Visto que han transcurrido casi dos meses desde el anuncio de finalización de la estimación de necesidades post terremotos del 24 de junio (PDNA, por sus siglas en inglés), y que todavía no se han publicado oficialmente los documentos, quizás convenga insistir. Explicar nuevamente la importancia del PDNA. Y también resaltar las responsabilidades éticas y políticas que están implicadas.
La elaboración del PDNA en cada país que haya sufrido una catástrofe como la ocurrida en Venezuela, no es una extravagancia técnica ni académica. Responde al deber que tienen los gobiernos para enfrentar con efectividad los severos impactos de las catástrofes.
Se trata de atender con inteligencia y recursos la afectación concreta en la vida de los ciudadanos luego de las catástrofes. Porque, independientemente de que las catástrofes ocurran en áreas muchas veces circunscritas, el daño, de corto y mediano plazo, afecta a toda la población de los países.
Es bastante obvio que las catástrofes ocasionan impactos, muchas veces de grandes proporciones, que requieren enormes cantidades de recursos para los procesos de recuperación. Y que esos recursos frecuentemente superan las disponibilidades que tienen los países. Por ello deben acudir de manera acelerada a fuentes de financiamiento internacional.
Los organismos internacionales, con el propósito de apoyar estos procesos, han acordado mecanismos que facilitan estas tareas. Por tal razón, desde la década pasada, la Unión Europea, el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (GDNU), y el Banco Mundial, han trabajado en conjunto para elaborar tales mecanismos.
Para que los países tengan una ruta predefinida que los ayude a contar rápidamente con un plan de recuperación que tenga la calidad requerida para que sea efectivo. No puede haber más utilidad de este enfoque.
Este es el fundamento de la metodología acordada por la Unión Europea, Naciones Unidas y el Banco Mundial para la elaboración de los documentos del PDNA.
Se deben incluir los siguientes contenidos: (1) la información de base, es decir, las condiciones del país antes de la catástrofe, (2) los efectos de la catástrofe en infraestructura, bienes, prestación de servicios, procesos de gobernanza, riesgos, y vulnerabilidades, (3) la estimación de los impactos en términos de los daños y pérdidas en capacidad productiva, condiciones de vida, y situación económica, y (4) la formulación de la estrategia de recuperación con la consiguiente estimación de recursos y fuentes de financiamiento.
Según la metodología propuesta, la estimación de las necesidades post desastre puede incluir los siguientes sectores: (1) social (vivienda, educación, salud, cultura, nutrición), (2) infraestructura (agua y saneamiento, infraestructura comunitaria, energía y electricidad, transporte y telecomunicaciones), (3) productivo (agricultura, ganadería, pesca, comercio, industria, y turismo), (4) macroeconomía (efecto en el PIB, balanza comercial), (5) desarrollo humano y social (Objetivos de Desarrollo Sostenible, pobreza), (6) finanzas (banca e instituciones financieras), y (7) temas transversales (gobernanza, reducción de riesgos de desastres, ambiente, género, y empleo y medios de vida).
Los contenidos señalados constituyen los volúmenes A y B del PDNA. El 15 de septiembre se comunicó, a través del sitio web del PNUD Venezuela, que los requerimientos de recursos para la recuperación se estimaron en 21 mil millones de dólares. Hasta la fecha, sin embargo, no están disponibles de manera oficial ninguno de los volúmenes del PDNA de los terremotos del 24 de junio.
Sucede entonces que luego de casi cinco meses de la catástrofe no existe ninguna posibilidad de analizar los detalles involucrados en la elaboración del PDNA. No se conocen los impactos de los terremotos, ni las políticas específicas que deben fundamentar el proceso de recuperación. Tampoco se conoce la vinculación de estos requerimientos con las posibilidades de financiamiento.
Se puede concluir que las perspectivas de que se produzca una recuperación exitosa están seriamente cuestionadas.
Esta situación conlleva una responsabilidad ética de los actores involucrados. Las fallas en el seguimiento de los mecanismos establecidos tienen efectos en las condiciones de vida de los millones de personas directamente afectadas. Hay que recordar que Venezuela experimenta una emergencia humanitaria compleja de más de diez años de evolución. Los terremotos han agravado esta situación preexistente.
La tardanza y deficiencias de las políticas públicas de recuperación causan daños a personas y familias. Esto es especialmente serio por las consecuencias en el acceso a recursos técnicos y financieros, y la afectación de la transparencia requerida.
También existe una responsabilidad política. Tanto de los gobiernos involucrados, el interino y el de los Estados Unidos, como de los organismos internacionales que han participado en la elaboración del PDNA. Esta responsabilidad política está regulada por las leyes vigentes, y por las normas internas de cada uno de los organismos involucrados.
Estas responsabilidades éticas y políticas son absolutamente exigibles. Las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y técnicas, asociaciones de afectados y damnificados, tienen derecho a exigir el cumplimiento de los procedimientos establecidos, sean las normas nacionales, como las que rigen las acciones de los organismos internacionales.
Las consecuencias de que no se asuman estas responsabilidades afectará el bienestar de las familias por la próxima década, tal como ha advertido el propio Banco Mundial. Todo está a la vista y en movimiento.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
X e Instagram: @marinojgonzalez
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