El Referendo Revocatorio encierra la siguiente paradoja política: la recolección de las manifestaciones de voluntad del 20% de los electores va a ser tan fulminante como su convocatoria final. Es por eso que el debate sobre la fecha del revocatorio —aunque relevante— no será necesariamente el factor definitivo. Y todos los eventos que lo anteceden son tan importantes políticamente como su consumación.

Aunque avance lentamente, el referendo va dejando secuelas que son cada vez más determinantes. Es como una bola de nieve que va creciendo con el tiempo. La marcha del 1 de septiembre pareciera reflejar un punto sin retorno y lo que sucedió en Villa Rosa demuestra un efecto de esa misma bola de nieve que ya alcanza a los estratos más bajos de la población.

Si el chavismo hubiese querido detener el referendo a través del Tribunal Supremo de Justicia ya lo hubiese hecho. Es precisamente lo que el “madurismo” hubiese querido sentenciar hace meses, pero que curiosamente no ha podido materializar. Ha sido mas fácil para el gobierno disolver (en la práctica) a la Asamblea Nacional, a través de la Sala Constitucional, que impedir definitivamente los avances procedimentales para su convocatoria.

Las razones son evidentes: el referendo tiene amplio apoyo entre todos los venezolanos, ha sido bien encauzado políticamente por la oposición y tiene simpatizantes dentro del mismo chavismo y del mundo militar.

En estos momentos tan delicados, el país está unido en torno al Referendo Revocatorio y la inminente necesidad de estabilizar la economía. Mas de 85% de los venezolanos quiere un referendo, según las encuestas más serias del país. La población se aferra a esta esperanza, incluso si implica aguardar con penurias para ver cumplida su materialización. Ese mismo 85% de la población reconoce que el desabastecimiento y la inflación son los principales problemas nacionales, incluso superando el tema de la inseguridad. La gente entiende que el cambio económico implica una transformación política que debe tener un carácter tanto pacífico como electoral. Este fue el principal mensaje detrás de la masiva movilización ciudadana del 1-S.

¿Qué puede pasar después de tener el 20% de las voluntades?

Una vez que se hayan reunido las voluntades, tanto el Presidente como su anillo de poder más cercano van a quedar políticamente aislados. Con una economía en ruinas, es imposible que Maduro gane alguna consulta. Y la verdad es que el debate sobre los tecnicismos que rodean la forma de recoger manifestaciones de voluntad es algo que quedará como material para un buen seminario sobre reglas electorales. Pero lo cierto es que a estas alturas tienen poca relevancia política. Sin importar qué tipo de reglas bizantinas sean seleccionadas (seguramente regulaciones absurdas, como a las que nos tiene acostumbrado el CNE), la meta del 20% va a ser superada y reflejará una mayoría abrumadora.

El “madurismo” anticipa, por lo tanto, que no puede impedir la recolección de las manifestaciones de voluntad y que tampoco puede ganar el referendo. Y por eso reacciona con tanta vehemencia. Su única tabla de salvación es una confrontación violenta que permita justificar la suspensión del proceso. Pero ese evento no lo quiere nadie: ni la oposición, ni el mismo chavismo y mucho menos los militares. Tampoco lo quiere la sociedad en su conjunto.

A estas alturas todos los actores relevantes sospechan un desenlace. Lo que se desconoce es cuál va a ser su modalidad. El Presidente Maduro, una vez que la oposición haya recogido el 20% a finales de octubre, apostará a la abstención. Tratará de convencer a su propia militancia de que, si bien no puede ganar el referendo, puede impedir que la oposición consiga suficientes votos para revocarlo. Pero el chavismo luce agotado después de una resistencia fútil y es muy probable que lo abandonen públicamente. Maduro pasará a ser una apuesta sin sentido alguno para el PSUV y para sus satélites organizacionales.

Y en caso que el chavismo continúe resistiendo incondicionalmente, el PSUV corre un riesgo real de dividirse ante la negativa de encarar la magnitud de un crisis política y económica sin precedentes.

¿Y qué puede pasar con el chavismo y los militares?

El chavismo tratará de contener las aguas crecidas hasta comienzos del próximo año —quizás con algún tipo de apoyo militar— y pretenderá controlar un proceso de cambio de gobierno para impulsar una renovación de su propio liderazgo, preferiblemente sin activar ningún proceso electoral. La fórmula sería la renuncia del Presidente a comienzos del 2017 (antes de la realización del referendo). Y eso tendría como corolario el nombramiento de un vicepresidente que satisfaga los intereses de grupos muy diversos.

Bajo estas circunstancias, el chavismo aceptaría la necesidad de articular un nuevo programa económico, buscaría renovar el liderazgo de su partido e intentaría rescatar simbólicamente un legado revolucionario y un capital político que ha sido dilapidado por la peor gestión que haya experimentado el país en su historia republicana.

Es una apuesta que luce complicada, pero no es una propuesta desquiciada.

Los militares enfrentan una encrucijada similar. Las Fuerzas Armadas han venido, deliberadamente, tomando el control de todas las esferas de gobierno para lograr dos objetivos: el primero, aumentar su poder de negociación con cualquiera de los factores políticos (sean chavistas, maduristas u opositores) para poder garantizar así su continuidad histórica y minimizar los daños colaterales que un proceso de cambio pueda producir; el segundo, los militares (en especial los más institucionales) buscan quedar en una posición de poder que les permita definir la modalidad del proceso de cambio que experimentaremos en los próximos meses.Y esa modalidad no es única, sino más bien múltiple y perfectamente puede mutar en el tiempo.

