Las demandas de los productores agrícolas por mejores precios para las materias primas que producen no afectan a los consumidores de los países ricos, debido al bajo peso de los alimentos en el presupuesto familiar. Los consumidores, inclusive, se solidarizan con las luchas de los productores por mayores precios y beneficios para su actividad. No sucede lo mismo en los países donde la mayoría de los consumidores son pobres ya que los alimentos representan una elevada proporción del costo de la vida.

El caso de Venezuela es representativo de un país donde una fracción importante de los consumidores es pobre. A mediados de la década de 1980 el Ministro de Agricultura Felipe Gómez Álvarez implementó una política orientada a impulsar la producción agrícola recurriendo fundamentalmente a una mejora sustantiva de los precios agrícolas. Esta política tuvo un fuerte impacto sobre la producción, en particular de cereales, por lo que se le llamó el periodo del “Milagro Agrícola”. La producción de cereales se expandió principalmente en suelos de mala calidad de las sábanas de Guárico y con la participación de productores de origen urbano, con poca o ninguna experiencia en el negocio agrícola. No es de sorprender que la productividad agrícola disminuyera durante la década mencionada. Los que pagaron los platos rotos del “Milagro Agrícola” de Gómez Álvarez fueron los consumidores urbanos, pues la inflación de alimentos se incrementó, lo que se tradujo en un mayor empobrecimiento de la población.

A partir de la experiencia del “Milagro Agrícola” se llevó a cabo una discusión sobre las políticas agrícolas y los instrumentos implícitos en las mismas considerando no solo los intereses de los productores agrícolas, sino también el impacto en el consumo y en los consumidores urbanos de bajos ingresos. Esta polémica se extendió a lo largo de la década de 1990 cuando Venezuela decidió ingresar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y establecer un acuerdo de libre comercio con su socio natural Colombia.

En este contexto ingresa al Ministerio de Agricultura el profesor de la UCV Arnaldo Badillo como Viceministro. Badillo había cursado estudios de postgrado en el área de Economía Agrícola y por su formación estaba consciente de los beneficios del libre comercio para los consumidores. Desde el inicio de la profesión, los economistas han favorecido el libre comercio por su impacto positivo sobre los consumidores al disminuir el precio de los bienes que consumen. En esta línea de pensamiento se ubicaba Badillo por lo que por razones profesionales, se identificó con los propósitos de la CAN.

En el contexto descrito Badillo se dedicó a la implementación del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) que era el marco regulatorio de la CAN para la fijación de precios agrícolas. Este mecanismo tomaba en cuenta los precios de las materias primas en los países de la CAN como base para el cálculo de los precios agrícolas, adicionalmente a otras variables; el mecanismo establecía así un techo a la discrecionalidad de los funcionarios de cada país y a las aspiraciones de los gremios agrícolas. Ello era inaceptable para los gremios agrícolas venezolanos quienes se habían organizado electoralmente para elegir al gobierno de turno; desde un principio utilizaron su influencia y posicionamiento institucional en el Ministerio de Agricultura para a boicotear el SAFP y la labor del Viceministro Badillo. Era difícil una conciliación ya que la preocupación fundamental de Badillo era no repetir la experiencia del “Milagro Agrícola” y su nefasto impacto en los consumidores, mientras los gremios agrícolas buscaban solo su estrecho interés como grupo, sin ninguna otra consideración.

Las tensiones de Badillo con los gremios agrícola debido a la implementación de el SAFP fueron volcadas en una obra titulada “Políticas de precios agrícolas en Venezuela. Teoría y vivencias” la cual fue editada en un esfuerzo conjunto entre el postgrado de Desarrollo Rural de la UCV y la Fundación de Materiales Educativos Impresos de la Gobernación del Estado Aragua, en el año 2008. En dicha obra Badillo expone una dura crítica a los gremios agrícolas cuyo interés, al buscar el desmantelamiento del SAFP, era retornar a la fijación discrecional de los precios agrícolas, sin importar el impacto que ello tuviera en el consumo y en los consumidores de bajos ingresos.

A juicio de Badillo los esfuerzos de los gremios se orientaban fundamentalmente a incrementar sus beneficios recurriendo al cabildeo político e institucional y no a realizar los esfuerzos necesarios para aumentar la productividad y la eficiencia de sus empresas. Lo que buscaban era reproducir el ineficiente modelo de crecimiento de la producción del “Milagro Agrícola” de la década de 1980.

A finales de la década de 1990 los gremios agrícolas se organizaron de nuevo electoralmente para apoyar la elección del entonces candidato Hugo Chávez. Como en anteriores ocasiones utilizaron su posicionamiento político e institucional para lograr mejoras en los precios agrícolas; labor en la que tuvieron éxito pues los precios de los cereales y en particular de maíz se fijaron por encima de la inflación. Badillo analiza el accionar de los gremios en esta etapa y señala que su éxito era coyuntural por que la orientación de la política general del gobierno bolivariano en materia alimentaria estaba sesgada hacia los consumidores de bajos ingresos, cuyo interés entraba en conflicto con los de los productores.

La predicción de Badillo fue acertada porque la política alimentaria se orientó preferentemente a utilizar las importaciones y los programas sociales alimentarios para beneficiar a los sectores de más bajos ingresos. En este contexto la producción agropecuaria fue afectada negativamente por la competencia de las importaciones. Adicionalmente las acciones gubernamentales en el campo acrecentaron la inseguridad jurídica y la escasez de insumos y repuestos. Si bien durante varios años la producción de maíz logró crecer en este ambiente de dificultades al final zozobró al igual que toda la producción agropecuaria.

La obra del Prof. Arnaldo Badillo refleja la complejidad de la implementación de las políticas agrícolas en Venezuela dadas las interrelaciones con otros países a través de los acuerdos de libre comercio, la influencia de los grupos de interés agrícola y las implicaciones de los incrementos de precios en los consumidores de bajos ingresos.

Venezuela debe restaurar su inserción activa en los acuerdos de libre comercio con nuestros socios naturales como Colombia. En este aspecto los gremios agrícolas han demostrado ser una traba. Por otro lado, si bien es necesario diseñar estímulos para la producción nacional, ello no debe lesionar la capacidad de compra de los consumidores pobres, tema en el que también los gremios agrícolas han evidenciado no ser parte de la solución, sino del problema.

Profesor. Facultad de Agronomía, UCV.