De un tiempo a esta parte el mismísimo presidente Donald J. Trump ha desplegado cierta campaña que propala la idea según la cual la incorporación de nuevos estados a la república del norte es una cuestión de coser y cantar, que solo depende de su suprema voluntad.
Sin embargo, el proceso ha sido mucho más complejo. Además de los requisitos jurídicos, ha dependido de circunstancias políticas, estratégicas e incluso geopolíticas.
En ese sentido, la comparación entre Alaska, Hawái y Puerto Rico constituye probablemente el mejor ejemplo. Los tres fueron territorios estadounidenses durante décadas; sus habitantes eran ciudadanos de Estados Unidos y reclamaban, en mayor o menor medida, una representación política plena. Sin embargo, solo Alaska y Hawái ingresaron a la Unión en 1959, siendo los únicos que no forman parte del territorio contiguo del país. Mientras que Puerto Rico continúa siendo, más de ciento veinte años después de su ocupación, un territorio no incorporado.
La historia de Estados Unidos y Alaska comenzó en 1867, cuando el secretario de Estado William H. Seward negoció con el Imperio ruso la compra del inmenso territorio por 7,2 millones de dólares. En aquel momento muchos ridiculizaron la operación y la bautizaron como Seward’s Folly («la locura de Seward»), convencidos de que el gobierno había adquirido una inmensa extensión de hielo prácticamente inútil.
Pero el tiempo demostró lo contrario. El descubrimiento de oro a finales del siglo XIX, el desarrollo de la minería, la riqueza pesquera y, posteriormente, los enormes yacimientos petroleros transformaron Alaska en uno de los territorios económicamente más prometedores del país.
No obstante, durante décadas permaneció bajo administración federal. Los habitantes elegían únicamente un delegado sin voto en la Cámara de Representantes, no tenían senadores y tampoco participaban en la elección presidencial. Buena parte de las decisiones sobre la explotación de sus recursos naturales continuaban siendo adoptadas desde Washington.
Fue precisamente esa situación la que dio origen al movimiento por la estatalidad. Sus dirigentes sostenían que los habitantes de Alaska cumplían todas las obligaciones de cualquier ciudadano estadounidense —pagaban impuestos, servían en las Fuerzas Armadas y contribuían al desarrollo nacional— pero seguían privados de los mismos derechos políticos que disfrutaban los ciudadanos residentes en los estados. Su argumento recordaba deliberadamente el principio que había inspirado la independencia estadounidense: «No taxation without representation».
Alaska
La Segunda Guerra Mundial cambió radicalmente la posición estratégica de Alaska. La ocupación japonesa de las islas Attu y Kiska en las Aleutianas y, poco después, el inicio de la Guerra Fría, convirtieron al territorio en la primera línea de defensa frente a la Unión Soviética.
Antes incluso de que el Congreso aprobara la estatalidad, los propios habitantes decidieron demostrar que estaban preparados para gobernarse. En 1955 eligieron una Convención Constitucional en Fairbanks que redactó una constitución moderna y ampliamente elogiada por los especialistas. El texto fue sometido a referéndum en 1956 y obtuvo un respaldo cercano al 65 %.
Una vez aprobada la Alaska Statehood Act por el Congreso y promulgada por el presidente Dwight D. Eisenhower en julio de 1958, se celebró un segundo referéndum para aceptar las condiciones previstas por la ley federal. Cerca del 83 % de los votantes apoyó la incorporación como estado. El 3 de enero de 1959 Alaska ingresó oficialmente a la Unión como el cuadragésimo noveno estado.
La Constitución de Estados Unidos (artículo IV, sección 3) atribuye al Legislativo la facultad de admitir nuevos estados, y no exige expresamente un referéndum popular, pero desde finales del siglo XIX se consolidó la práctica política de exigir que el territorio interesado manifestara de forma clara y democrática su voluntad de convertirse en estado. En el caso de Alaska, el Congreso quiso asegurarse de que existía un respaldo inequívoco de la población antes de culminar el proceso.
El ingreso de Hawái a la Unión fue más complejo. Hasta finales del siglo XIX el Reino de Hawái era una monarquía reconocida por las principales potencias del mundo, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Su posición geográfica en el Pacífico y la importancia creciente de las plantaciones azucareras favorecieron la influencia económica de empresarios estadounidenses, quienes terminaron desempeñando un papel decisivo en el derrocamiento de la reina Liliʻuokalani en 1893.
Pieza esencial de la seguridad nacional
Cinco años más tarde, en plena Guerra hispano-estadounidense, Washington decidió anexar el archipiélago. La razón principal era estratégica, controlar Hawái significaba disponer de una base naval indispensable para proyectar el poder estadounidense hacia Asia y el Pacífico.
Sin embargo, la estatalidad tardó casi sesenta años en llegar. El Congreso mantuvo durante décadas numerosas reservas. Algunos legisladores desconfiaban de admitir un territorio cuya población era mayoritariamente asiática o mestiza; otros consideraban excesiva su distancia respecto del territorio continental, mientras que a los jefes de los dos partidos les preocupaba las posibles consecuencias de incorporar nuevos senadores y representantes.
El ataque japonés contra Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, modificó profundamente esas percepciones. Hawái dejó de ser visto como un territorio remoto y pasó a convertirse en una pieza esencial de la seguridad nacional.
En junio de 1959 los habitantes participaron en un referéndum donde alrededor del 94 % respaldó la estatalidad. Apenas dos meses después, el 21 de agosto, Hawái se convirtió en el quincuagésimo estado de la Unión.
