El comentario de la semana
El sufrimiento de las personas para conseguir el tratamiento de sus enfermedades, o las de sus familiares, es ilimitado. Al ir a cualquier farmacia se puede constatar que “no hay” es la respuesta habitual que encuentran las personas al solicitar medicinas, y la cara de preocupación refleja que saben la consecuencia de no tratarse. Es harto conocido que la vida de los enfermos está comprometida sin tratamiento, por producir discapacidades, deteriorar la calidad de la vida y/o la acortarla. Que no se consigan las medicinas y mueran personas es una verdad del tamaño del cielo, una tragedia y un crimen.
Garantizar el acceso a los medicamentos de los ciudadanos es una función vital de los gobiernos en las sociedades modernas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza la vida y el acceso a los medicamentos. En el artículo 2 establece que: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida,…”; el artículo 83 reza: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida…”; mientras que el artículo 84 instituye que: “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, (…) garantizando tratamiento oportuno…”. El derecho a la vida, también está consagrado en pactos internacionales suscritos por las autoridades e incluidos en nuestra Carta Magna.
Según esa ley madre el Poder Ejecutivo es el responsable para que esta garantía se haga realidad, es decir, el gobierno nacional; la tarea de hacer que ese derecho humano se cumpla, es de la Defensoría del Pueblo; mientras que los que deben investigar, demostrar que se incumple y acusar a los violadores del incumplimiento de tal deber es la Fiscalía y en última instancia quien debe sancionar a los causantes del sufrimiento actual es el Poder Judicial.
Pero llama la atención el silencio y la inacción de las personas que detentan esos cargos ante una situación pública, notoria y noticiosa, tan grave que resulta criminal. Peor aún, el nuevo Ministro de Salud afirmó ante las cámaras de televisión que no había escases de medicinas, y por lo tanto no se requiere ayuda humanitaria. Hay que ser ciego e inhumano para hacer tal afirmación.
En el caso del Defensor del Pueblo, Aragua En Red acudió hace un año a la delegación en nuestra entidad federal y solicitó formalmente, por escrito, que se activara por lo alarmante de la escasez. Nada ha ocurrido. Acudiremos nuevamente ante esta institución del Estado que tiene el deber de obligar al ejecutivo de garantizar el derecho humano más preciado, nada más y nada menos que la vida.