Uno de los parámetros para medir la condición de pobreza en términos de ingreso es la que establece tener un ingreso menor a US$ 1,25 por día, es decir 37,50 al mes o 456,25 al año. Al comparar estos valores con el salario básico mensual de Venezuela, aun con cesta ticket y otros “bonos” compensatorios que pueden aumentar el ingreso de un pensionado del seguro social en 8.000.000,00 de BsF, pero de otros empleados de la administración pública con más de 20 años de antigüedad a los 12 millones, al convertirlo en el dólar “libre” de referencia se obtendría un ingreso de 3,50 dólares mensuales o 42,00 al año, debemos de preguntarnos a qué tipo de pobreza nos ha conducido la revolución socialista del siglo XXI.
Por esta razón es que comenzamos a observar que en las últimas semanas diferentes gremios de trabajadores, empleados y profesionales en general, manifiestan su inconformidad en las calles con protestas pacíficas para exigir al gobierno salarios dignos que les permita solventar, aunque sea precariamente sus necesidades primarias. Lamentablemente, y aunque resulte desagradable decirlo, esas protestas legítimas y que seguramente se incrementaran en los próximos días, tienen muy poca eficacia política por dos razones obvias: la primera es que al gobierno no les interesa ni importa, porque es el guión cubano de someter a la sociedad a la dependencia económica del régimen; y la segunda, más objetiva, porque simplemente no tiene la capacidad financiera para resolver el problema. El único plan factible del régimen es tal como lo afirmo Churchill en su definición del socialismo “…el reparto equitativo de la miseria.”
Esta dura realidad política debe motivar a la dirigencia opositora, incluyendo a los de la sociedad civil organizada, a plantearse alternativas que puedan emplearse eficazmente para lograr el cambio de gobierno y del modelo político económico actual. Alternativas que conduzcan al establecimiento de un gobierno de transición en el mediano plazo y la redacción de una nueva Constitución que nos facilite ingresar en el siglo XXI con posibilidades de éxitos.
El procedimiento está contemplado en la actual constitución bolivariana: la Asamblea Nacional o la sociedad civil por iniciativa propia, o ambas simultáneamente, convocan a un referendo consultivo al poder originario, que no es otro que nosotros, los ciudadanos de este país, para que decidamos si deseamos elegir una nueva Asamblea Constituyente para que la misma designe un gobierno de transición democrática de dos años y redacte una nueva Constitución en ese periodo.
Esta iniciativa tiene más poder de movilización de los ciudadanos que las actuales protestas por salarios dignos, porque ofrecen la posibilidad del cambio político en el corto plazo y el inicio de la recuperación económica en el mediano plazo. ¿Qué el régimen se va a oponer? ¿Quién lo duda? Pero es la única ruta de lucha política eficaz que nos queda, lo demás es continuar con el pastoreo de nubes y esperar nuestra equitativa ración de miseria.
@lesterllopezo