Los gremios agrícolas, actuando como buscadores de renta, presionan por aumentos de precios agrícolas por encima de la inflación lo cual se traduce en un encarecimiento de los alimentos que, como grupo, constituyen el ítem más importante del gasto de los consumidores pobres, que son la mayoría en un país como Venezuela. Este encarecimiento deteriora el bienestar de los consumidores al limitar su acceso a la canasta alimentaria.
La economía agrícola ha abordado el análisis de las organizaciones gremiales agrícolas como buscadores de renta (rent seekers), desarrollando un área denominada “Economía política de la protección agrícola” que se ha nutrido de diversas fuentes pero siempre considerando la economía como una de las corrientes principales de las cuales ha abrevado. En esta perspectiva, los grupos de interés como los gremios agrícolas, invierten en campañas electorales de políticos que persiguen ser elegidos como miembros del congreso o incluso como presidentes, esperando que en retorno los políticos al ser elegidos ayuden a que el cabildeo de estos grupos, en procura de subsidios o aumentos de precios sea exitoso. En esta labor, las asociaciones agrícolas se posicionan en los ministerios de agricultura y a partir de allí presionan por la aprobación de políticas favorables a sus intereses. Los gremios agrícolas europeos, por ejemplo, han logrado este posicionamiento a nivel regional, nacional y a nivel de los organismos comunitarios en Bruselas. Gracias al cabildeo político y a su posicionamiento institucional han conseguido la aprobación de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) que ha encarnado una política de protección a la agricultura y de subsidio a las exportaciones agrícolas.
Los subsidios y aumentos de precios que obtienen los gremios agrícolas al final son costeados por los consumidores, por medio de impuestos que financian al gobierno y sus políticas o al comprar alimentos. En consecuencia, los economistas califican a estos subsidios o aumentos de precios como transferencias de renta o ingreso de los consumidores a los productores. Las organizaciones gremiales agrícolas, al perseguir la aprobación de estas transferencias son vistas, como ya se ha dicho, como buscadores de renta (rent seekers). En esta perspectiva, las políticas agrícolas son el resultado del proceso de búsquedas de rentas de los gremios. La actividad de búsqueda de rentas de estas organizaciones no tiene un impacto negativo en el bienestar de los consumidores europeos pues el peso de los alimentos en el gasto de una familia es muy bajo. En contraste, en los países en donde la mayoría de los consumidores son pobres como Venezuela, la búsqueda de rentas impacta negativamente el bienestar de los consumidores y limita el acceso de estos a la canasta alimentaria pues el peso de los alimentos es el ítem más importante del gasto familiar.
Los gremios agrícolas venezolanos se organizaron electoralmente como partido y participaron en la campaña electoral de 1999 apoyando al ex presidente Chávez. Al llegar el chavismo al poder, los gremios adquirieron gran influencia, logrando introducir su concepción de la seguridad alimentaria en la Constitución de 1999. También fueron exitosos como buscadores de renta; el maíz el rubro alrededor del cual se nuclearon los buscadores de renta, logró aumentos de precios por encima de la inflación durante casi una década, a pesar de que ello contribuyó a aumentar las presiones inflacionarias, deteriorando el bienestar de los consumidores.
El profesor de la UCV Arnaldo Badillo en su libro “Política de precios agrícolas en Venezuela. Teoría y Vivencias” pronosticó que la luna de miel entre el régimen chavista y los gremios agrícolas en algún momento finiquitaría, pues era una alianza contra natura, dado los intereses contradictorios de la base electoral del chavismo (los consumidores pobres) y los gremios agrícolas como buscadores de renta. Esta cohabitación fue factible gracias a que los ingresos extraordinarios del petróleo hicieron posible una política alimentaria orientada a subsidiar a los consumidores de bajos ingresos a través del programa Mercal, el cual era abastecido fundamentalmente con importaciones realizadas con dólares preferenciales, lo que suponía un subsidio cambiario. Este programa que implicaba un sesgo con el propósito de beneficiar a los consumidores urbanos de bajos recursos, permitía proteger a estos del impacto de las políticas de precios agrícolas que buscaban satisfacer las expectativas de los buscadores de renta.
Sin embargo, al final la predicción del profesor Badillo se hizo realidad, en la medida que los precios petroleros colapsaron y los ingresos extraordinarios se desvanecieron, los programas alimentarios y sociales redujeron su cobertura, y fue imposible proteger a los consumidores de los efectos de los elevados precios que los gremios agrícolas demandaban. La política de control de precios se radicalizó reduciendo los márgenes de beneficio de los productores agrícolas, lo que aunado a la escasez de semillas y otros insumos terminó por generar una debacle en la producción de cereales y en la agricultura en general.
Nota: este escrito es una síntesis parcial de un artículo de mayor alcance del autor que aspira ser publicado en una revista especializada en el área. La versión completa del mismo está disponible en el repositorio institucional saber UCV: www.saber.ucv. El título del artículo es: “Políticas agrícolas, buscadores de renta y seguridad alimentaria en Venezuela en el periodo 1973-2012”.
Profesor UCV