Venezuela sufre una gran tragedia, y su gravedad la padecen todos los venezolanos, civiles y militares, al tener que afrontar, con pocas posibilidades de éxito, el hambre, la escasez de medicinas, la inseguridad, la inflación y pare usted de contar. La única esperanza que tiene, en este momento, nuestro pueblo es lograr que se le permita ejercer su derecho constitucional de revocar al presidente Nicolás Maduro. El profundo rechazo a su figura y al sistema que representa ha llegado a tal nivel que recientes encuestas de opinión indican que más de 80% de nuestros ciudadanos están decididos a votar para que sea revocado su mandato a la brevedad posible. Lamentablemente, un sector radical del madurismo está dispuesto a interrumpir ese proceso sin importarles los graves y delicados problemas que irremediablemente surgirían en nuestro país. La única manera de hacerlo es con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. Paradójicamente, los militares activos también tienen derecho a participar en el proceso revocatorio, ya que al votar se genera la posibilidad de revocar. Sin embargo, su participación en la recolección de 20% de las firmas no sería recomendable por razones obvias, pero sí lo será en la última etapa del referendo revocatorio, para votar en secreto por el “Si”.

Cohonestar y apoyar una violación constitucional siempre ha provocado delicadas e históricas consecuencias para el país, pero también para nuestra institución. Recomiendo a las nuevas generaciones de militares activos revisar la historia sobre el fraude electoral ejecutado por el general Marcos Pérez Jiménez en 1952, a nombre de las Fuerzas Armadas Nacionales. Las flagrantes violaciones que se han venido cometiendo este año están a la vista. Al perder la mayoría parlamentaria en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, con una diferencia de más de dos millones de votos, Nicolás Maduro y sus secuaces han urdido una conspiración para quitarle a la oposición democrática la legítima mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Esa conspiración se materializó con la ilegal designación durante el anterior Parlamento de los nuevos rectores del TSJ, el cual quedó integrado en gran medida por personas carentes de los méritos académicos y profesionales exigidos por la Constitución nacional, así como de las condiciones morales para el ejercicio de los cargos. Su misión consistiría en darle un barniz de legalidad a todas las tropelías cometidas por el Gobierno en contra de la Asamblea Nacional, sin que les importe violar la Constitución. Esa misión la están cumpliendo cabalmente. Sus aberrantes leguleyerías han originado el lógico rechazo de la colectividad en general y de los diputados opositores en particular. La primera tropelía fue la de declarar ilegal la elección de los diputados por el estado Amazonas.

Prudentemente, la Asamblea Nacional, sin estar legalmente obligada, pidió a los diputados de Amazonas que se desincorporaran por propia voluntad, en espera de que se realizara la correspondiente investigación para demostrar si había alguna irregularidad. En ese caso, la oposición estaba dispuesta a medirse en una nueva elección, si el CNE la convocaba rápidamente. Una medida cautelar sólo debe tener vigencia por corto tiempo, y más en este caso, que dejaba a ese estado sin representación parlamentaria. Sorprendentemente, pasaron los meses sin que hubiera una sentencia definitiva y mucho menos se convocara a elecciones. En julio, es decir, siete meses después de la primera sentencia por desacato, la Asamblea Nacional -convencida como estaba de que lo que se buscaba era mantenerla sin la mayoría calificada, ya que de convocar a elecciones serían de nuevo ganadas por la oposición democrática- legítima y legalmente decidió reincorporar a los parlamentarios. Inmediatamente, se hizo pública otra maniobra contra la Asamblea Nacional declarándola en desacato.

Lo relatado es solo una pequeña parte de todo lo ejecutado por el TSJ en la permanente y sistemática búsqueda de anular a la AN, obstaculizando todos sus actos de forma ilegal y arbitraria. No existe hasta el presente una sola actuación parlamentaria que no haya sido declarada inconstitucional por el TSJ. Este cuadro de cosas ha llevado a afirmar, a propios y extraños, que en Venezuela gobierna una dictadura, pero también existe la percepción de que esa dictadura está sustentada por el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. Ahora parece ser que la Sala Constitucional del TSJ piensa declarar nula la recolección del 1% de las firmas por un supuesto fraude inventado por Jorge Rodríguez. La respuesta de la MUD fue terminante. Henrique Capriles señaló: “El TSJ puede dictar el viernes una nueva medida cautelar para evitar se realice la recolección del 20% de las firmas. Si ellos lo hacen, nosotros inmediatamente convocaríamos a la “Toma de Venezuela”, dirigiéndonos miles de venezolanos hacia los centros de poder”. Sin lugar a dudas, la razón de esa protesta la tiene el sector opositor. La Fuerza Armada Nacional debe analizar y discutir con profundidad tan delicada situación. Su obligación es preservar la paz de la república, pero la paz no se puede mantener con más represión e injusticias. Si Nicolás Maduro y sus secuaces decidieran coartar el derecho ciudadano a expresarse electoralmente, utilizando a sus bandas armadas para reprimir a los ciudadanos, se podría generar una lamentable tragedia. Corresponderá entonces a la Fuerza Armada Nacional mantener a raya a los violentos y a los órganos de seguridad del Estado, para garantizar la paz y el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Nuestro pueblo siempre ha tenido fe en la Fuerza Armada Nacional. No lo defrauden…

Fuente: http://www.el-nacional.com/fernando_ochoa_antich/Referendo-revocatorio-F...