Aunque sus trayectorias históricas eran muy distintas, Alaska y Hawái compartían tres elementos fundamentales: existía una clara voluntad mayoritaria de incorporarse como estados, ambos habían desarrollado instituciones políticas plenamente funcionales y el Congreso había alcanzado finalmente un consenso político favorable a su admisión.
Es precisamente aquí donde comienza la singularidad de Puerto Rico.
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La isla pasó a soberanía estadounidense en 1898 como consecuencia del Tratado de París que puso fin a la Guerra hispano-estadounidense. A diferencia de Hawái, que había sido anexado directamente, Puerto Rico fue cedido por España como resultado del conflicto.
En 1917, mediante la Ley Jones-Shafroth, el Congreso otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Desde entonces, millones de ellos han servido en las Fuerzas Armadas, participan plenamente en la vida económica del país y pueden votar en las elecciones federales si fijan su residencia en cualquiera de los cincuenta estados.
Sin embargo, quienes permanecen viviendo en la isla continúan sin elegir senadores, sin representantes con voto en la Cámara y sin participar en la elección presidencial.
¿Por qué? La respuesta se encuentra en una de las doctrinas constitucionales más discutidas de la historia estadounidense, los llamados Casos Insulares (Insular Cases).
Entre 1901 y 1922, la Corte Suprema resolvió una serie de litigios destinados a determinar cuál era el estatus constitucional de los nuevos territorios adquiridos tras la guerra con España.
Fue entonces cuando apareció una categoría jurídica desconocida hasta ese momento, la del territorio no incorporado.
Según esa doctrina, Puerto Rico «pertenece» a Estados Unidos, pero no forma parte plenamente de él para todos los efectos constitucionales. En consecuencia, solo aquellos derechos considerados «fundamentales» se aplican automáticamente, mientras que el resto depende de las decisiones del Congreso.
Esta interpretación rompía con la tradición seguida durante el siglo XIX. Hasta entonces, los territorios estadounidenses eran considerados etapas transitorias hacia la estatalidad. Así había ocurrido con Tennessee, Ohio, Luisiana, Texas, California y prácticamente todos los demás estados incorporados durante la expansión territorial del país.
Puerto Rico quedó situado en una categoría distinta, podía permanecer indefinidamente como territorio sin que existiera obligación constitucional alguna de admitirlo como estado.
La decisión ha sido objeto de fuertes críticas durante décadas. Numerosos juristas consideran que los Casos Insulares reflejaron los prejuicios raciales y coloniales predominantes a comienzos del siglo XX y que establecieron una doctrina difícilmente compatible con los principios modernos de igualdad constitucional. Algunos magistrados contemporáneos de la propia Corte Suprema han pedido expresamente que esa jurisprudencia sea revisada o abandonada.
Realidad política
No obstante, mientras ello no ocurra, el Congreso continúa ejerciendo amplios poderes sobre Puerto Rico en virtud de la denominada Territorial Clause del artículo IV de la Constitución.
A esa diferencia jurídica se añade una realidad política igualmente importante.
Política
Desde 1967 Puerto Rico ha celebrado varios plebiscitos para consultar a sus habitantes sobre el futuro de su estatus político. En los más recientes, 2012, 2017 y 2020, la opción de la estatalidad obtuvo el mayor respaldo entre las alternativas sometidas a consideración popular.
Sin embargo, ninguno de esos plebiscitos tiene carácter vinculante para el Congreso en Washinton.
La Constitución de Estados Unidos concede exclusivamente al Congreso la facultad de admitir nuevos estados, y ninguna consulta popular puede sustituir esa decisión legislativa.
Además, el debate interno puertorriqueño continúa dividido entre quienes apoyan la estatalidad, quienes prefieren mantener alguna modalidad del Estado Libre Asociado y quienes defienden la independencia.
Por otra parte, la incorporación de Puerto Rico implicaría dos nuevos senadores, varios representantes adicionales y votos en el Colegio Electoral, factores que inevitablemente influyen en los cálculos políticos de demócratas y republicanos.
En consecuencia, el caso puertorriqueño ilustra una diferencia esencial respecto de Alaska y Hawái. En estos dos territorios coincidieron simultáneamente una voluntad popular claramente expresada, una preparación institucional suficiente y un acuerdo político en el Congreso para aprobar la admisión. En Puerto Rico, esas tres condiciones nunca han convergido plenamente al mismo tiempo.
La comparación entre los tres casos deja una enseñanza relevante sobre el funcionamiento del federalismo estadounidense. La estatalidad nunca ha sido un derecho automático derivado de la ciudadanía ni de la permanencia como territorio. Ha sido, más bien, el resultado de un complejo equilibrio entre legitimidad democrática, desarrollo institucional, conveniencia estratégica y decisión política del Congreso.
Referencia geográfica
Por ello, mientras Alaska y Hawái culminaron su camino hacia la Unión en 1959, Puerto Rico continúa ocupando una posición singular en el orden constitucional estadounidense; forma parte de Estados Unidos, pero no es uno de sus estados. Sus habitantes son ciudadanos estadounidenses, pero no disfrutan plenamente de todos los derechos políticos asociados a esa ciudadanía. Esa paradoja, nacida hace más de un siglo con los Casos Insulares, sigue siendo uno de los debates constitucionales y políticos más relevantes de la historia contemporánea de Estados Unidos, mucho más importantes que los “posteos” ocasionales que desde su red social hace míster Trump.
@Pedrobenitezf