Desde el apartamento en Caracas al que ha quedado reducido su mundo en los últimos meses, Perkins Rocha quizás no haya alcanzado la ataraxia, la paz mental del estoicismo basada en aceptar aquello que no se puede cambiar. Sin embargo, reconoce que todo este tiempo ha aprovechado su arresto domiciliario como una oportunidad para cultivarse a sí mismo como persona.
“Hay una tendencia en mí de sacarle provecho a todo lo malo que eventualmente pueda cruzarme en mi vida y estoy tratando de encontrar razones por las cuales pueda seguir creyendo en mis potencialidades, sentirme más fuerte que las circunstancias adversas que me puedan rodear y entender que eso es absolutamente transitorio y que básicamente lo que rodea al hombre normalmente son asuntos temporales que pueden cambiar dinámicamente”, comentó en entrevista para El Diario.
La razón por la que el abogado y coordinador nacional de Vente Venezuela no cumple del todo con la lógica de los maestros estoicos radica en la obstinación de no aceptar pasivamente la situación en la que se encuentra. Deja claro que no está conforme ni con su casa por cárcel ni con la suerte de interludio en la que se encuentra el país desde el 3 de enero, bajo el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Incluso con la actual mesa de negociación que se desarrolla entre el oficialismo y la Asamblea Nacional opositora de 2015, tiene varios puntos en los que muestra su desacuerdo sin medias tintas.
Para Rocha, la única forma de crear una nueva institucionalidad democrática y legítima es dejar atrás cualquier remanente del sistema anterior, y respetar la voluntad ciudadana manifestada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2026. “Mientras exista una dictadura e incluso mientras existan los residuos de lo que fue el régimen de Nicolás Maduro no tenemos libertad plena. Yo no la tengo acá, pero ustedes tampoco la tienen en la calle”, razona.
A pesar de tener una tobillera electrónica en su pierna y dos policías apostados permanentemente en la puerta de su casa, la situación de Perkins Rocha actualmente es mejor que la que tenía hace un año, cuando estaba recluido en una celda de El Helicoide junto a otros presos políticos como Jesús Armas, Freddy Superlano, Biagio Pilieri o Enrique Márquez. Todos ellos fueron liberados después del 3 de enero, beneficiados por la Ley de Amnistía. A Perkins no solo le fue negada esta medida, sino que además es el único de sus excompañeros que permanece bajo arresto domiciliario.
El ex asesor jurídico de la Plataforma Unitaria asegura que la razón por la que se le ha negado en reiteradas ocasiones su libertad plena se debe al rol que desempeñó durante la campaña presidencial de 2024, cuando fue representante ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) del Comando Con Vzla. Afirma que en su momento el objetivo era silenciarlo por tener los argumentos y pruebas para demostrar la victoria del opositor Edmundo González, así como el fraude en la proclamación de Nicolás Maduro por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Rocha fue detenido el 27 de agosto de 2024 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en medio de la ola de persecución política tras las elecciones, y esa misma noche su residencia fue allanada por sujetos encapuchados. Pasó más de un mes incomunicado, además de que le negaron el derecho a ser representado por su abogado en su audiencia de presentación en tribunales.
“Yo no tengo duda de que (mi detención) guarda relación directa con quienes montaron toda la represión contra nosotros y esa represión se montó a partir del despacho ministerial de Interior y Justicia. Mientras en ese despacho existan los mismos personajes y el mismo ministro ejerciendo poder en la política venezolana, yo creo que seguiré en estas condiciones hasta que él salga de ahí”, expresa.
Desde que fue excarcelado el 8 de febrero de 2026, ha contado con beneficios como volver a su hogar y estar con su esposa, la abogada y activista María Constanza Cipriani. No solo puede también hacer entrevistas y recibir a la prensa en su casa, sino también a otros dirigentes políticos que constantemente lo visitan. Rocha no niega que la represión en el país ha disminuido bastante desde el 3 de enero, pero no ha desaparecido del todo, por lo que rechaza lo que considera “una migaja de libertad”.
