En este artículo buscamos analizar el marco de las negociaciones que rodearon la entrega de PDVSA a los militares y las implicaciones de esta decisión. Estas negociaciones son parte de una recomposición de fuerzas que aparentemente pone fin al movimiento al que hemos llamado chavismo y da nacimiento a otro integrado por los actores políticos fieles al actual presidente, que algunos analistas denominan madurismo. Oswaldo Ramírez, politólogo y miembro de la consultora ORC, entrevistado por CNN Dinero, señala que en el chavismo se venía gestando un movimiento liderado por Rafael Ramírez quien había sido previamente marginado y enviado a un exilio dorado al exterior. Este movimiento estaba orientado a reclutar a todos los huérfanos y viudos de Hugo Chávez, que no fueron incorporados por Maduro en posiciones de poder. El ex presidente de PDVSA estaba en el proceso de lanzamiento de éste nuevo movimiento chavista, lo que no agradó al que en este momento cuenta con la aprobación del conglomerado chavista. En sus actividades Ramírez buscaba además posicionarse como candidato en las venideras elecciones presidenciales. Ante las iniciativas y aspiraciones del antiguo hombre de confianza de Chávez, el régimen de Maduro optó por ordenar a la fiscalía una investigación en su contra con el propósito de destruirlo políticamente.
Paralelamente al plan de cerrarle el paso al movimiento liderado por Rafael Ramírez, el régimen se concentró en un proceso de construcción de nuevas lealtades conformando las bases de una corriente que podríamos llamar “madurismo”. Con ese propósito, el régimen procedió a reforzar en el frente gubernamental a aquellos actores políticos que han mostrado mayor fidelidad a Maduro como Delsy Rodriguez, designándola al frente de la Asamblea Constituyente (ANC), Tareck El Aissami como Vicepresidente y Jorge Rodríguez como Ministro de Comunicaciones y responsable de las negociaciones en la República Dominicana.
Apunta Oswaldo Ramírez que en este contexto el régimen decide adelantar las elecciones presidenciales con miras a realizarlas en el primer cuatrimestre del próximo año, lanzando a Nicolás Maduro como candidato. Se busca así evitar que el evento electoral se lleve a cabo en el segundo semestre del año, cuando la mayoría de los analistas económicos prevén un default o cesación de pagos de la deuda externa, con todas sus traumáticas implicaciones para el gobierno y el país. En la actualidad el régimen realiza gestiones para obtener entre 2500 y 3500 millardos de dólares a fin de incrementar el gasto público, aumentar la frecuencia de llegada de los CLAP y ampliar los beneficios de las llamadas Misiones; dándole así a los operadores políticos la capacidad de generar incentivos, a través de los diversos beneficios que genera el carnet de la patria, a fin de que la población vuelva a afiliarse con Maduro.
Con el propósito de garantizar el apoyo de Diosdado Cabello a la candidatura de Maduro, se le entrega PDVSA a militares afectos a él y de este modo el régimen integra a Cabello al entorno de los fieles a la figura presidencial, superando el antagonismo entre ambos, que ha señalado entre otros, Henrique Capriles. Ello implicó la designación del General Manuel Quevedo al frente de PDVSA, lo cual fue acompañado por la decisión de sustituir a 60 ejecutivos de la empresa estatal por militares. Quevedo y los militares que lo acompañan no tienen ningún conocimiento de petróleo, ni formación en el área gerencial o de negocios.
Como lo señaló Eddie Ramírez en un artículo sobre el tema, desde su creación PDVSA ha sido dirigida en algunos periodos por militares que han mostrado competencia y buen desempeño, pero eran profesionales que poseían formación gerencial y experiencia. Este no es el caso de Quevedo cuyo único background es su fidelidad al régimen y su desempeño reprimiendo las manifestaciones de la oposición a sangre y fuego.
La impericia de los militares designados agravará la crítica situación de la empresa petrolera estatal según Francisco Monaldi, experto petrolero de la Universidad Rice de Texas. Señala Monaldi que existe preocupación entre los socios de PDVSA por los nombramientos señalados y sus repercusiones sobre la empresa, que viene desde hace años declinando su producción. Esta preocupación la comparten sectores cercanos al gobierno como la firma Torino Capital, asesora de UNASUR y del gobierno de Maduro, la cual expresa en un informe reciente que “observamos un riesgo considerable de que la reestructuración y toma de PDVSA por sectores menos profesionalizados perpetuará la caída de la producción…”. Adicionalmente a ello, apunta Monaldi, las sanciones de los Estados Unidos contribuirán a complicar el desempeño de la empresa y agudizar su deterioro.
Los analistas económicos prevén que la empresa estatal continuará el declive de su producción en el año 2018. La firma Torino Capital señala que la producción se reducirá de 1,83 millones de barriles diarios en noviembre del 2017 a 1,39 millones de barriles diarios en diciembre del 2018, lo cual implicará un descenso de 442.000 barriles diarios. Esto provocará una reducción de los ingresos en divisas, lo que disminuirá las importaciones en un 34%, según algunas consultoras, agudizando la escasez de productos que agobia a la población y hará imposible cumplir con los compromisos financieros en el segundo semestre de 2018, aumentando las posibilidades de un default o cesación de pagos.
Con la decisión de militarizar la dirección de PDVSA, el régimen demuestra que tiene poco interés en el declive productivo de la empresa y las implicaciones que ello pueda tener en los ingresos del país y el bienestar de la población. Subordina todo a su decisión de atornillarse en el poder.
Profesor UCV