En 1984, según escribe Edgar Paredes Pisani, la sociedad venezolana experimentaba una evidente incapacidad del Estado para responder a las demandas de la sociedad y aun cuando la crisis política e institucional no parecía evidente, se percibía graves indicios de un agotamiento del orden político; en ese marco se creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).

La COPRE nació para elaborar y presentar un proyecto de reforma integral del Estado y de hecho, en el año 1986, presentó a la Presidencia de la República unas propuestas de Reformas Políticas Inmediatas, en cuyo contenido se planteaba: la elección de gobernadores de manera directa, secreta y universal, la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Municipal; la democratización de los partidos políticos y reglas para su financiamiento, así como también la reforma a la Ley Orgánica del Sufragio.

Cinco años más tarde, 1989, se agravaba la crisis política e institucional del Estado, lo que llevó al Congreso de la República a crear una Comisión Bicameral para la revisión de la Constitución, que inició su labor planteándose una Enmienda Constitucional y terminó elaborando una propuesta de Reforma General de la Constitución. Entre sus propuestas estaba la creación del Primer Ministro, la incorporación del Referendo como mecanismo para facilitar la participación en los asuntos públicos y la reforma del Sistema Judicial.

Ricardo Combellas, quien fue presidente de la COPRE, reconocía en uno de sus escritos que aquellas reformas urgentes, necesarias e importantes, no se concretaron y terminaron enterradas porque no lograron capitalizar la voluntad política necesaria del entonces Congreso Nacional; pero además, Combellas afirma que el intento fallido de golpe militar de 1992, lejos de impulsar la reforma constitucional, debilitó la voluntad para avanzar en las reformas generales de la Constitución.

No fueron suficientes los esfuerzos de la COPRE en el período 1994-1998 por retomar la idea de la reforma general de la Constitución; irónicamente, quien impulsa el fallido golpe de estado terminó siendo el promotor de una reforma constitucional que el liderazgo político de aquél momento no logró impulsar oportunamente.

El carisma de Hugo Chávez, el deterioro de los partidos políticos y de las instituciones del Estado hicieron posible que la Corte Suprema de Justicia y un referendo con la participación de solo 37,5% de la población electoral validaran la Asamblea Constituyente como vía de reforma constitucional, aun cuando la misma era contraria al propio texto Constitucional de 1961.

El Dr. Allan Brewer-Carias, en varios de sus escritos, recuerda que las Asambleas o Congresos Constituyentes han sido parte de nuestra tradición histórica; en tal sentido, identifica esos procesos en los años 1811, 1830, 1858, 1863, 1893, 1901, 1904, 1946, 1952 y 1958, y destaca que en todos los casos, esos procesos constituyentes fueron producto de una situación de hecho, consecuencia de una ruptura del hilo constitucional precedente. La fórmula constituyente de 1999, a diferencia de las anteriores, fue producto de un proceso democrático y pacífico, pero cuyo antecedente más inmediato fue el intento fallido de golpe de estado.

Hoy, 2016, una nueva generación de líderes políticos, no tienen otra alternativa que enfrentar los desafíos que supone un modelo político clientelar que se agotó, que profundizó la cultura del rentismo petrolero y que expone la evidencia de su fracaso en los objetivos planteados que están contenidos en el Plan de la Patria 2013-2019.

Ese modelo político se impuso a espaldas del pueblo, abusando de manera vergonzosa de la función legislativa en diciembre 2010, desconociendo a la Constitución de 1999 e ignorando los resultados del referendo del 2 de diciembre de 2007, lo cual configuró un modelo político inconstitucional e ilegítimo.

El Estado, así como en 1984, en la actualidad no puede satisfacer las necesidades básicas del pueblo; el Estado Comunal o Socialista, no logra garantizar las necesidades de: alimentación, agua potable, electricidad, salud, educación, seguridad ciudadana y menos una justicia imparcial.

Si en 1999, con la participación de 37,67% de los electores y en consecuencia una abstención del 62,3%, la sociedad venezolana asumió el camino de una Constituyente, ignorando los mecanismos formales de reforma de la Constitución de 1961, como salida inmediata a la crisis política e institucional de aquél momento; hoy, 2016, con un proceso electoral parlamentario en el cual participó el 74,5% de electores, resulta más que evidente el nivel de legitimidad que reposa en la Asamblea Nacional para actuar como promotor y facilitador de un proceso político de transformación, que debe iniciarse con la reinstitucionalización del país, a los fines de enfrentar una crisis evidente en lo político, en lo social y también en lo económico.

Las actividades de la Asamblea Nacional en estas primeras semanas, ha permitido rescatar en la memoria de los venezolanos la función parlamentaria a través del debate de ideas, de la interpelación como mecanismo de control político sobre la gestión de gobierno y de la función legislativa a través de las iniciativas de ley que se han planteado.

La rutina parlamentaria, mencionada en 1998 por Ricardo Combellas como una de las razones por las cuales no se acometieron las reformas que oportunamente propuso la Comisión Bicameral de revisión constitucional que actúo entre 1989 y 1992, debe llamar a la reflexión de los nuevos diputados en función de la responsabilidad histórica que esta Asamblea Nacional tiene en sus manos.

La Asamblea Nacional, a pesar de los intentos externos de saboteo, ha logrado responsablemente superarlos y ha logrado en poco tiempo exponer una gestión parlamentaria de cara a los ciudadanos y sin discriminación alguna. Cada vez que el ciudadano comenta sobre unas palabras o una intervención de algún diputado, sobre una decisión de la Asamblea Nacional, claramente está dejando constancia que siente y percibe la existencia del Poder Legislativo, lo cual es un gran paso, luego de ser un Poder Público prácticamente inexistente.

Por último, la Unidad tiene el deber ético y moral de responder políticamente al desafío que impone la realidad actual. El debate político y el diálogo entre todos los actores deben prevalecer. El espíritu de Unidad que privó en el referendo el 2007 y en las parlamentarias de 2015, debe alimentarse a los fines de ser efectivos en la defensa del orden constitucional y de la reinstitucionalización del país.

Qué oportunas son las palabras de Mario Briceño Iragorry cuando a mediados del siglo pasado escribió: “Por ello, de cambio en cambio, de modificación en modificación, de sistema en sistema, de ensayo en ensayo, hemos llegado en el afán de borrar el pasado, hasta frustrar nuestra genuina fisonomía nacional.” Allí se puede identificar las consecuencias de las tres 3 últimas décadas de cambios, reformas y transformaciones.

Referencias Bibliográficas:

Brewer-Carías, Allan. Poder Constituyente originario y Asamblea Nacional Constituyente. Editorial Jurídica Venezolana 1999.

COPRE. Reformas Políticas para el Cambio Político. Volumen 3. 1993.

Combellas, Ricardo (Coordinador) Constituyente, aportes al Debate. COPRE, Konrad Adenauer. 1998.

Artículo escrito para Politika UCAB, 12 de febrero de 2016