Recuerda que, hasta la fecha, permanecen detenidos más de 450 presos políticos, y que todo el aparato de represión que lo llevó a la cárcel sigue allí, latente, por lo que cualquier ciudadano puede ser víctima de una detención arbitraria. En su caso particular, su solicitud fue declarada “sin lugar” en marzo, y desde entonces el tribunal ha rechazado al menos otras dos solicitudes de revisión de sus medidas cautelares.
“Esto es un mecanismo también de tortura, en este caso psicológica para hacerme creer de alguna forma que tengo libertad cuando en el fondo no tengo posibilidad de asistir a exámenes médicos, no tengo posibilidad de trabajar ni de transitar como cualquier otra persona. Las personas que, junto conmigo, forman parte de la misma causa judicial, están libres mientras yo estoy aquí en esta situación”, lamenta.
El equipo negociador de la Asamblea Nacional electa en 2015 llegó a Venezuela el 13 de septiembre para su segunda ronda de conversaciones con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. En esta jornada, como han adelantado sus diputados, se abordará el tema de las garantías políticas y civiles, hablándose incluso de un posible levantamiento de inhabilitaciones contra líderes opositores como María Corina Machado.
Al respecto, si bien Rocha reconoce a la AN 2015 como un interlocutor legítimo y con el aval del gobierno de Estados Unidos, no opina lo mismo de la delegación oficialista encabezada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento electo en 2025, y que considera que carece de legitimidad. Por eso es cauteloso sobre este proceso, señalando que su objetivo debe ser negociar la salida incondicional del chavismo del poder, y no “pactar con el diablo” algún tipo de coexistencia o normalización del status quo actual.
“Mientras la voluntad y la decisión del grupo que representa Jorge Rodríguez esté presente, nada podrá ser beneficioso. Yo no creo en ese arrepentimiento de quienes embarraron la justicia y el resto de las instituciones, de la noche a la mañana no van a limpiarlas”, comenta.
A su juicio, la última oportunidad del chavismo de superar las fricciones del pasado y convivir políticamente caducó en el momento en que el entonces gobierno de Nicolás Maduro decidió desconocer los resultados de las elecciones de 2024 y emprender una brutal persecución contra quienes, como Rocha, “defendían la verdad” de las actas de votación. Desde ese momento, el dirigente opositor cree que el actual gobierno perdió la capacidad moral de participar en una transición democrática.
“La nación venezolana le dio la posibilidad a un sector del país de reivindicarse con la historia, de expurgar sus pecados retirándose pacíficamente a reconocer el triunfo de la opción de Edmundo González Urrutia y ocupar un espacio que muy probablemente podían ocupar legítimamente incluso de oposición a lo que viniera. Ellos rechazaron esa posibilidad y utilizaron todos los mecanismos institucionales para subvertir la verdad que ahí emergía”, afirma.
Aunque el asesor jurídico de María Corina Machado es receloso de la idea de sentarse a negociar con el oficialismo, reconoce como necesarios varios de los acuerdos alcanzados hasta el momento, como la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, que calificó como “un gran acuerdo nacional para eliminar lo que hoy es un instrumento de la maldad”. Eso sí, aclara que este debe tener un carácter provisional ajustado a la coyuntura del momento, pero que una nueva república requerirá nuevamente de una renovación de los poderes públicos, ahora sí apegados a la Constitución y a la voluntad de la ciudadanía.
“Hemos venido avanzando varios esquemas en varios niveles de etapa para construir un TSJ distinto al actual. En primer lugar, hay la conciencia de que hay que salir de este actual TSJ del horror. Esa conciencia la tiene toda Venezuela y algo de presión tiene el grupo que creó ese TSJ. El proceso es complejo para la designación de magistrados y pasa por la elección de un Comité de Postulaciones, hubo la conciencia de darle la palabra, digamos, fuerte y determinante a la sociedad civil”, apunta.
Aunque se mostró a favor de “barrer” con los instrumentos judiciales usados para perseguir a la disidencia, Rocha, quien se desempeñó como magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo entre los años 2000 y 2004, advirtió que un cambio en el TSJ es apenas “la punta de lanza” de todo un sistema mucho más grande y profundamente corrompido. Entre las instancias que alguna vez formaron parte del Poder Judicial y deben ser también institucionalizadas, menciona la Fiscalía General y el Ministerio Público, así como los registros públicos, las notarías, la Defensoría Pública y toda la red de abogados que forman parte del sistema.
