El 6 de diciembre de 2015, con votos y participación, los electores rescataron la Asamblea Nacional como espacio natural de debate político plural de los temas públicos nacionales. Luego, en junio de 2016, los electores nuevamente atendieron el llamado a participar con su firma para alcanzar el 1% por estado y lograr cumplir un requisito impuesto por el CNE para activar el proceso de solicitud de referendo revocatorio.

En ambos casos, los electores respondieron de manera contundente y demostraron su compromiso ineludible con la participación electoral, superando con suficiente claridad los obstáculos impuestos por el régimen a través Consejo Nacional Electoral (CNE), a tal punto que los resultados de esos procesos de participación no pudieron ser ignorados y menos aún desconocidos por las autoridades correspondientes.

El régimen, consciente de esos resultados, se ha aliado con el Poder Judicial y, a través del Tribunal Supremo de Justicia, ha dictado una serie de decisiones que buscan desconocer y anular a la Asamblea Nacional y, a través de tribunales penales, ha impedido que la voz del pueblo soberano pueda expresarse en función de la activación o no de un referendo revocatorio.

La intolerancia política del gobierno también ha llevado a suspender hasta nuevo aviso las elecciones regionales, previstas para diciembre del año 2016, ocupando estos primeros meses en el proceso de legalización de partidos políticos que, desde el año pasado, estaba anunciado, y en cuyo desarrollo los electores también han respondido con la misma contundencia que en los eventos previamente señalados, superando los obstáculos impuestos por el propio Consejo Nacional Electoral.

La participación electoral, independientemente de la decisión del Consejo Nacional Electoral en relación a la validación o no de los Partidos Políticos, ha dejado un grupo de partidos políticos legitimados y fortalecidos frente a un régimen que hace enormes esfuerzos por ignorar la voluntad del pueblo soberano, ese mismo pueblo que años atrás participó para validar una Constitución que ha perdido su vigencia por acción del Tribunal Supremo de Justicia y la complacencia del Presidente de la República.

La legitimación que ha fortalecido a un grupo de partidos políticos los hace acreedores de una responsabilidad moral y ética frente a quienes pudieron apoyarles, bien porque son militantes naturales, bien como expresión de resistencia, bien como compromiso por una Venezuela mejor y, principalmente, porque lograron validar en el tiempo que correspondía.

El 13 de octubre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución, en cuyo contenido recuerda que “la supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo, ni ante la tergiversada interpretación de sus normas por parte de la Sala Constitucional, siendo un deber esencial de todo ciudadano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución, restablecer su plena y efectiva vigencia”.

El rescate de la democracia y la Constitución debe encontrar en los partidos políticos legitimados un aliado incondicional, de lo contrario estarán cediendo ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo y ante la tergiversada interpretación de la Sala Constitucional, a que se refiere la Asamblea Nacional en el Acuerdo mencionado.

Los electores han cumplido una vez más en demostrar su compromiso con la participación electoral pero, ahora, se hace urgente trascender de la condición de electores a ciudadanos y reclamar a los Partidos Políticos que esa legitimidad otorgada tiene un fin particular y único: el rescate de la democracia, del voto y la restitución de la Constitución.

El anuncio de una nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que irrumpe con la tradición constitucional sobre la inmunidad parlamentaria y que otorga poderes absolutos al Presidente Maduro, impone el deber de activar el artículo 333 de la Constitución y exige que la Asamblea Nacional cumpla con su Acuerdo de conformar el Movimiento Cívico Nacional en defensa de la Constitución, la Democracia y el Voto, a que hace mención en varios Acuerdos y cuya tarea delegó en la Junta Directiva en el documento aprobado el pasado 13 de octubre de 2016.

A tal fin, la Asamblea no tendría ningún impedimento de activarse en función de la conformación de ese Movimiento Cívico Nacional, pues es oportuno recordar que en su Acuerdo del 25 de octubre de 2016 se declararon en sesión permanente de consulta popular, tanto en la sede del Parlamento como en las comunidades, para determinar junto al pueblo, en asambleas de ciudadanos, las decisiones que deban ser asumidas ante la ruptura constitucional que promueve el régimen a través del Tribunal Supremo de Justicia[1].

La existencia de la Asamblea Nacional está en riesgo, con ello el reconocimiento de la voluntad del pueblo soberano expresada el 6 de diciembre de 2015. En el pasado, por nuestro deseo ansioso de cambio político, aceptamos que la Constituyente rompiera el hilo constitucional cerrando al Congreso de la República, es el momento que diputados tomen la iniciativa para reconocer en sus electores a los ciudadanos con los cuales debe aliarse en defensa de la legitimidad que detentan en el marco de la Constitución.

La idea expresada y aprobada por la Asamblea Nacional de conformar un Movimiento Cívico en defensa de la Constitución, de la Democracia y del Voto, encuentran en esta profunda crisis a un grupo de partidos políticos legitimados, a una Unidad reestructurada y con una organización que dice querer incluir a la sociedad civil y además, un grupo de electores comprometidos, que sólo podrán reivindicar su ciudadanía, si logran unir sus voces de reclamo y defensa a los principales actores políticos de la sociedad.

Es el momento de transformar la participación electoral en una participación cívica, pacífica y efectiva, que con los Partidos y la Asamblea Nacional, recuperen los espacios públicos para el debate político y para la construcción de objetivos y acciones que los vincule en Unidad, reconociendo sus diferencias y particularidades, pero que les una un solo objetivo: la defensa de la Constitución, del Voto y en consecuencia de la Democracia.

Si no logramos Unidad en ese objetivo señalado, claramente estaremos cediendo nuestra ciudadanía y dándole la espalda al valor y significado del Gloria Al Bravo Pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor.

[1]Asamblea Nacional. ACUERDO PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANTE LA GRAVE RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO Y LA DEVASTACIÓN DE LAS BASES. 25 de octubre 2016,

PolitiKa UCAB, marzo 31, 2017