El 20 de diciembre del 2015 publiqué un artículo intitulado “Golpe en progreso”, referido a la reacción del régimen ante los resultados de los comicios para renovar la Asamblea Nacional. El chavismo si bien reconoció los resultados no aceptó ni acepta las consecuencias políticas, légales e institucionales de los mismos.

Desde el día siguiente a los comicios el oficialismo se ha dedicado a desconocer, sabotear, acosar e impedir el funcionamiento y el ejercicio pleno de las competencias del Poder Legislativo. No hay decisión de la AN que el Gobierno acepte y cumpla. Ha usado su dominio del resto de los Poderes Nacionales para ahogar y esterilizar el ejercicio de las competencias y facultades constitucionales del parlamento.

Por esta vía se está cometiendo un fraude colosal en contra de la voluntad popular expresada en las elecciones del 6D y una violación abierta a la Constitución vigente.

Escribíamos en aquella oportunidad que estábamos en presencia de un golpe de Estado en progreso. Seis meses después de aquella afirmación las cosas son peores y vivimos una escalada en la deriva golpista de quienes gobiernan.

La claque gobernante consciente de la pérdida irreparable de apoyo popular y legitimidad como consecuencia de la brutal crisis sistémica en progreso, ha decidido radicalizar su postura y eso significa incrementar significativamente el ya enorme déficit democrático existente. Por tanto le huyen como a la peste a cualquier escenario de confrontación electoral, máxime si se trata de alguna relacionada con el Poder Ejecutivo.

El hecho de que el gobierno no tome las medidas necesarias y recomendadas por los expertos más solventes para gestionar correctamente la crisis, ni convoque seriamente a un entendimiento nacional para afrontar la catástrofe y superarla no se debe solo a razones ideológicas sino también a su decisión de buscar la resolución del conflicto político por vías diferentes a las constitucionales, pacíficas y civilizadas.

Es por ello que constantemente tensa la cuerda y estimula el caos y la anomía buscando un estallido social que obligue al cuerpo social a privilegiar el orden por encima del deseo de cambio. Un escenario como este le permitiría al oficialismo recuperar la iniciativa y favorecer eventualmente sus planes continuistas.

En medio de esta crisis que está a un paso de transformarse en humanitaria, la necesidad de reemplazar al gobierno Maduro es un clamor nacional. El Referéndum Revocatorio (RR) emerge como una opción salvadora para reordenar las cosas y crear un nuevo cuadro político que permita afrontar con éxito la crisis, superarla y crear las bases para construir un país mejor.

Ante la solicitud de las fuerzas democráticas al Consejo Nacional Electoral (CNE) de que se inicie el proceso para activar el referéndum, el oficialismo, que tiene secuestrado al CNE, responde con una actitud francamente antidemocrática, ilegal y ventajista para evitarlo mediante el uso de disposiciones y requisitos sobrevenidos o trasladarlo, supuestamente, al año 2017 con las consecuencias del caso por todos conocidas.

El oficialismo está en el derecho de evitar el RR, pero lo que no debe hacer es usar formulas ilegales e ilegítimas para impedir la materialización de un derecho si los solicitantes cumplen con los requisitos. Lo que estamos viendo es una conducta claramente reaccionaria de parte del chavismo por usar el aparato del Estado y medios deleznables como el chantaje y la amenaza para conculcar un derecho.

La Mesa de la Unidad Democrática ha ido sorteando con éxito los obstáculos puestos por el Ministerio de Elecciones para activar el RR, prueba de ello fue el contundente firmazo.

El régimen ha reaccionado radicalizando su posición y escalando su deriva dictatorial. Durante el fin de semana pasado ha ocurrido un cambio de calidad en la situación de consecuencias nefastas para los residuos de democracia e institucionalidad.

El Gobierno decretó el Estado de Excepción, renovó la Excepción en materia económica y ha anunciado más militarización. Por si esto fuese poco el Vicepresidente de la República – personaje, para algunos, un dialogante - declaró públicamente que: “A Maduro no lo sacarán ni con referéndum ni nada” esta afirmación hecha en el contexto descrito es una provocación, un abuso y no presagia nada bueno. Esto es impedir a cualquier costo la consulta refrendaría.

Vista las cosas, las fuerzas democráticas deben unitariamente denunciar ante el país y el mundo el cariz que ha tomado la situación. Que estamos en vísperas de un manotazo cuya intención es terminar de bajar la Santamaría e instaurar la Dictadura.

Caracas, 16 de mayo de 2016