En el año 2010, en el marco de una agenda orientada a la instauración del Socialismo del Siglo XXI, Chávez expropió la empresa Agroisleña. Se convirtió en un caso emblemático de una empresa exitosa que fue llevada a la quiebra, con un efecto devastador sobre la actividad productiva. Los representantes de la empresa intentaron negociar pero al final debieron acudir a un organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial, el cual acaba de fallar a favor de la empresa expropiada. De acuerdo al fallo el Estado venezolano debe pagar 1400 millones de euros.
La agenda del gobierno bolivariano implicó en sus inicios una agenda político ideológica antiliberal orientada al hostigamiento a la iniciativa individual y a una expansión desordenada de la presencia del Estado. Estas políticas se enmarcaron en lo que dio en llamarse el Socialismo del Siglo XXI que buscaba reproducir el modelo cubano. Esto se tradujo en la expropiación y confiscación de empresas productivas exitosas que cuando llegaban a manos del Estado entraban en un proceso de mengua hasta llegar, en muchos casos, a una situación de quiebra que requería del permanente auxilio financiero por parte del Estado. Ello incluyó a compañías como CANTV, Electricidad de Caracas e innumerables empresas agroindustriales procesadoras de materias primas agrícolas como Lácteos los Andes. Contempló también la estatización de empresas generadoras de insumos agrícolas como Agroisleña, que se constituyó en un caso emblemático en el sector agroalimentario de una empresa exitosa que fue llevada a la quiebra después de ser intervenida por el régimen bolivariano, lo que tuvo un fuerte impacto en el campo por las múltiples actividades que esta empresa llevaba a cabo.
“Al momento de su expropiación Agroisleña tenía 52 años de fundada en el país, más de 60 tiendas, silos, centros de distribución, cerca de 3.000 empleados y un conglomerado de empresas asociadas al negocio agrícola como Insecticidas Internacionales, Proyefa, y Venezolana de Riego. Así proveía y daba asistencia técnica a más de 18.000 pequeños y medianos productores” (El Pais. 2022). La expropiación tuvo un fuerte impacto en el sector de los técnicos del agro conscientes de la labor e importancia de la empresa. Rodrigo Agudo un experto en el área de lácteos señaló, diez años después de la expropiación, que el efecto de tal acción fue devastador en el sector agrícola (El Impulso. 2020).
Después de la ocupación por el gobierno de todas las instalaciones de Agroisleña vino el cambio de nombre a Agropatria la cual asumió el control de la importación de insumos. El gobierno ofreció que los precios de los insumos y servicios disminuirían lo cual generó una expectativa favorable en los agricultores. Pero pronto cundió la frustración, pues con esta empresa pasó lo que sucedió con la mayoría de las empresas estatizadas. Agopatria se convirtió en una centrifugadora de corrupción. Su desempeño estuvo lejos de equiparse con el de Agroisleña, pues la escasez de insumos y de asistencia técnica y financiera fue lo que privó, contribuyendo al colapso de la producción agrícola. Según Rodrigo Agudo la raíz del problema radicaba en la ideologización de los que administraban la empresa, ignorantes de las funciones que les tocaba cumplir y proclives a la corrupción. El gobierno se vio obligado a inyectarle recursos en cuatro oportunidades para evitar la quiebra (El Impulso. 2020). Después de que Agropatria naufragara, Nicolás Maduro dio luz verde en el año 2013 para que una empresa de la Fuerza Armada Nacional denominada Agrofanb asumiera el control, sin embargo la situación no mejoró.
Chávez firmó el decreto de expropiación de Agroisleña a principios de octubre del 2010, casi a la medianoche. El comandante de la revolución bolivariana alegaba en ese momento que la acción estaba orientada a luchar contra un supuesto oligopolio a fin de garantizar la seguridad alimentaria. Después de la expropiación y ocupación de sus instalaciones los representantes de la empresa intentaron negociar con el gobierno pero las conversaciones no prosperaron, por lo que los representantes de la empresa se vieron obligados a recurrir a un organismo internacional de arbitraje para reclamar una indemnización por el valor de los bienes expropiados y daños sufridos como consecuencia de la arbitraria toma de la empresa. La empresa fue fundada en 1958 por Enrique Fraga Alonso un canario que emigró a Venezuela en los años cuarenta del siglo pasado; como era una compañía de capitales y dueños españoles los representantes de la misma se aferraron, en su reclamación, al Acuerdo España Venezuela que protege las inversiones españolas en el país.
En consecuencia la empresa española Agroinsumos Iberoamericanos a la cual pertenece Agroisleña acudió en el año 2016 al tribunal de arbitrajes internacionales del CIADI-Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, una instancia del Banco Mundial- a fin de plantear su reclamación. El CIADI acaba de fallar en fecha reciente a favor de los representantes de Agroisleña. Como consecuencia del fallo el Estado Venezolano está obligado a pagar 1.400 millones de euros a la empresa mencionada como compensación por el incumplimiento del Acuerdo España Venezuela. A estos gastos deben sumarse los gastos administrativos del procedimiento. La arbitraria decisión tomada por Chávez en el año 2010 se revierte ahora como un boomerang contra la administración de su sucesor como una deuda más que debe pagar el Estado Venezolano por las arbitrarias acciones cometidas contra los propietarios de empresas.
Profesor UCV
Referencias
Diario de las Américas. 2016. Empresa Agroisleña demanda a gobierno de Venezuela por expropiación. Julio, 7.
El Impulso. 2020. A 10 años de la expropiación de Agroisleña el resultado es devastador. Octubre, 12.
El País. 2022. Las expropiaciones de Hugo Chávez empiezan a costarle caras a Venezuela. Marzo, 26.