A pesar de que el Foro Penal ha venido señalando una escalada de la represión del Estado desde 2002, desde 2014 hemos observado que la represión y las detenciones políticas se han incrementado notablemente en Venezuela convirtiéndose al día de hoy en un patrón de conducta o política de Estado.
A manera referencial, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, el Foro Penal registraba 11 presos políticos. Sin embargo, desde enero de 2014, el número de presos y detenidos políticos se ha incrementado exponencialmente utilizando para ello al sistema judicial como arma de persecución política y de fachada para ocultar un régimen represivo.
Desde enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2016, el Foro Penal Venezolano ha registrado 5.853 detenciones, arrestos o encarcelaciones vinculadas con diferentes manifestaciones, por expresiones en redes sociales, y protestas por escasez de alimentos, recortes eléctricos programados y falta de agua, contra el gobierno en Venezuela.
Actualmente, 1.998 personas se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales, y 96 se mantienen tras las rejas y 20 personas detenidas en Aroa, Estado Yaracuy, que a pesar de haber sido decretada su liberación bajo fianza, el 9 de junio de 2016, se encuentran todavía encarceladas por irregularidades procesales.
Es de notar, que existe el “efecto de puerta giratoria”, es decir que el régimen detiene a personas, encarcela a otras, y libera a otras de manera que a pesar que el número de detenidos es muy alto, el número promedio de personas tras las rejas se ha mantenido en un promedio de 80 aproximadamente. Al momento de este informe el número de personas encarceladas (96) supera el promedio.
Preocupa particularmente la actuación sistemática y con absoluta impunidad del cuerpo policial Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en casos de tortura y detenciones arbitrarias, así como algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. A pesar de las múltiples denuncias realizadas en las audiencias ante los tribunales, incluso directamente por las víctimas, no existen investigaciones serias en casos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, manteniendo a los torturadores en sus cargos e incluso promoviendo a los mismos cuando son denunciados o señalados.
En tal sentido, desde 2014 hemos registrado 145 casos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos. Así encontramos que en varias ocasiones los presos y detenidpolíticos no sólo han sido objeto de detenciones arbitrarias sino igualmente de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Han existido casos de personas torturadas o sometidas a tratos crueles e inhumanos y que han resultado asesinadas como consecuencia de dichos actos. Tal es el caso de José Alejandro Márquez, asesinado a golpes en Caracas en 2014, por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, o Geraldine Moreno y el adolescente de 14 años Kluiberth Roa, ambos asesinados en protestas, la primera en 2014 en Valencia, Estado Carabobo y el segundo en San Cristóbal, Estado Táchira, en 2015, por disparos de perdigones a la cabeza ejecutados por funcionarios de seguridad del Estado. En 2016, ocurrió igualmente el caso del asesinato de Jenny Ortiz en San Cristóbal Estado Táchira en las mismas circunstancias.
Un caso que resalta es el de la estudiante Joselyn Prato, de 23 años, encarcelada en agosto de 2015, en una cárcel de alta peligrosidad en Coro, estado Falcón y sometida a fuertes golpizas y tratos crueles e inhumanos tanto en el momento de su arresto como durante su detención. Le dieron a comer alimentos con gusanos, se vio obligada a dormir desnuda como consecuencia del extremo e inhumano calor que se sentía en la celda pequeña que compartía con nueve reclusas en la penitenciaría de Coro. El 16 de septiembre de 2015 su familia fue notificada que Joselyn Prato presentaba sangramiento anal, situación difícil de manejar en virtud de que el Hospital de Coro carece de los equipos necesarios para su evaluación. Tras su liberación, ha seguido padeciendo del estómago y de crisis depresivas. Ver testimonio en video en https://foropenal.com/historico-privados
Otro caso es el de Daniel Morales de 18 años de edad, detenido por el SEBIN el 18 de mayo de 2016, por supuestamente haber participado en protestas que reclamaban el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Fue golpeado brutalmente y sometido a descargas eléctricas, así como para obligarlo a confesar contra el jefe de seguridad de la Asamblea Nacional también preso. Hoy día Daniel se encuentra incomunicado en El Helicoide, SEBIN.
