Editorial

De forma extemporánea y sin sentido legal y práctico, la sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia que intenta dejar sin efecto a la elección primaria de la oposición, hecho que se consumó el 22 de octubre pasado.

El cronograma de estos comicios fue de conocimiento público e incluyó una solicitud de apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral de parte de la Comisión Nacional de Primaria, por lo que emitir una medida cautelar para un proceso que ya concluyó con la proclamación de la candidata vencedora, luce descabellado.

Solo es explicable la medida tras la sorpresa que se llevó el régimen con el nivel de participación y lo que vemos pareciera más bien un intento desesperado por controlar los daños que le ha ocasionado el nuevo y sólido liderazgo que los comicios han evidenciado.

La verdad es que la sentencia no se puede entender en el marco de la ley, sino en los terrenos movedizos de la política electoral, asumiendo el régimen el riesgo de que los EEUU den marcha atrás en la flexibilización de las sanciones económicas contra la industria petrolera venezolana. 

Hay que alertar entonces sobre la posibilidad de que se concrete el escenario de Nicaragua, esto es, que se rompa en forma definitiva el acuerdo de garantías y derechos políticos pactados en Barbados y el régimen avance hacia una “elección presidencial” con “candidatos a la carta”, que implicaría la imposibilidad de que se exprese la ciudadanía y por consiguiente se prolonguen las penurias de los venezolanos.