Los sindicatos han jugado un papel como factores de transformación en algunos países. Así fue el caso de Polonia, bajo el régimen comunista, en el cual el sindicato Solidaridad y el sindicalista Lech Walesa desempeñaron un rol determinante. También ha ocurrido en otros países como Brasil, donde un sindicalista, Ignacio Lula Da Silva, dirigió un gobierno que impulso programas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza, haciendo de Brasil un país menos desigual.

Sin embargo, en algunas sociedades industrializadas los sindicatos se han convertido en mafias que legitiman el sistema. Cuando el presidente John F. Kennedy se lanzó a la campaña presidencial, necesitaba el apoyo de los sindicatos para lograr su propósito. A tal fin recurrió a un miembro de su entorno, el cantante Frank Sinatra, a fin de que contactara a uno de los capos de la mafia de origen italiano, quien controlaba los sindicatos.

Otro ejemplo de los sindicatos como organizaciones mafiosas, es el caso de los sindicatos de la construcción venezolanos los cuales en su competencia por la adjudicación de obras públicas, llegan al extremo de recurrir a sicarios para asesinar a los sindicalistas de la competencia. Como consecuencia de ello, han sido asesinados más de 400 sindicalistas durante el régimen bolivariano.

A continuación, nos centraremos un caso en el cual las organizaciones sindicales venezolanas actúan como legitimadoras del sistema. Se trata de los sindicatos universitarios, los cuales en su lucha por una contratación colectiva, crean la ilusión que a través de este tipo de negociaciones se puede compensar los efectos de la inflación en la capacidad de compra. Las cifras que hemos estado presentando en anteriores artículos, evidencian que la contratación colectiva lo que ha hecho es prolongar en el tiempo el proceso de deterioro de la capacidad de compra de los trabajadores universitarios. La tendencia desde el año 2001 hasta Marzo del 2016, muestra que la proporción de la canasta básica (CB) que un profesor con categoría de agregado podía adquirir, descendió de 109% en el año 2001 a 14% en Marzo del 2016 (Ver: Rodríguez Rojas. 2016. La lucha gremial y el salario universitario. Dígalo Ahí, 31-05-2016).

En el periodo más reciente la tendencia señalada se mantiene, pues la proporción de la CB que un profesor agregado puede adquirir no supera el 20% (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Evolución del salario de un profesor con categoría de agregado, como proporción de la canasta básica del CENDAS, entre marzo y septiembre del 2016.

En consecuencia, el profesor activo debe buscar fuentes de ingreso fuera de la universidad que le permitan sufragar el 80% restante de la CB. Como resultado de ello, en las universidades se ha desarrollado un ausentismo crónico, que ha llevado también a la renuncia de cientos de profesores, quienes han emigrado a otras instituciones y latitudes en busca de una remuneración acorde con sus credenciales.

La institución universitaria se ha ido descapitalizando progresivamente y sus autoridades ven, en forma impotente, como recursos humanos de elevada calificación abandonan la institución, dejando cátedras y laboratorios al garete. Mientras tanto los sindicatos, en forma cómplice, han constituido una alianza con los sectores gubernamentales llegando a acuerdos que presentan como un triunfo de la clase trabajadora, cuando en realidad se trata de arreglos que han llevado a la universidad y a los profesores a la ruina.

Ante la inminencia de la discusión de la III Convención Colectiva entre los sindicatos y el gobierno, la Federación de Asociaciones de Profesores universitarios (FAPUV) lanza la equivocada idea de que la solución son las normas de homologación. Señalan que el problema es que dichas normas no se han aplicado adecuadamente, afirmando a continuación que fue la aplicación de dichas normas lo que condujo al mejoramiento de la capacidad de compra de los trabajadores universitarios en el año 2001.Esta afirmación de FAPUV está lejos de la realidad y revela la confusión en que está sumergida nuestra dirigencia gremial. Como lo hemos planteado en el artículo ya citado, la recuperación de la capacidad de compra de los trabajadores universitarios en el año 2001 se debió a una política económica orientada al control de la inflación. Esta política, enmarcada en la Agenda Venezuela, logró disminuir la inflación a 12 % en el año 2003. En este contexto las mejoras logradas mediante las negociaciones impulsadas por los sindicatos y las asociaciones de profesores, se tradujeron en incrementos en la capacidad de compra de los trabajadores universitarios.

Desafortunadamente los sindicatos universitarios han desechado la idea de presionar al gobierno para que instrumente una política anti inflacionaria, como la que se contempló en la Agenda Venezuela. En su lugar han optado por legitimar la situación actual, sentándose en una mesa de negociación que parte desde un inicio por aceptar la elevada inflación que padecemos y la política gubernamental que la impulsa, como un dato incuestionable. Al final la negociación conducirá a más de lo mismo: aumentos salariales que los devorará la inflación antes de que se concreten, deserción profesoral y descapitalización de las universidades.

Profesor UCV