En días recientes se llevó a cabo en la Facultad de Agronomía de la UCV un foro sobre políticas públicas y políticas agrícolas promovido por la Cátedra Libre de Agroambiente y Sociedad. En dicho foro el sociólogo Juan Luis Hernández, quien es un reconocido consultor en el área agroalimentaria, presidente de INNOVA y profesor de la UCV y la ULA, hizo una presentación en el marco de la cual planteó un diagnóstico de la crisis alimentaria que enfrentamos y expuso una propuesta para superar la misma. Dada la experticia del prof. Hernández en el tema, consideramos conveniente elaborar una síntesis de dicha propuesta para su divulgación y discusión.
En la primera parte de la presentación se hace un análisis de la coyuntura caracterizada por un notorio deterioro de la situación alimentaria. Inflación creciente la cual alcanzó en el 2015 un poco más de 200%. La inflación de alimentos la duplica llegando a un poco más de 400%.
La creciente inflación ha venido acompañada de una escasez que tiende a agravarse. El índice de escasez de la mayoría de los productos alimenticios se ubica entre 50 y 80% para el año 2015, tendiendo a agravarse para el año en curso.
El consumo de alimentos se ha contraído según las cifras del INE. La cobertura de los programas de asistencia alimentaria se ha reducido. La red pública de alimentación se encuentra en franco deterioro. En el año 2006, el 28% de la población no compraba en Mercal y en el 2014 esta cifra ha ascendido a 61,5%. La crisis que enfrentaba la red de abastos Bicentenario es parte de esta situación. El cierre de los mismos fue una medida efectista. La mitad de los puntos de venta de Mercal se encuentran inactivos Los mercalitos y los PDVAL pequeños que atienden a las familias en las zonas más lejanas son los más afectados.
En los últimos años el componente importado del consumo ha tendido a crecer. Los sistemas formales de distribución de alimentos como los supermercados y abastos han decaído, mientras los sistemas informales (bachaqueros) han tendido a crecer, lo cual dificulta la estimación de los índices de inflación de alimentos. El deterioro de la red pública de alimentación ha revertido los logros en el mejoramiento en el acceso alimentario de los sectores de más bajos ingresos, alcanzados previamente.
En una segunda parte de la presentación se desarrolló una propuesta para superar la crítica situación alimentaria descrita. En el plano macroeconómico se plantea un ajuste cambiario que permita reducir el amplio diferencial cambiario (Bs 6,30-Bs 1.000) existente en la actualidad.
Sin embargó el prof. Hernández precisó que no considera conveniente una unificación cambiaria. El control cambiario debe mantenerse pues la existencia de un cambio libre propiciaría una gigantesca fuga de capitales dado, entre otras cosas, a la cantidad de beneficios que algunas multinacionales tienen represados y no han podido remitir a sus casa matrices.
En este contexto. es necesario, en el muy corto plazo, plantearse una reactivación de las importaciones como solución a la situación de escasez; se deben mantener preferencias cambiarias para los circuitos alimentario vitales como el de aves-alimentos concentrados y el del trigo. La caída de este último puede tener efectos graves. En este aspecto coincidimos plenamente con el prof. Hernández, como lo planteamos en un artículo previo sobre la dependencia alimentaria y sus implicaciones.
Se debe romper el círculo vicioso que se ha mantenido por mucho tiempo, incluso antes del presente gobierno, gracias al cual se permite el creciente desarrollo de desequilibrios macroeconómicos como la sobrevaluación de la moneda para luego preceder a fuertes y traumáticos ajustes. En relación a este aspecto es necesario seguir el ejemplo de otros países latinoamericanos como Colombia en el cual se permite deslizar y ajustar gradualmente el tipo de cambio.
Corregir distorsiones en el gasto público como las relacionadas con el subsidio a las tasas de interés preferenciales para la agricultura. De mantenerse este esquema ello puede dirigir en el mediano plazo a una crisis bancaria. Adicionalmente a ello el financiamiento a tasas preferenciales no se dirige a la agricultura sino a otras actividades. Si se coteja el comportamiento negativo de la producción agrícola, este no se compadece con el crecimiento de los volúmenes de financiamiento a tasas preferenciales.
Se hace necesario recurrir a los organismo multilaterales como el FMI para una renegociación de la deuda y la obtención de dinero fresco para incrementar las importaciones y superar la escasez de alimentos. Las exigencias planteadas por estos organismos y los procesos de ajuste que proponen no son similares a los de los años noventa pues ha habido un proceso de aprendizaje, en particular de los procesos de ajuste tipo shock que agudizaron las tensiones políticas y sociales en los años noventa. El margen de negociación actual es mayor; adicionalmente al FMI no le interesa que la economía venezolana empeore.
Es necesaria una intervención del Estado más efectiva y una reducción de las regulaciones. Se hace necesaria una concertación del Estado con los actores privados que sustituya a los actuales políticas de control de precios. Esta concertación entre los actores a lo largo de la cadena alimentaria buscaría que los precios se reduzcan en términos reales y aminoren su impacto en el consumidor final.
Deben impulsarse programas de apoyo a la producción agrícola y al abastecimiento. En este sentido es útil la experiencia de Fedeagro la cual es una organización con bases reales que ha impulsado programas de mejoramiento de la productividad y de la producción a nivel local que deben servir de referencia para ser replicados a nivel nacional.
En cuanto a los programas de financiamiento, las tasas de interés preferenciales tal como están planteadas son de poca ayuda como estímulo a la producción agrícola. Estas tasas deben estar dirigidas a financiamiento para proyectos de inversión definidos.
La propuesta planteada debe ser implementada por un nuevo gobierno, sin embargo el juego político actual parece trancado, según el prof. Hernández. La única opción para superar esta situación depende de la profundización de la fractura en el chavismo y la capacidad de la disidencia de presionar al presidente Maduro para que renuncie o permita la dinamización del juego político que conduzca a un nuevo gobierno.