De acuerdo a los borradores de decisiones ejecutivas del Presidente Trump, la vida de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos va a ser muy complicada y muy difícil en los años venideros. Antes de haber comenzado con toda intensidad, la ejecución de las deportaciones ya es vista como una persecución implacable contra los inmigrantes indocumentados a lo largo de Norteamérica. Los mexicanos y centroamericanos, que componen el grueso de los ilegales, ya están empezando a vivir una vida llena de zozobra, han decidido mantenerse con el más bajo perfil posible, salen poco de sus casas, se abstienen de frecuentar los sitios de su vida social, algunos han decidido regresar a sus países o han iniciado una lenta pero constante huida hacia Canadá, país que está dispuesto, por lo menos por ahora, a recibirlos. Hasta el momento, esta actitud temerosa que reclama acciones de ocultamiento y huida está apenas en sus inicios pero se está acelerando día a día porque ya comenzó en la práctica la cacería.

Los agentes de inmigración, que antes se sentían constreñidos y limitados por las órdenes de Obama de solo deportar a aquellos ilegales a los que se les pueda comprobar faltas graves, ahora se sienten libres y confiados porque se les ha devuelto toda la libertad para actuar. Entre esos agentes hay muchos que cumplen su deber pero sin llegar a extremos, pero hay otros, los que uno de ellos calificó de dobermans cuando entramos recientemente en Estados Unidos, que están dispuestos, yo diría que gozosos, a aplicar la ley en todo su rigor y más allá. Recientemente, requisaron a todos los pasajeros de un vuelo de Delta que llegó a New York procedente de San Francisco porque sospechaban que había un ilegal a bordo. Otros agentes se van a las puertas de las iglesias a esperar a los fieles latinos cuando termina el oficio religioso para pedirles los papeles. O salen a la calle a las 4 a. m. a hacer las redadas entre los ilegales que salen temprano a trabajar, pero a veces tocan en las casas y se llevan a los padres esposados en presencia de los hijos. Si alguien cree que estoy exagerando le recomiendo que lea el New York Times del 25 de febrero de 2017. Es una verdadera cacería humana ante la cual los que apoyan a Trump se alegran, mientras que una porción cada vez mayor de la población se horroriza ante el espectáculo.

El fenómeno de la deportación de inmigrantes ilegales no es nuevo. De hecho, Obama deportó a 2.800.000 en sus ocho años de gobierno llegando a 430.000 en el año 2013, tanto así que algunos lo llamaron el presidente deportador. Pero, de acuerdo a los planes de Trump, las acciones a tomar por su gobierno van más allá de todo lo ejecutado por Obama. Este sostenía que solo iban a ser deportados los ilegales que hubieran cometido crímenes de cierta gravedad, pero ahora pareciera que ser inmigrante ilegal es de por sí un crimen y califica a cualquiera para ser deportado. Además, hay planes de aumentar el número de agentes de inmigración en 15.000, se van a construir nuevos centros de detención temporal mientras se realiza el proceso de deportación, se está facilitando este proceso reduciendo los trámites y haciéndolos más sencillos, incluso el gobierno está tratando que los agentes de las policías locales se conviertan también en agentes de detención y deportación. A esta última medida se oponen abiertamente los jefes de esas policías y los alcaldes de las llamadas ciudades santuario como Los Angeles, Chicago, New York, donde abundan los ilegales que van a ser protegidos por sus autoridades hasta donde puedan.

Creo interesante hacer una caracterización numérica pero también cualitativa del problema de los inmigrantes ilegales para poder comprender la magnitud y trascendencia del mismo. En 1990 había solo 3,5 millones de inmigrantes ilegales, número que llegó a 12,5 millones en 2007 y se calcula ahora en 11 millones. Últimamente, es mayor el número de mexicanos que salen hacia su país que el número de los que entran. En 2005, el Pew Research Center estimó que el 57% de todos los ilegales eran mexicanos, 21% de América Central, 13% de Asia, 6% de Europa y Canadá y 3% de Africa. La mayoría de ellos viven en California (2.350.000), Texas (1.650.000), Florida (850.000) y New York (775.000).