Otro caso que llama la atención es el de Gerardo Carrero, a quien el régimen ha mantenido preso desde hace más de dos años, sin haber sido condenado. El 21 de agosto de 2014, funcionarios del SEBIN sacaron a la fuerza a Gerardo de su celda, y lo esposaron colgado de un tubo al techo durante doce horas continuas, envolviéndole las muñecas con papel periódico y cinta adhesiva, para dejar la menor cantidad de marcas posible. Fue golpeado fuertemente con tres tablas de madera que rompieron contra su cuerpo. Luego de la denuncia ante la fiscalía y el tribunal de la causa, donde se señaló incluso con nombre y apellido al torturador, quien era un oficial del SEBIN, en vez de investigar la tortura y trasladar a Gerardo a un lugar seguro, fue recluido en el lugar denominado “La Tumba” el cual igualmente se encuentra supervisado por el SEBIN, es decir el ente policial que lo torturó. Allí mantuvieron a Carrero por 6 meses sin la posibilidad de visita de sus abogados con aire acondicionado a muy baja temperaturas, sin acceso a la luz del sol ni a asistencia médica, con la luz artificial que se mantiene encendida las 24 horas del día y aislado del mundo exterior.
Luego de un trabajo de investigación sobre la tipología de los presos políticos, se ha determinado que en Venezuela existen tres tipos de presos y detenidos políticos, en virtud del objetivo o motivo político de su detención. 1) Aquellos individuos presos o detenidos por representar individualmente una amenaza política para el gobierno, por tratarse de líderes políticos o sociales. En estos casos el objetivo de la detención es excluir a la persona del mundo político aislándolo del resto de la población. (Ej. Leopoldo López y Antonio Ledezma, líderes de la oposición política y presos políticos desde hace más de dos años el primero y más de un año el segundo). 2. Aquellas personas que se detienen, no por representar una amenaza política individual para el régimen, sino que se detienen por ser parte de un grupo social, tales como estudiantes, defensores de derechos humanos, jueces o militares, con el objeto de intimidar a ese grupo social (Ej. Daniel Morales, estudiante opositor, o Marcelo Crovato, abogado defensor de derechos humanos). 3. La tercera categoría está conformada por aquellas personas que no representan una amenaza política para el gobierno ni de forma individual ni como parte de un grupo social, pero son utilizados como justificación de una campaña o propaganda política. (Ej. Manuel Morales, dueño de la cadena de supermercados “Día a Día”, quien fuera detenido con el objeto de trapolar en él la responsabilidad de la escasez de alimentos y que el gobierno ha presentado que es uno de los responsables de la “guerra económica” de los empresarios).
El año 2016 se proyecta con un alto índice de represión en el país. Las protestas por escasez de alimentos se han incrementado durante los primeros seis (6) meses de este año en curso, y el FPV ha registrado dos mil treinta (2030) detenciones políticas. Las prácticas represivas mayormente utilizadas son las detenciones arbitrarias. Igualmente, los tratos crueles e inhumanos, la tortura y en algunos casos el abuso sexual. Por otra parte, la enfermedad de los presos políticos, y la falta de atención médica se ha convertido en algo regular, lo cual el Foro Penal Venezolano ha denunciado en diversas ocasiones. El 19 de junio de 2016, fueron detenidos en un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana los abogados miembros del partido político de oposición Voluntad Popular, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, ambos venezolanos y con nacionalidad de los Estados Unidos el primero y de España el segundo. Fueron imputados por presunta legitimación de capitales cuando se dirigían a apoyar el proceso de validación de firmas en el Estado Portuguesa para el referendum revocatorio contra el Presidente Maduro. Estos dos se suman a la lista de presos políticos en el país y se encuentran recluidos en la Penitenciaría 26 de julio del Estado Guárico.
