El escenario de la base militar de Tolemaida fue el escogido por Iván Duque para hacer el anuncio, hace 10 días, del nacimiento del Conat, un comando élite de 7.000 hombres de armas para perseguir, doblegar y desactivar a los grupos armados que se financian con el tráfico de drogas y otras actividades. Enfrentar el terrorismo internacional resulta ser el propósito esencial del SWAT neogranadino que se ocupará, por igual, de combatir la extorsión, la explotación y comercio ilegal de minerales y el tráfico de especies y de personas.
Sin mencionar en esta ocasión —ni de manera directa ni taimada— que las acciones de esta fuerza pudieran desarrollarse en territorio venezolano, el mandatario colombiano sí había hecho referencia, días atrás, a que los actores criminales habían, en muchos casos, encontrado refugio en nuestro país, gracias a la permisividad y complicidad encontrada por estos actores colombianos con el gobierno vecino. Un despacho de la agencia EFE sobre este tema precisó que las autoridades colombianas “han afirmado reiteradamente que el país vecino es la retaguardia estratégica de los grupos armados organizados y allí se esconden 1.400 miembros del ELN y de las FARC”.
Este artículo no pretende reseñar la respuesta oficial venezolana, a la iniciativa del Palacio de Nariño. Las altisonancias de Nicolás Maduro y sus acólitos, ministros y otros, son ya tradición. Lo que no puede obviarse frente a terceros es que el país vecino atraviesa históricamente uno de sus peores momentos en materia de violencia, sin duda el peor desde la firma del Acuerdo de Paz, y que ella es protagonizada por las mafias del narcotráfico que trabajan independientemente o bien en comandita con el ELN y las disidencias de las FARC.
Que este propósito sea una tarea a la que le prestarán una atención muy especial desde el Ejecutivo de Colombia es solo natural, además de que es una vía imperativa para dejar una ejecutoria inequívoca ante el mundo por parte de un gobierno que tuvo viento en contra desde el primer día. A Iván Duque le tocó, al mismo tiempo, rescatar una economía maltrecha, poner en marcha un proceso de paz con el que no comulgaba, atender las necesidades de un flujo monumental de refugiados, proteger al país de la inesperada y devastadora pandemia, hacerle frente al fenómeno de la disidencia de las FARC y la reactivación criminal del ELN, todo ello sazonado con la desestabilización política a institucional sabiamente armada desde Caracas con otros aliados del mismo corte de izquierda radical, como Cuba.
Está claro que con este Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales estamos frente a un pie de fuerza en cuyo diseño deben haber participado los principales aliados de Colombia afectados por el fenómeno del narcotráfico y el terrorismo. Es Estados Unidos el primer doliente de estas distorsiones criminales, al igual que los países europeos, recipientes directos de los flujos de narcóticos que provienen del eje colombo-venezolano. Cuesta creer que la visita a Bogotá y a la línea fronteriza de Cúcuta de la ministra de Relaciones Exteriores de España no esté relacionada con las dificultades que atraviesa el gobierno colombiano por imponer la paz y combatir el crimen organizado.
Además, el tema de las violaciones de derechos humanos también ha estado tomando cuerpo en Colombia, siendo de gran protuberancia para el mundo libre. El último informe de Bachelet y el último de Human Rights Watch cuentan por mucho una toma de conciencia colectiva de que es preciso actuar coordinadamente para poder desterrar de Colombia las distorsiones que se han estado generando y que dejan un número de muertes muy elevado cada año.
Con todos los análisis ya hechos de parte de propios y de ajenos, y con el instrumento militar ya diseñado para actuar “hasta las últimas consecuencias” en contra de estas manifestaciones del terrorismo transnacional, lo que vamos a ver en el año que separa al gobierno de Duque de su salida, es acción y acción concertada con terceros. “Donde quiera que estén los criminales tiene que llegar la justicia”, aseguró el presidente y esto no se logra a través de una observancia del fenómeno desasociada de una posición proactiva y contundente.
El Conat pareciera, pues, ser una importante pieza del legado indispensable para que la administración colombiana actual no pase sin pena ni gloria a la historia de su país.