Como es conocido por la opinión pública, el régimen, que dice ser “revolucionario”, decidió de manera unilateral y repentina, efectuar un referéndum consultivo con respecto a los derechos históricos de nuestro país sobre el territorio Esequibo, usurpado por el Reino de Inglaterra mediante lo que se conoce como el “Laudo Arbitral de París de 1899”. Desde el mismo momento de la firma del laudo arbitral, Venezuela no ha aceptado ese laudo y así lo ha denunciado en diferentes instancias internacionales y en todos los escenarios donde se trate el tema.  En 1966, Inglaterra decidió otorgarle la independencia a su colonia conocida como Guayana Inglesa e incluía como parte del territorio la zona en reclamación, por lo que Venezuela manifestó su intención de no reconocer al nuevo país hasta que se registraran sus derechos sobre el territorio usurpado, por lo que el Reino Unido y nuestro país acudieron a la ONU donde se firmó lo que se denominó el “Acuerdo de Ginebra de 1966”, el cual esencialmente establecía que, efectivamente, el Reino Unido reconocía que había una zona en reclamación y que la solución al conflicto debería ser siempre pacífica y de conveniencia para nuestro país y la naciente República Cooperativa de Guyana. En caso de que luego de un tiempo prudencial no se pudiera llegar a un arreglo satisfactorio, el Secretario General de la ONU podría, entre otros procedimientos, enviar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el caso para que esta, en base al derecho internacional, tomare la decisión que más conviniere a ambos países. Este acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional de entonces por lo que es Ley de la República.

El año 2004, el entonces presidente Hugo Chávez y su canciller Nicolás Maduro, mantuvieron una actitud que no vacilamos en calificar de entreguista en relación con el tema del Esequibo: autorizando públicamente el uso y disfrute pleno de la zona en reclamación por parte de la República de Guyana. El año 2018, el secretario general de la ONU, decidió enviar el caso a la CIJ, instancia que se declarara competente, por lo que nuestro país desde ese momento está en la obligación de plantear sus alegatos y defensa ante esta instancia. Desde el año 2018, el actual gobierno de facto ha tenido una posición de mucha ambigüedad con su reconocimiento a la competencia de la CIJ, aunque se conoce que eventualmente ha asistido a sesiones de esta con representantes de desconocidas trayectorias y competencias en la materia. 

No es, sino con los últimos años, que ha manifestado algunas disconformidades muy ligeras por concesiones de exploración petrolera a empresas transnacionales por parte del gobierno guyanés;  pero se puede afirmar que oficialmente nunca ha tenido interés en informar a los venezolanos de la posición del gobierno en relación con el tema. El gobierno venezolano nunca planteó, ante las instancias competentes previstas en el Acuerdo de Ginebra, la solicitud de medidas provisionales para oponerse a las actuaciones de Guyana.

En abril del 2024, la CIJ debe recibir los últimos alegatos y argumentos de las partes para entrar en la fase decisoria que podría durar algún tiempo. Es hasta ahora que el gobierno bolivariano decide convocar un referéndum consultivo para intentar involucrar a los venezolanos en una decisión que solo es, constitucionalmente, competencia de quien representa al Estado venezolano, es decir de actual gobierno.

Posición de Aragua en Red

1. La asistencia al referendo es un derecho ciudadano contemplado en el artículo 71 de la Constitución y como política interna AeR siempre apoyará la participación en cualquier evento electoral contemplado constitucionalmente;
2. Consideramos que no existe la información mínima y necesaria para que la mayoría de la población venezolana consultada pueda responder las preguntas con convicción de criterios propios y en su lugar hay una clara inducción del gobierno a que se respondan afirmativamente a todas las preguntas;
3.  Consideramos que la pregunta número 3 es especialmente perjudicial para los intereses de la nación, ya que contestarla afirmativamente implica desconocer a la Corte Internacional de Justicia; por ser esta instancia la que definitivamente tomare una decisión de obligatorio cumplimiento por las partes, asistan o no a las audiencias convocadas. Hasta ahora el gobierno no ha explicado al país la alternativa a seguir desconociendo (al menos públicamente) a la CIJ;
4. El diseño propagandístico, con fanfarrias, canciones, marchas y llamados a la patria, pareciera se estuviera abonando el terreno para una confrontación, contrario al deber ser de tener una estrategia diplomática, fuera de los micrófonos, para convencer a todos los países del mundo, más a los amigos del régimen, como Cuba y Brasil, de la conspiración contra Venezuela y del despojo del que fuimos objeto.

En función de estos hechos y realidades AeR considera:

1. Que el referendo consultivo sea cancelado o aplazado hasta que se informe más ampliamente a la población en general, de tal manera que la consulta pueda ser efectuada con verdadero conocimiento de causa por todos los venezolanos; 
2. Que Venezuela no debe desconocer la competencia de la CIJ y, al contrario, debe asistir a las audiencias representada por una comisión de expertos reconocidos en la materia para exponer las razones que históricamente nos asisten sobre el territorio esequibo;
3. En caso de que se insista en realizar la consulta, promover el “no”, especialmente en la tercera, cuarta y quinta preguntas, y no dar un cheque en blanco a un gobierno que aún no ha explicado al sospechoso cambio de posición a la nación ni las alternativas a desconocer la jurisdicción de la CIJ en el caso.

Maracay, 01 Diciembre 2023