En su primera ronda, la mesa de negociación entre la AN 2015 y el gobierno encargado acordó una reforma de la Ley Orgánica del TSJ que ajustó a 23 el número de miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, con 12 pertenecientes a la sociedad civil y 11 diputados de la AN 2025, que fue la encargada de su aprobación. En su momento Rocha cuestionó esta distribución, señalando que la ley anterior a su reforma del año 22 contemplaba un comité enteramente integrado por la sociedad civil sin la participación de diputados. Aun así, destacó que al menos ahora vuelven a tener un papel más importante dentro de esta instancia.
También expresó algunas preocupaciones respecto al proceso de selección de los magistrados del TSJ, cuya renovación total fue pactada por la mesa de negociación. Explica que el Comité de Postulaciones debe publicar cuál será su baremo para aceptar a los candidatos, aunque apenas es el primer eslabón de toda una cadena en la que estarán involucrados varios organismos que responden al oficialismo. Puso por ejemplo al Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía General, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, y que tiene poder de veto sobre la lista preliminar que emita el Comité de Postulaciones Judiciales.
“Hoy el poder ciudadano está cooptado por miembros que formaron parte del régimen de Maduro y ellos, si se sigue el proceso legal, van a tener la posibilidad de excluir, incluir o modificar la preselección que el Comité de Postulaciones Judiciales haga. Ya tenemos entonces un nuevo filtro que va a ser elegido por el régimen, de puestos para mantener su hegemonía dentro del Tribunal Supremo de Justicia”, opina.
El Comité de Evaluación del Poder Ciudadano se encarga de hacer una segunda preselección, para entregar a la Asamblea Nacional la lista definitiva de aspirantes. Es en este punto donde Rocha se cuestiona a qué Parlamento le corresponderá entonces escoger y juramentar a los nuevos magistrados.
“¿Quién va a ser ese Poder Legislativo?, ¿el presidido por Jorge Rodríguez?, ¿el presidido por la señora Dinorah Figuera, o va a ser una mixtura de las dos asambleas?, ¿cómo va a hacer el grupo legítimo de Dinorah Figuera para impedir que el microbio contaminante de la república que la enfermó y la mató, representado en el chavismo, pueda escoger a esos magistrados? Entonces la decisión al final es política y mi llamado es no solamente al grupo de Figuera, sino al grupo que pueda representar de alguna manera al tutor (Estados Unidos), que influya definitivamente no en la escogencia, sino en la posibilidad de que quienes fueron depuestos se mantengan fuera del TSJ, y no solamente de la institucionalidad del TSJ, sino de la misma democracia”, dice.
Precisamente el rol de Estados Unidos como “tutor” del proceso de estabilización, recuperación y transición en Venezuela ha sido un punto álgido en los últimos meses para la oposición. Tanto la Plataforma Unitaria como María Corina Machado, en este momento parecen ajenos a las decisiones que se toman en Washington, donde no solo la administración de Donald Trump mantiene buenas relaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez, sino que apostó a la mesa de diálogo como mecanismo para avanzar hacia la transición, desconociendo los planes de Machado y la Plataforma Unitaria de una negociación más intransigente.
“Me cuesta entrar a analizar las razones de Estados Unidos de su comportamiento. Ellos tendrán que rendirle cuentas a su electorado. Yo creo que para nosotros, los venezolanos, lo importante es saber trabajar con las ejecutorias de Estados Unidos. Si Estados Unidos decidió trabajar con Delcy Rodríguez, yo no tengo por qué creer que eso es permanente. Yo creo que eso simplemente guarda relación con una visión estratégica que tiene la Casa Blanca en donde la primera fase la necesita cumplir con ella”, opina.
A pesar de esto, considera que en este momento la sociedad civil y la dirigencia opositora deben presionar precisamente para que Estados Unidos tome en cuenta las necesidades y reclamos reales de los venezolanos, y evite caer en “cantos de sirena” que desvirtúen el proceso de democratización del país. De ahí que abogue por mantenerse vigilantes con la mesa de negociación y de buscar que la Casa Blanca retome sus canales de comunicación con los liderazgos naturales del país.
