¿Qué modelo de servicio policial quiere el venezolano? En el año 2008, un Decreto Presidencial impuso un nuevo modelo policial en Venezuela que luego fue ratificado a través de la Ley Orgánica del Servicio y del Cuerpo de Policía Nacional, aprobada a finales del 2009 por la Asamblea Nacional.

El Decreto Ley de 2008 justificó la creación de ese nuevo modelo policial en el resultado de encuestas, estudios de victimización, así como en las propias demandas de los ciudadanos y particularmente, como consecuencia de los cambios políticos, sociales y económicos que se imponían desde el gobierno nacional.

Esa misma exposición de motivos señaló que el objetivo del nuevo modelo policial, era garantizar el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos en materia de seguridad, pero también, destacó expresamente, que el mismo fue diseñado con la finalidad de proteger a los ciudadanos de las amenazas, riesgos y hechos que atentan contra la integridad física y/o bienes de cada uno de ellos.

Han pasado 8 años desde que se impuso el nuevo modelo policial y una valoración del mismo, tomando como referencia aquellos objetivos y fines previstos en el Decreto del 2008, ponen en evidencia el fracaso del modelo policial vigente.

Muchos vecinos recuerdan aquellos tiempos de descentralización, cuando bajo el modelo de la Constitución de 1961, la policía de Chacao, la policía del estado Zulia, por citar dos ejemplos, eran referencia obligada en materia de seguridad ciudadana y en políticas de descentralización.

No hay ponencia, foro o taller de seguridad ciudadana que no rescate aquella experiencia, pero a medida que el tiempo va pasando, la misma termina siendo un cuento de historia pasada y no una experiencia real y reciente, que funcionó.

La diferencia cualitativa entre aquél modelo descentralizado y el modelo policial vigente, reivindica sin lugar a dudas, la descentralización como política pública en materia de seguridad ciudadana, siempre y cuando los municipios y estados tengan las capacidades técnicas y financieras para prestar el servicio de policía a sus ciudadanos.

Hay una necesidad sentida de reformar el modelo policial venezolano. La Asamblea Nacional, ejerciendo su función legislativa, responde a esa necesidad con un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio y Cuerpo de Policía Nacional, que por su contenido, se convierte, al ser aprobada, en una herramienta jurídica útil en la tarea de enfrentar la inseguridad desbordada de estos tiempos.

La exposición de motivos de ese proyecto de reforma, afirma que con su contenido busca enfrentar y atender las deficiencias que hoy existen en el modelo policial y que hacen imposible que los funcionarios policiales logren cumplir a plenitud con el deber de proteger a los ciudadanos, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales.

Asimismo, el texto de esa exposición de motivos, reconoce expresamente el impacto negativo de este modelo policial en la descentralización y el menoscabo de las competencias constitucionales que sobre la seguridad ciudadana le son atribuidas particularmente a los Municipios.

Uno de los aportes que hace esta propuesta de reforma, precisamente tiene que ver con el reconocimiento de los gobiernos municipales y estadales como actores reales y efectivos en seguridad ciudadana, facilitando así la recuperación de importantes niveles de autonomía, que se habían perdido, lo que favorecería enormemente a una mejor gestión pública en esta materia.

Un segundo aporte, importante de destacar, representa el rescate y la ratificación de la naturaleza “apolítica” del servicio y de la función policial. Otro aporte, muy significativo, es la garantía del principio de pluralidad en la participación ciudadana en materia de seguridad ciudadana. En este sentido, la norma facilita la tarea de reconstruir la confianza entre los ciudadanos y sus cuerpos policiales, garantizando la inclusión del ciudadano en materia de seguridad ciudadana.

La reforma adecúa el modelo a los principios constitucionales de libre participación y libre asociación, pero quedó corta en este sentido, pues tal vez pudo haber profundizado en los mecanismos y formas de participación, o bien, pudo haber exhortado a estados y municipios a legislar en esta materia de participación ciudadana en seguridad ciudadana a través de sus propios instrumentos jurídicos.

Un cuarto aporte, representa un paso cualitativo importante, pues plantea de manera clara, la sustitución de un modelo policial, con alta dosis de control político a otro de cooperación entre los distintos cuerpos policiales, bajo lineamientos que garantizan niveles adecuados de autonomía; esa sustitución se expresa con el cambio del término “órgano rector” por “órgano coordinador” cuando se refiere a la máxima autoridad en materia de seguridad ciudadana.

Estos cuatro aportes mencionados, son algunos de los cambios previstos en el proyecto de reforma a la Ley que regula el sistema de policía nacional, el cual, abre una importante oportunidad para abordar de manera más efectiva la problemática de la inseguridad desbordada en Venezuela. Ese aporte de la Asamblea Nacional, reclama por un mayor acompañamiento de los ciudadanos en la labor de impulsar su discusión, su futura sanción y de velar porque el gobierno reconozca su constitucionalidad y proceda a promulgarla.

https://politikaucab.net/2016/05/27/la-seguridad-ciudadana-en-el-debate-...