Pasar al contenido principal

Se propone la discusión de una Ley de Universidades pero el fraude académico en Venezuela continúa

UCV
Tiempo de lectura: 3 min.

El debate en torno a la reforma o promulgación de una nueva Ley de Universidades, impulsado desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, plantea una discusión indispensable sobre el rumbo de la educación superior en Venezuela. Sin embargo, cualquier proyecto legislativo que pretenda transformar o regular el sistema universitario carecerá de legitimidad y eficacia si elude el problema más grave que hoy socava sus cimientos: el fraude académico institucionalizado y la degradación sistemática de la calidad formativa. 

Durante los últimos años, el país ha sido testigo de la creación y expansión de casas de estudio y programas de formación que operan al margen de los estándares mínimos de rigor científico, técnico y pedagógico. Bajo la promesa de una supuesta "inclusión" o "municipalización" sin sustento real, se han habilitado carreras de alta complejidad y responsabilidad social en las que se vulnera el principio más elemental de la educación: el aprendizaje efectivo. 

Resulta alarmante constatar la existencia de programas académicos, con casos particularmente graves en áreas críticas como la Medicina Veterinaria y otras ciencias de la salud y del agro, donde los estudiantes avanzan de semestre e incluso obtienen certificaciones sin haber cursado de manera real las asignaturas, sin asistencia regular a clases, sin prácticas de laboratorio ni formación clínica supervisada. Promover a un estudiante que no ha visto clases ni ha adquirido las competencias mínimas de su disciplina no constituye democratización del conocimiento; constituye una estafa académica contra el propio estudiante y un peligro directo para la sociedad. 

Las consecuencias de esta práctica son profundas y transversales: 

  • Riesgo para la salud pública y la seguridad agroalimentaria, en el caso de la carrera de veterinaria: Un profesional de la medicina veterinaria formado sin rigor clínico, epidemiológico o quirúrgico compromete directamente el control de enfermedades zoonóticas, la sanidad animal, la inocuidad de los alimentos y la producción pecuaria del país. 
  • Desvalorización del título universitario: La emisión de credenciales académicas sin respaldo formativo destruye la credibilidad de los títulos venezolanos dentro y fuera de nuestras fronteras, perjudicando por igual a quienes sí se forman con esfuerzo y exigencia. 
  • Desmantelamiento de la excelencia y la autonomía: Mientras se promueven estructuras paralelas carentes de evaluación rigurosa, las universidades autónomas y experimentales con trayectoria comprobada enfrentan asfixia presupuestaria, deterioro de su infraestructura y fuga de su personal docente y de investigación. 

Una verdadera Ley de Universidades no puede diseñarse para convalidar la improvisación ni para debilitar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Por el contrario, el marco legal que Venezuela necesita debe enfocarse en: 

  1. Garantizar la calidad y la acreditación real: Establecer auditorías académicas independientes y vinculantes sobre todas las instituciones públicas y privadas, cerrando o interviniendo aquellos programas que otorguen aprobaciones sin presencialidad, sin carga horaria cumplida y sin evaluación rigurosa. 
  2. Proteger el ejercicio profesional y la ética pública: Vincular las exigencias de formación con los colegios profesionales, las academias y los sectores productivos, asegurando que cada egresado posea las competencias reales que su título certifica. 
  3. Respetar la autonomía universitaria y dignificar la carrera docente: Garantizar presupuestos justos, salarios dignos para profesores e investigadores, y el respeto irrestricto a la gobernanza democrática de las universidades. 

El futuro del país no se construye repartiendo títulos vacíos de contenido, sino formando ciudadanos y profesionales capaces, éticos y rigurosos. Hacemos un llamado firme a los gremios, federaciones estudiantiles, consejos universitarios y a la sociedad civil a exigir que cualquier discusión legislativa sobre nuestras universidades parta por detener el fraude académico y restituir la excelencia como principio irrenunciable de la educación superior venezolana. 

Prof. Asociado de la UCV