“Desde una óptica pragmática la última palabra la tiene el tutor, pero creo que entre el purgatorio y el cielo hay un camino empedrado donde muchas voces son oídas por el tutor y de ahí se trata, y es lo que quiero rescatar, la importancia de que se habiliten a los líderes políticos que deberían estar ya en nuestro país tratando de volver a conectar con la nación que los eligió a ellos como verdaderos líderes y poder explicarle al tutor que no estamos bailando, sino que estamos en una situación de agonía”, afirma.
Uno de esos “cantos de sirena” en los que, a juicio de Rocha, ha caído el gobierno estadounidense ha sido en su reciente acuerdo petrolero para administrar 17 yacimientos en la Faja Petrolífera del Orinoco usando a la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP) del controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt.
Aunque considera que se debe esperar para conocer los términos y condiciones del contrato, no cuestiona el hecho mismo de la explotación de pozos por actores extranjeros, sino el hecho de hacerlo con un actor carente de transparencia y legitimidad como Delcy Rodríguez y Betancourt. En ese sentido, marca la diferencia entre las reformas impulsadas por el gobierno encargado en los últimos meses y los planes energéticos que desde hace años ha propuesto María Corina Machado, y que justamente contemplaban también una liberalización de la industria petrolera, abierta al capital privado.
“Es la diferencia entre hacer bien las cosas correctamente o hacerlas torpemente. Cuando lo haces bien y correctamente, lo haces porque hay un espíritu nacional, una visión compartida por toda la nación de manera transparente. No es la opacidad con que se maneja la torpe (Delcy Rodríguez). La torpe es opaca. El manejo de lo que se pretende por este lado quiere ser transparente. La visión torpe es una visión que arremete sobre los demás, que atropella, que ignora. La visión correcta es la que te comparte, te explica, te razona y te oye. Hay dos estilos de hacer las cosas”, indica.
Para el coordinador de Vente Venezuela, el país aún está lejos de encontrarse en una transición, pues considera que esta solo llegará una vez que el chavismo entregue definitivamente el poder. Apunta a que, una vez ocurra un cambio de gobierno democrático, empezará un trabajo de reconstrucción de las instituciones donde todos los acuerdos y leyes aprobadas durante la gestión de Delcy Rodríguez deberán ser revisadas.
“Yo creo que la palabra mágica para resolver eso es la transitoriedad. Nada que nazca en este periodo, dada la precariedad de legitimidad que lo rodea, puede considerarse permanente. Todo será transitorio y todo será revisable. Incluso el propio TSJ que se designe. Esos magistrados no pueden ser electos por 12 años. Esos magistrados van con una visión, con una misión. La misión es recuperar las bases institucionales del país y una vez recuperadas esas bases, que sea revisada su actuación y ellos podrán optar a un nuevo proceso de selección en mejores condiciones”, comenta.
Sin embargo, antes de hablar de transitoriedad y renovación de poderes, Rocha recuerda que la primera tarea de la ciudadanía es organizarse para que haya una participación venezolana en las resoluciones que se emiten desde Washington, y que los actores que tomen las decisiones respondan a las demandas de elecciones libres y transparentes.
“Yo sí tengo esperanza de que estamos encaminados, a pesar de todo esto, que soy muy crítico, a pesar de que de mis palabras pueda emerger algún espíritu de pesimismo, es todo lo contrario. Empezando porque yo estoy libre en este momento, sin mi posibilidad de tránsito y con un grillete, pero estoy libre dentro de mi casa, en la luz, cuando estuve largo tiempo preso en la oscuridad. Esto ocurrió gracias a lo que pasó el 3 de enero, y creo que tuvo un impacto en la sociedad y en el tejido del venezolano. Probablemente todavía no habíamos salido del shock de lo que significa para un grupo que llegó a su fin y para otro que llegó al inicio de la construcción de un verdadero país. Han pasado 9 meses y no nos creemos del todo lo que ocurrió”, relata.