Es importante notar que por lo menos 8 millones de los ilegales forman parte de la fuerza laboral; no se puede decir que vienen a Estados Unidos a depender del Estado. Es voz común que todos los indocumentados son excelentes trabajadores, pero especialmente esforzados son los mexicanos y centroamericanos. Muchos de ellos han formado familias pero la mayoría tiene a sus parientes cercanos en Mexico y Centroamérica. Estos últimos tienen un solo objetivo: trabajar lo más duro posible para poder enviar buenas remesas mensuales a sus países de origen y si es posible volver a ellos después de algunos años de trabajo agotador que les ha permitido pequeños ahorros. Con este fin, muchos de ellos viven en condiciones precarias, varios de ellos apiñados en pequeñas viviendas para compartir los costos de alquiler y servicios. En 2015 el valor total de las remesas desde Estados Unidos a Mexico era de $25.000 millones, un poco mayor que el ingreso por venta de petróleo en ese país. Sin embargo, India y China reciben remesas mayores que Mexico desde Norteamérica.

¿En cuáles áreas trabajan los inmigrantes ilegales en Estados Unidos? Representan el 17% de la fuerza total de trabajo en agricultura, 12% en construcción, 9% en servicios de todo tipo en las áreas de hoteles, vacaciones, ayudas domésticas. Los ilegales son importantísimos, casi diría que indispensables, en las áreas agrícola y de la construcción. Los mexicanos y centroamericanos perseguidos por Trump fueron los que construyeron sus grandes hoteles y edificios. Muchos dueños de granjas agrícolas en California, Washington, Idaho y Florida han protestado las medidas de Trump, porque sostienen que sin los inmigrantes ilegales y su empuje laboral sus negocios quebrarían. La mayoría de los nativos de Estados Unidos no están dispuestos a trabajar en la siembra, cuidado y sobre todo recolección de frutas, verduras, y vegetales de todo tipo porque son labores muy duras y mal pagadas. Entre Orlando y Tampa, sobre todo en Plant City, hay un emporio de siembras de fresa y tomate donde los ilegales se doblan el lomo todo el día en la cosecha. En un artículo reciente del Washington Post fueron entrevistados varios de esos trabajadores que se muestran muy pesimistas porque sienten que la deportación es inevitable. Esto ha traído la ausencia casi total de muchos de ellos de los centros de diversión, supermercados, iglesias, e incluso ha elevado apreciablemente la inasistencia de sus hijos en las escuelas. Muchos de ellos, que tienen hijos nacidos en Estados Unidos, están designando de una vez las personas o instituciones donde dejarían a sus hijos después de su deportación.

Casi todos los economistas sostienen que los indocumentados son positivos para la economía del país y que su disminución acelerada va a traer consecuencias indeseables, especialmente en las áreas agrícolas y de la construcción. No es cierta esa irresponsable afirmación del gobierno de Trump de que los indocumentados constituyen un rutinario perjuicio para los ciudadanos americanos. Se ha demostrado que los crímenes violentos son menos frecuentes entre ellos. Pero esos hechos no pararán a Trump que ha prometido desalojar del país a todos los inmigrantes ilegales. Falta saber si va a batir el record de deportaciones de Obama y si está dispuesto a asumir los enormes costos que esa inhumana medida significa.

Según el Center for American Progress, citado por CNN en 2015, el costo de detener, confinar, y finalmente deportar legalmente a todos los inmigrantes ilegales llegaría a una cifra cercana a los 200.000 millones de dólares y la construcción del muro entre Mexico y Estados Unidos podría costar $20.000 millones. Eso sin tener en cuenta el costo que significaría la radical disminución de la fuerza de trabajo y de su aporte a la economía yankee.