio de la función jurisdiccional y a garantizar la independencia del Poder Judicial.

-El tercer mensaje fue dirigido al Consejo Nacional Electoral, al que exigieron la obligación de generar condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política de los venezolanos y se le exhortó a actuar de manera imparcial en todos procesos electorales.

-Por último, un cuarto mensaje fue dirigido a la Defensoría del Pueblo, recordándole su responsabilidad de velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos políticos.

En ese Acuerdo la Asamblea Nacional propuso una Agenda de propuestas a través de las cuales se podría garantizar la paz del país, recordándole al Ejecutivo Nacional su responsabilidad de conducir el gobierno. Esa Agenda fue:

Derogar el Decreto 2.309 de 2de mayo de 2016, que tiene que ver con la restricción a la Asamblea Nacional de aprobar votos de censura a los Ministros.

Activar los mecanismos de liberación de los presos políticos.

Aceptar la ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicamentos.

Abanador el discurso de la ofensa y el odio.

Construir una agenda común con todos los sectores del país para la producción nacional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la reivindicación de los derechos humanos.

A un año de aquel Acuerdo, claramente la conducta de estos actores del Poder Público Nacional mencionados previamente se aparta de la responsabilidad de garantizar la paz de la nación.

Luego, un 13 de octubre, a través del Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución, la Asamblea Nacional declaró desconocer la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las Sentencias del TSJ cuando ésta sean contrarias a los valores, principios, garantías democráticas y lesionen los derechos fundamentales.

La Asamblea Nacional destacó, en ese documento, que la supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo, ni ante la tergiversada interpretación de sus normas por parte de la Sala Constitucional.

En ese mismo texto, se dirige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y le exhorta a garantizar el ejercicio de los derechos políticos y el respeto de la voluntad del electorado, en particular en el caso del referendo revocatorio, elecciones regionales y en consecuencia les invitó a que coadyuvaran en el restablecimiento del Estado de Derecho.

Unos días después, el 23 de octubre de 2016, declararon formalmente la ruptura del orden constitucional en el Acuerdo para la restitución del orden constitucional de Venezuela y en ese texto extendió una nueva invitación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se abstuviera a ejecutar acto o a tomar alguna decisión que fuera contraria a la Constitución.

Así se llega al 13 de diciembre de 2016, cuando se aprueba un nuevo Acuerdo mediante el cual se declara la responsabilidad política del presidente de la República por la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de los derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación.

La crisis se vino agravando. El Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral han venido ignorando la ruptura del orden constitucional, profundizando la crisis a tal punto que en otro Acuerdo, en ocasión al 19 de abril, se habla de la ejecución de golpe de estado continuado.

La conducta del Ejecutivo de contribuir con la ruptura del orden constitucional y no cooperar con la búsqueda de soluciones a los problemas básicos, también fue reclamado el 13 d enero de 2017 por la Conferencia Episcopal Venezolana reclama en su Exhortación Pastoral: Jesucristo, luz y camino, del 13 de enero 2017, cuando expresamente responsabilizan al gobierno del resultado decepcionante e infructuoso del diálogo promovido en el 2016, principalmente por no haber atendido a los acuerdos alcanzados en la reunión del 30 de octubre del año señalado.

Consciente de los desafíos que supone la restitución del orden constitucional la Asamblea Nacional se declaró en otro Acuerdo de fecha 25 de octubre 2016, en Sesión Permanente de Consulta Popular, por medio de la plenaria de la Asamblea Nacional, de sus Comisiones, tanto en la sede del Parlamento como en las comunidades, a los fines de determinar junto al pueblo, en asambleas de ciudadanos, movilizaciones y otras formas de deliberaciones y manifestaciones públicas, las decisiones que deben adoptarse ante la ruptura constitucional.

En la Exhortación Pastoral: Jesucristo, luz y camino para Venezuela, la Conferencia Episcopal destaca que el Pueblo clama por un cambio profundo de la orientación política del país que sea producto de la decisión del pueblo soberano: o el Socialismo del Siglo XXI, ausente de la Constitución, o el sistema democrático establecido en la Constitución.

El Pueblo no quiere una Constituyente, dice la Conferencia Episcopal al responder la invitación de Elías Jaua a una reunión a los fines de consulta sobre la constituyente, lo que realmente quiere es que se solucionen los problemas mas urgentes y esenciales de los venezolanos.

La Conferencia Episcopal ha sido constante y directa al advertir en varios documentos públicos que el Gobierno, lejos de buscar restituir el orden constitucional, lo que busca es imponer un sistema totalitario, militarista, policial, violento y represor, que ha originado los males que hoy afectan al país.

El supuesto diálogo para lograr la paz de la Nación que busca el gobierno, utilizando a tal fin la Constituyente, claramente es un engaño y una farsa, a lo largo de un año, ha demostrado con mucha claridad que su intención no es otra que buscar los medios para mantenerse en el poder. En conclusión, entre la ilegitimidad y la inconstitucionalidad navega el debate y el desarrollo del proceso constituyente.

26 de mayo de 2017