El país puede desviarse por distintos senderos o incluso cruzarse nuevamente. Y todos estos caminos llevan a resultados muy diferentes.

Estamos entrando en un delta turbulento.

¿Cuáles son esos cambios que pueden venir?

Una de las tantas modalidades de cambio puede implicar un control directo del sistema político y económico por parte de las mismas Fuerzas Armadas, sin ningún tipo de intermediación política una vez que tomen control de la vicepresidencia y, posteriormente, de la presidencia. Todo esto por vía constitucional. Otra modalidad supone una renovación del chavismo con apoyo militar, sin necesariamente permitir una apertura democrática hacia la oposición. Tampoco es descartable que los militares decidan sacrificar al chavismo y precipiten el Referendo Revocatorio, así como unas elecciones presidenciales. Y, finalmente, existe un escenario en el cual los militares pueden convertirse en un factor determinante para impulsar un acuerdo amplio entre el chavismo y la oposición para restaurar tanto la democracia como el estado de derecho.

Es difícil anticipar qué opción prefieren los verdeoliva. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas se han convertido en el actor silente que va a mover el país por un sendero u otro. Y es indudable que las condiciones objetivas (tanto políticas como sociales) influirán en su decisión, pues su principal objetivo será preservar la institución, así como todos (sí: todos) sus privilegios.

No en vano, el expresidente Ramón J. Velásquez, quien además era un gran historiador, hablaba del partido histórico: es imposible contabilizar y entender cualitativamente los cambios políticos venezolanos sin tomar en cuenta la influencia de esta institución tan particular.

¿Cómo se percibirían estos escenarios?

La primera modalidad de cambio es internacionalmente inaceptable, pero tampoco es inverosímil: tenemos como muestra a Egipto con Al-Sisi. La segunda supone un relanzamiento de una coalición cívico-militar chavista bajo un presidente interino, quien asumiría después de enero de 2017 pero que continuaría cercando a la oposición y al Parlamento nacional. Y la última consiste en que sean los mismos militares quienes obliguen —bajo la cooperación internacional— a un proceso de negociación entre chavismo y oposición que culmine con un gobierno de cohabitación dirigido por una figura de consenso con perfil chavista. Este gobierno conllevaría a la restauración de la Asamblea Nacional, a la elección de gobernadores y alcaldes y, muy posiblemente también incluiría una profunda reforma constitucional. Esta última modalidad de cambio implica el otorgamiento de garantías mutuas a todos los actores políticos relevantes.

Frente a esta realidad, la oposición tiene una sola posibilidad: continuar ejerciendo presión a través de la movilización social para acelerar la velocidad del referendo e incrementar, simultáneamente, su poder de negociación frente al chavismo y la esfera militar. Después del 1 de septiembre, la oposición logró romper con la idea que era un actor que podía ser manipulado por los factores disidentes chavistas para activar el referendo y que podría ser ignorado posteriormente durante el proceso de cambio al posponer su realización hasta el año entrante. Para el chavismo no madurista, pareciera evidente que la oposición es una fuerza plural que no sólo tiene una gran fuerza electoral —con control de la Asamblea Nacional— sino que también comienza a ser un factor de poder que es fundamental para poder estabilizar el país.

¿Cuáles son los escenarios que abre la oposición?

De modo que la movilización social abre dos escenarios potenciales para la oposición. El primer escenario es uno en el que, gracias a la presión de calle, se logra adelantar el Referendo Revocatorio antes de fin de año y se precipita una nueva elección presidencial que sin duda alguna ganarán cómodamente. El otro escenario conlleva a que esa misma presión social obligue a los militares a forzar al chavismo a aceptar la mediación internacional (bajo otras condiciones) para convenir los nuevos términos políticos y constitucionales de una convivencia democrática que provea garantías mutuas entre las partes.

El primer escenario implica un colapso del chavismo como consecuencia de la movilización popular. El segundo es lo que en ciencia política conocemos como un cambio por “extricación”: implica una negociación para lograr concesiones por parte de quienes tienen un control absoluto sobre el ejercicio del poder a cambio de protecciones institucionales. De hecho, estas concesiones muchas veces implican aceptar mecanismos no democráticos para proteger a quienes ceden espacios de poder a cambio del restablecimiento de derechos políticos y civiles.

Aunque el revocatorio no haya ocurrido aún, sus consecuencias comienzan a ser notorias: el cambio en Venezuela es inevitable pero su direccionalidad es incierta. Existen múltiples modalidades que pueden activarse una vez que se recojan las manifestaciones de voluntad y que son modalidades que pueden ir mutando con el paso de los meses. Uno de esos tantos caminos puede implicar un proceso con las características democráticas que muchos deseamos pero también pueden abrirse otros senderos mucho más sombríos.

Ciertamente, una oposición movilizada y con una gran fuerza electoral aumenta considerablemente los probabilidades de un cambio que precipite un proceso de negociación creíble tanto con el chavismo como con el mundo militar. Un chavismo descontento y dispuesto a abrir un diálogo creíble también ayuda en este mismo sentido. Eso sería lo mejor para Venezuela. Pero lo que sí es cierto es que ya estamos en una coyuntura histórica definitiva y la forma cómo el liderazgo chavista, militar, pero también opositor, afronten políticamente el conflicto actual marcará la vida del país durante las próximas décadas: para bien o para mal.

Artículo extraido del portal de Prodavinci 13/09/16