La secuencia importa: anclar la inflación, reducir la brecha cambiaria y luego reconstruir el poder adquisitivo en un contexto de mayores ingresos externos.

La economía venezolana hoy vive una paradoja incómoda: hay más actividad que hace unos años, pero cada día somos más pobres en términos reales. Crecer sin estabilidad de precios no es progreso; es apenas una ilusión que se desvanece en la caja registradora o en el día a día de los ciudadanos.

El dato es contundente. Venezuela cerró 2025 con una inflación cercana a 500%, en el umbral de la hiperinflación. Y lejos de corregirse con claridad, en 2026 la dinámica sigue siendo agresiva: marzo terminó con un inflación anual en bolívares de 650% y en dólares de 36%. Al mismo tiempo, el país se mueve en un contexto petrolero más favorable que abre una ventana de ingresos extraordinarios. Es decir, conviven deterioro interno y oportunidad externa.

Aquí no hay espacio para matices: la prioridad número uno de los próximos meses debe ser bajar la inflación. No es un tema técnico ni un debate académico. Es la condición mínima para que cualquier otra variable económica como inversión, consumo y crédito tenga sentido.

Porque la inflación en Venezuela no es solo un fenómeno monetario. Es una combinación de expectativas desancladas, debilidad institucional y, sobre todo, un problema cambiario profundo. Cuando el tipo de cambio pierde referencia, los precios dejan de responder a costos y empiezan a responder al miedo y las expectativas. Es un escenario de “sálvese quien pueda”. La expresión de todo eso es la depreciación del tipo de cambio y la evolución de la brecha cambiaria.

Cuando empresas y comercios anticipan que el bolívar seguirá perdiendo valor, ajustan precios incluso antes de que ocurra el movimiento. Es una lógica defensiva, racional en un entorno inestable, pero con un efecto agregado claro: inflación persistente y destrucción del poder adquisitivo.

Ahí entra el segundo frente crítico: la brecha cambiaria.

La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo no es un detalle técnico. Es uno de los principales generadores de distorsión en toda la economía. Cuando esa brecha se amplía, lo que tenemos no es un mercado, sino múltiples referencias de valor compitiendo entre sí.

Y eso rompe todo: rompe la formación de precios, rompe la contabilidad empresarial y rompe la confianza. Además, introduce incentivos perversos: arbitraje, decisiones financieras que sustituyen decisiones productivas y una economía cada vez más opaca.

Reducir la inflación sin cerrar la brecha cambiaria es, simplemente, inviable. Son dos variables que se retroalimentan. Si el mercado no cree en la tasa oficial, los precios se seguirán fijando con otra referencia.

Ahora bien, hay un tercer elemento que suele dominar el discurso público, pero que rara vez se aborda con la secuencia correcta: la recuperación del poder adquisitivo.

Aquí conviene ser directo. El ingreso real no se recupera por decreto. No se logra aumentando salarios nominales en un entorno inflacionario. De hecho, hacerlo sin anclas macroeconómicas tiende a empeorar el problema.

La secuencia correcta es otra y no es negociable:

• Primero, estabilizar precios.
• Luego, reducir la brecha cambiaria.
• Finalmente, recuperar el ingreso real.

Invertir ese orden es repetir errores que ya han tenido costos demasiado altos.

Por último, hay una dimensión adicional que no podemos ignorar: la estabilidad económica también es estabilidad política.

Una economía donde los precios suben de forma descontrolada, donde el tipo de cambio no tiene referencia clara y donde el ingreso pierde valor semana a semana, es una economía que acumula tensiones. La gente no protesta por teorías económicas; protesta porque no le alcanza.

Y cuando eso se vuelve persistente, lo que se erosiona no es solo el consumo: es la confianza. Por eso, bajar la inflación, reducir la brecha cambiaria y recuperar el poder adquisitivo no es solo una agenda económica. Es una condición necesaria para evitar que la situación política se desborde.

En el mediano plazo, sin embargo, hay una discusión más estructural que Venezuela no puede seguir postergando: la construcción de instituciones democráticas sólidas. No se trata de un tema abstracto ni normativo. La evidencia comparada es clara: el crecimiento sostenible no depende solo de ingresos, ni siquiera de ciclos favorables como el petrolero, sino de reglas de juego estables, Estado de derecho y mecanismos de rendición de cuentas. Las economías que logran sostener el crecimiento en el tiempo son aquellas donde las instituciones garantizan derechos, limitan arbitrariedades y generan confianza para invertir y producir. En el caso venezolano, eso implica avanzar hacia un entorno donde las decisiones económicas no dependan de discrecionalidad, sino de normas claras y previsibles. Sin ese anclaje institucional, cualquier mejora (por significativa que sea) será transitoria.

Hay una oportunidad que no se puede ignorar.

El contexto petrolero luce más favorable y abre espacio para ingresos extraordinarios que podrían ubicarse entre US$10.000 y US$14.000 millones adicionales en el corto plazo. Esto no es menor: bien gestionados, estos recursos pueden traducirse en mayor oferta de divisas, menor presión cambiaria y una reducción sostenida de la inflación.

Pero este punto está directamente vinculado al marco geopolítico, particularmente al enfoque que ha venido delineando la administración de Donald Trump hacia Venezuela. Ese enfoque, más allá de matices, puede entenderse por fases, tal como la propia administración Trump lo ha señalado.

Esta primera fase de estabilización muestra una flexibilización condicionada:

Licencias, aperturas parciales y mecanismos controlados que permiten recuperación del flujo petrolero. Aquí comienza a verse la recuperación de ingresos y una mayor actividad económica, aunque con distorsiones persistentes.

Un esquema donde el foco no es solo la presión, sino la administración de flujos: permitir cierta normalización operativa bajo condiciones específicas, incluyendo mecanismos de supervisión sobre los ingresos.

En este punto si Venezuela logra canalizar esos mayores ingresos petroleros dentro de un esquema ordenado, con disciplina fiscal, reglas claras y fortalecimiento de reservas, entonces sí pueden convertirse en un ancla para estabilizar la economía.

Pero si esos recursos entran en un sistema desordenado, sin credibilidad y con incentivos distorsionados, el resultado será el de siempre: más presión cambiaria, más inflación y, en consecuencia, más deterioro del ingreso. Venezuela ya ha vivido ese ciclo.

Por eso, la discusión de fondo no es si vienen más ingresos. Es qué se hace con ellos dentro de este nuevo contexto internacional. Si se aprovecha esta ventana (alineando política económica con ese nuevo entorno externo) el impacto puede ser decisivo: menor inflación, reducción de la brecha cambiaria y condiciones reales para recuperar el poder adquisitivo.

Porque al final, la evidencia es clara: sin estabilidad, el crecimiento no se siente. Y sin estabilidad económica e instituciones creíbles, la estabilidad política tampoco está garantizada.

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