Sin desatender las tensas relaciones entre el gobierno y la nueva realidad legislativa liderada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la presencia del presidente en la Asamblea Nacional para dar cumplimiento a su obligación de presentar, en los términos de la Constitución Nacional, el mensaje anual de su gestión administrativa del año anterior, lo que ha ocurrido hoy es un grave desacato de los ministros al control de la legislatura nacional para la consideración y aprobación o no del decreto de emergencia económica.
La inasistencia de los ministros del área económica se fundan, en el necio criterio de existir información reservada que el país no puede conocer, por riesgo a la seguridad. Se imagina alguien que en un estado democrático y social de derecho y de justicia, los venezolanos no podamos conocer las causas del “riesgoso” estado de las finanzas nacionales, pero que al mismo tiempo se pretenda obtener una suerte de cheque en blanco para que el presidente de la República implemente medidas especiales de orden social, económico o político que estime convenientes a las circunstancias actuales, sin dar detalles de cuál es el alcance de esas medidas.
La Asamblea Nacional es nuevamente respetuosa e indulgente ante la impertinencia y desacato del gobierno, cuando resuelve suspender la discusión sobre el susodicho decreto de emergencia económica, hasta el siguiente día en horas de la mañana, todo en atención al grave estado de la crisis política, social, económica y moral que vive la Nación.
Pero precisemos. Esta emergencia es producto del derroche de nuestros recursos, algunos regalados y otros robados sin escrúpulo alguno, en los últimos 16 años, comenzados bajo la responsabilidad del fallecido presidente Chávez. Este es el padre de la ruina del país y de las penurias del pueblo, continuada, naturalmente, por sus herederos políticos.
A la par de ese derroche, la Asamblea Nacional, desde el año 1999, bajo el férreo control del gobierno ha aprobado planes económicos al Ejecutivo, presupuestos anuales y extrapresupuestos, y de igual modo la política cambiaria ha sido implementada por los gobiernos de Chávez y Maduro, manejando la bicoca de más de un billón de dólares, sin control alguno, amén de que el BCV lo convirtieron en su caja chica, amputándole su autonomía para el ejercicio de su competencia constitucional. A finales del pasado diciembre, a contrapelo de la Constitución, pretenden que no rinda cuenta a la Asamblea Nacional, como lo ordena el artículo 319 constitucional, tal como hicieron hoy con los ministros de la economía. Se comieron los huevos de oro y mataron la gallina
Pero no se trata de un simple desacato, es una insolencia y grave irrespeto en que incurre el gobierno, por boca de su petulante Vicepresidente, quien se coloca de espalda a la Constitución que ellos mismos redactaron. El gobierno tuvo en 16 años, seis (6) leyes habilitantes, ha tenido a su disposición excesivos medios a su disposición y por ello, ahora debe explicar la necesidad de suspender garantías constitucionales con este decreto de emergencia. Para considerar y aprobar el decreto de emergencia económica, dictado por el Presidente en Consejo de Ministros, es indispensable ofrecer sin condiciones ni perífrasis, en el seno del parlamento, el informe de los ministros, a fin de que los diputados se formen criterio sobre la gravedad de la situación económica del país, que no tenemos duda, todos la presentimos; del detalle de las medidas a implementar, de las preguntas y razones que respetuosamente deben formularle la Comisión de diputados designada para ello. No hay show. La payasada y el temor es de los dueños del circo en que vivimos y que el Ejecutivo abrigaba se celebrase la sesión parlamentaria en una especie de cenáculo para cercenarle al pueblo las razón de sus penurias.
El pueblo tiene el derecho de conocer el juicio de la grave situación de inflación, de la escasez que se revela en las molestias y la rabia de las colas de todos los días, en todos los supermercados y abastos, la caída de la producción y el aumento de la pobreza, ocurrida mucho antes de la caída de los precios del petróleo, y el gobierno tiene la obligación constitucional y política de explicar la anormalidad económica que ahora ha hecho metástasis.
Finalmente, si bien el presidente tiene la facultad constitucional de decretar estados de excepción, y uno de ellos es la emergencia económica, este decreto debe someterse al control de la Sala Constitucional del TSJ y de la Asamblea Nacional, y aquí nos obligamos a precisar, que el control de la Sala Constitucional se refiere sólo a que tal decreto se encuentre fundado en las formalidades de la Constitución (artículo 339), en tanto que a la Asamblea Nacional corresponde aprobarlo o improbarlo, facultades estas que no se encuentran entre las atribuciones de la Sala Constitucional; de tal modo, que si no hay pronunciamiento de la Asamblea Nacional en el lapso de ocho (8) días, contados desde la fecha de su entrega a la AN, se considera aprobado, si por el contrario, hay expresa aprobación, el decreto mantendrá su vigencia desde su publicación, que no excederá a los sesenta (60) días, pero si la Asamblea Nacional no lo aprueba, como esperamos así ocurra,- en razón de su vaguedad, por no garantizar rendición de cuentas, por nada decir sobre los regalos de nuestros recursos a otros países, porque resulta otra habilitación disfrazada, por no detallar las medidas a tomar para enderezar la economía, por tener discrecionalidad en la adopción de medidas contra personas naturales y privadas en las cuales se puedan repetir las agraviantes expropiaciones, y en fin, porque no corrige los viejos vicios del modelo económico fracasado que ha aplicado-, el decreto perderá su vigencia y no podrá constitucionalmente ser aplicado.