Se ha sometido a defensores de derechos humanos y particularmente a abogados de nuestra organización Foro Penal a interrogatorios e investigaciones intimidatorias e incluso a su detención. Así encontramos el caso de Tamara Sujú (hoy día refugiada política en la República Checa) y Celia Dao, quienes fueron interrogadas y víctimas de persecución política por parte del SEBIN. Se mantiene de manera sistemática una campaña de referencias difamatorias, intimidantes y descalificatorias en los canales de comunicación del Estado contra el director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, y su familia, quien fuera objeto de un intento de agresión con armas de fuego en febrero de 2015, así como a otros miembros de la directiva de la misma ONG, tal como Gonzalo Himiob Santomé. Esto ha obligado a la CIDH a requerir formalmente medidas de protección en favor de miembros del Foro Penal al gobierno nacional venezolano, medidas que no han sido cumplidas en modo alguno. Igualmente, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en su reporte anual del 17 de agosto de 2015, sobre “la cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y los mecanismos en el área de derechos humanos” mostró su preocupación por el esquema intimidatorio del gobierno nacional contra Alfredo Romero y los abogados del Foro Penal Venezolano.
El caso del abogado miembro del Foro Penal y defensor de derechos humanos Marcelo Crovato es emblemático. Marcelo Crovato hoy día se encuentra bajo arresto domiciliario y con delicada condición de salud. Durante 10 meses en Yare III, una cárcel de alta peligrosidad y bajo altas temperaturas, Marcelo se intentó suicidar en dos oportunidades. Marcelo se encuentra privado de su libertad por la juez Denisse Boccanegra, por más de 2 años, sin que ni siquiera haya culminado la audiencia preliminar de su caso. Es decir, Marcelo no ha tenido la más mínima oportunidad de conocer las evidencias en su contra y defenderse judicialmente. Han transcurrido más de 2 años sin comenzar su proceso y sin ser acusado formalmente, situación que según la ley venezolana conlleva a su inmediata liberación, lo cual no ha ocurrido a pesar de haber sido solicitado formalmente al tribunal de la causa.
Hemos encontrado que se utiliza la falta de asistencia médica y la enfermedad de los presos políticos como mecanismo de trato cruel e inhumano. Así en el presente informe hacemos referencia a 26 casos de presos políticos enfermos y que han denunciado falta de asistencia médica.
Efraín Ortega Hurtado, además de haber sido torturado, le ha sido negada la atención médica adecuada. Efraín cumple dos años preso en julio de 2016. Fue detenido en Ju- lio de 2014 sin orden de captura y víctima de tortura y otros tratos crueles e inhumanos. Lo esposaron y golpearon fuer- temente en varias oportunidades en el pecho, en la cabeza y en la cara. Lo encapucharon con un trapo y lo montaron a golpes en un vehículo para luego trasladarlo a la Dirección de Investigación contra el Terrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Caracas. Lo colocaron de rodillas por más de 7 horas, y esposado de pies y manos le envolvieron su cuerpo y rostro con papel periódi- co y cartón. Le colocaron tirro de embalar en la cabeza, estómago, tobillos y pies. Ello, a los efectos de reducir las marcas cuando lo golpeaban brutalmente con un bate. Esposado las manos a fin de lesionar sus hombros. Le realizaron descargas eléctricas en el cuello, cabeza y oídos, por 7 horas. Todo ello para obtener información sobre nombres de supuestos cómplices o financistas que él jamás había conocido.
Hemos observado, que mientas Venezuela se colo- ca en el último lugar en el mundo en cuanto a la existencia de un Estado de Derecho, el sistema de justicia sí funciona efectivamente para la persecución política y la intimidación sistemática de la disidencia con los brazos hacia la espalda lo levantaron jalándolo por las manos a fin de lesionar sus hombros. Le realizaron descargas eléctricas en el cuello, cabeza y oídos, por 7 horas. Todo ello para obtener información sobre nombres de supuestos cómplices o financistas que él jamás había conocido.
Hemos observado, que mientas Venezuela se coloca en el último lugar en el mundo en cuanto a la existencia de un Estado de Derecho, el sistema de justicia sí funciona efectivamente para la persecución política y la intimidación sistemática de la disidencia.
Resumen ejecutivo
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