El presidente Nicolás Maduro señaló, en una intervención pública reciente, que el gobierno se abocará al refinanciamiento y reestructuración de la deuda externa, estimada en 105 mil millones de dólares, un monto equivalente a diez veces las reservas internacionales del país. Para coordinar el comité que estará al frente de dicho proceso, y de las negociaciones con los tenedores de bonos y las instituciones financieras, se designó al Vicepresidente de la República Tareck El Aissami.
Francisco Rodríguez, economista jefe de la empresa Torino Capital, asesor de UNASUR y cercano al régimen chavista, señaló que el refinanciamiento no es viable porque las sanciones impuestas por los Estados Unidos impiden una nueva emisión de bonos, paso indispensable en una hipotética renegociación de la deuda. Las sanciones imponen un corsé a las instituciones financieras estadounidenses que les impide involucrarse en una nueva emisión de deuda. Si los economistas cercanos al gobierno, como Rodríguez, opinan que el refinanciamiento no es viable, ¿por qué el gobierno anuncia que procederá a iniciar un proceso en este sentido, a sabiendas de que es un callejón sin salida? La inviabilidad de la propuesta gubernamental ha provocado que diversas fuentes y portales de negocios se hayan dedicado a especular sobre la real intención de Maduro y su gobierno al anunciar el refinanciamiento de la deuda externa.
Otro factor que ha incrementado la confusión y que indica segundas intenciones en el proceder gubernamental, es que el presidente anunció un pago a los tenedores de bonos de PDVSA por el orden de 1200 millones de dólares. Este anuncio lo hizo Maduro en el mismo momento que declaraba su disposición a refinanciar la deuda. Justo un mes antes, PDVSA había pagado 842 millones de dólares a sus tenedores de bonos. Según los analistas económicos, esto no tiene lógica alguna, pues si la intención del gobierno es refinanciar la deuda, debió posponer los pagos y mantener los 2,04 millardos de dólares como una carta a su favor, a fin de dar más solidez a los compromisos de pagos que adquiriría el gobierno en el proceso de renegociación de la deuda. Este segundo aspecto es otro elemento que lleva a pensar que el gobierno no tiene intenciones de renegociar la deuda y que el anuncio esconde otros propósitos.
El tercer factor que arroja dudas sobre la intencionalidad del gobierno es el nombramiento de Tarek El Aissami como coordinador del comité que dirigirá las negociaciones con los tenedores de bono y las instituciones financieras internacionales. El Aissami ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de ser un elemento clave del tráfico de drogas a nivel internacional y estar detrás de varias empresas dedicadas al lavado de dinero; debido a lo cual ha sido uno de los miembros del gobierno sancionados por las autoridades estadounidenses. Ello coloca a este funcionario como uno de los menos idóneos para representar al gobierno venezolano en estas negociaciones y refuerza la idea de que el gobierno no tiene intenciones de renegociar la deuda y que sus propósitos reales se orientan en otro sentido.
Una de las especulaciones que ha surgido, en las publicaciones especializadas, es que el gobierno aspira con su anuncio, provocar el desplome de los precios de los bonos venezolanos en los mercados financieros. Los gobiernos de Rusia y China, como parte de un acuerdo previo con el régimen de Maduro, procederían a comprar los bonos a precio de gallina flaca. Una vez que China y Rusia sean los propietarios de la deuda venezolana, el régimen de Maduro negociaría con estos gobiernos, que se supone son aliados ideológicos del régimen, una reestructuración de la deuda en términos más favorables para Venezuela.
Al margen de las especulaciones, lo único que quedó claro en el discurso de Maduro es su intención de responsabilizar a los Estados Unidos y a las sanciones impuestas, por las dificultades que el gobierno enfrente a la hora de renegociar la deuda. Ello lo señaló la revista The Economist en una de sus ediciones recientes, mencionando además que Maduro dedicó buena parte de su discurso a denunciar “La dictadura financiera global del imperialismo americano” y se quejó de que su gobierno está sometido a un “genuino bloqueo financiero” parodiando el discurso de sus maestros cubanos. Según la mencionada revista, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela son suaves comparadas con las impuestas a Cuba. Si bien es cierto que las transacciones financieras han sido afectadas por las sanciones, también lo es que Venezuela realiza un comercio abierto con los Estados Unidos y que le vende a este país una parte importante del petróleo que exporta.
El gobierno, como San Pablo en el camino de Damasco, fue cubierto por una luz divina y descubrió en su peregrinaje la existencia en Venezuela de una crisis humanitaria, que hasta hace poco había negado. En consecuencia, el régimen, según Maduro, tiene las intenciones de renegociar la deuda a fin de liberar divisas para importar alimentos y medicinas y aliviar la crisis humanitaria que enfrentamos los venezolanos. Si esto no se logra es por culpa de las sanciones impuestas por Trump con el apoyo de la Asamblea Nacional y de Julio Borges. Esta parece ser una nueva estratagema propagandística del gobierno pensando desde ya en las elecciones del 2018, responsabilizando al “Imperio” y a la oposición venezolana por las penurias y calamidades que enfrentamos los venezolanos diariamente para la adquisición de alimentos y medicinas.
Profesor UCV