Habiendo descrito lo que prevé la actualización del informe presentado por el Secretario General de la OEA sobre la crisis venezolana, es lógico preguntarse: ¿es factible lo que propone Luis Almagro? Los indicios que han surgido durante las últimas semanas dan cuenta de que todavía persiste cierta expectativa sobre los esfuerzos de diálogo entre gobierno y oposición. Igualmente, existe un recelo de aplicar la Carta Democrática, por el temor de que su efecto sea el cierre de canales de comunicación entre la comunidad interamericana y el régimen de Nicolás Maduro. Lo que se vislumbra es que la preferencia sigue siendo apelar a la diplomacia y evitar sanciones.

La mecánica para concretar la propuesta del Secretario General Almagro

Varios medios de comunicación han puesto énfasis en la propuesta de Almagro de suspender a Venezuela como país miembro de la OEA. Sin embargo, la invitación que plantea el Secretario General en su informe no supone necesariamente tal medida.

En primer lugar, Almagro ha sugerido que los países de la OEA den un “llamado de atención” al gobierno venezolano. Ese llamado de atención supondría un reconocimiento de la “alteración del orden constitucional” y una solicitud al “restablecimiento inmediato en el cumplimiento de la Constitución venezolana y las garantías democráticas contempladas en la Carta”.

Paso 1: Lo que pide Almagro en primera instancia es que concrete el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Carta. Para esto, el Consejo Permanente de la OEA tendría que reunirse para “realizar una apreciación colectiva de la situación” y decidir si efectivamente en Venezuela existe una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático”.

Para que el Consejo decida afirmativamente que dicha alteración existe y pueda pasar a “adoptar las decisiones que estime conveniente”, tendría que darse el voto afirmativo de al menos una mayoría simple de los países miembros, es decir, 18 Estados.

Si se concreta ese voto afirmativo, Almagro sugiere que los países miembros de la OEA –además de disponer la realización de gestiones diplomáticas– otorguen un ultimátum al Estado venezolano para que se convoquen a elecciones generales en un plazo de 30 días, se liberen a los presos políticos, se validen las leyes de la Asamblea Nacional que han sido anuladas y se elija a un nuevo Consejo Nacional Electoral y a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia conforme a lo que prevé la Constitución venezolana.

Paso 2: Sólo en el caso de que el Consejo Permanente de la OEA decida finalmente acoger tal recomendación y el ultimátum no sea acatado en el plazo perentorio de 30 días sugerido, es que Luis Almagro propone que se “aplique el procedimiento del artículo 21 de la Carta Democrática”.

Esto supondría que la Asamblea General de la OEA tendría que ser convocada a reunirse en un período extraordinario de sesiones, en donde por el voto afirmativo de dos tercios de los Estados, es decir, 24 países, tendría que en primer lugar constatar que en Venezuela se ha “producido la ruptura del orden democrático” y que “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.

Si esa determinación es votada favorablemente, entonces la Asamblea General de la OEA podría pasar inmediatamente a decidir si suspende a Venezuela de la OEA. Esta última determinación también requiere el voto afirmativo de al menos 24 países. En ese caso, la suspensión entraría en vigor de inmediato.

¿Es factible la propuesta de Almagro?

La actualización del informe inicial presentado por Luis Almagro es un hecho que genera una presión categórica e inédita a los países miembros de la OEA. Ahora corresponde que estos discutan las conclusiones planteadas por el Secretario General y conversen si existe disposición para adoptar alguna de las recomendaciones. Sin embargo, no puede olvidarse que lo planteado por Almagro es una propuesta y cualquier determinación concreta corresponde a los países.

En segundo lugar, hay que aclarar que el proceso de revisión del nuevo informe, así como las discusiones informales que los países podrían tener no deben realizarse en un plazo perentorio. La experiencia demuestra que para tomar decisiones los países se toman su tiempo, por lo que no pueden esperarse decisiones de manera inmediata.

Asimismo, durante las últimas semanas han surgido indicios que dan cuenta que todavía persiste en la región cierta expectativa sobre los esfuerzos de diálogo entre gobierno y oposición. La conclusión de Almagro en la actualización de su informe de que el diálogo fracasó tiene un peso importante, pero para cambiar la visión de una mayoría de los países probablemente hará falta algún tipo de señal concreta de El Vaticano. Hace pocos días, el expresidente español, Rodríguez Zapatero, se reunió con el gobierno de Colombia para buscar apoyo a las gestiones de diálogo. Igualmente, la canciller de Argentina ratificaba “el acompañamiento del diálogo que estamos haciendo”.

En cuarto lugar, un buen número de países ve con recelo la aplicación de la Carta, ya que supondría una determinación de que en Venezuela existe una alteración del orden constitucional y eventualmente podría llevar a su suspensión de la OEA. Varios países son de la opinión que, aplicando la Carta, se cerrarían espacios de comunicación con el gobierno de Maduro.

Por ejemplo, el gobierno uruguayo ya ha manifestado que por “ahora no se han verificado los supuestos necesarios para aplicar la Carta Democrática”. Por otro lado, el gobierno del Perú –muy crítico de lo que sucede en Venezuela– ha calificado la propuesta de Almagro de suspender a Venezuela como “extrema” y su canciller ha adelantado que muy probablemente no se conseguirían los 24 votos necesarios. La concreción de esos votos supondría también que muchos países del Caribe votarían en contra de los intereses del gobierno venezolano, una opción a la que no se han mostrado muy dispuestos gracias a Petrocaribe. Tan solo hace unos días, Venezuela asumió la presidencia temporal de la Asociación de Estados del Caribe, una organización donde además están presentes países como Colombia, Costa Rica y México.

Por último, hay que destacar que es muy poco probable que una mayoría de los países de la OEA accedan a la propuesta de Almagro de solicitar al Estado venezolano que convoque a elecciones generales, ya que, conforme a la Constitución venezolana, las elecciones que por ahora están pendientes son las regionales y municipales. Incluso si se adoptare dicha recomendación, además de la presión internacional, tendría que concretarse primero una presión interna, la cual hoy en día no existe. Como ya hemos explicado, la presión internacional es crucial pero “mientras no exista una estrategia interna para concretar la posibilidad de que se realice un evento electoral”, podría resultar infructuosa.

De manera que es muy poco factible que la propuesta del Secretario General Almagro sea adoptada en el corto plazo. En la medida que la situación se siga deteriorando, es probable que en el mediano o largo plazo al menos 18 países decidan que en Venezuela existe una alteración grave del orden democrático. Sin embargo, es poco factible que al menos 24 países decidan finalmente suspender a Venezuela de la OEA.

A modo de conclusión: Cuatro aclaratorias fundamentales

1. Lo que ha planteado el Secretario General Almagro en la actualización de su informe es una propuesta inédita que refleja la gravedad de la situación que vive Venezuela. Sin embargo, cualquier decisión concreta corresponde a los países miembros de la OEA.

2. La primera decisión que podrían tomar los países sería decidir que en Venezuela existe una alteración grave del orden constitucional. Para ello, sería necesario el voto de al menos 18 de los 34 Estados miembros. Si así lo hicieran, la Carta dispone que los países tendrían que realizar “gestiones diplomáticas” para procurar la recuperación de la institucionalidad democrática. Almagro ha propuesto que adicionalmente, en tal instancia, los países otorguen un ultimátum de 30 días a Venezuela para que se convoquen elecciones y se cumpla con lo que prevé la Constitución.

3. En el caso que las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas (y para ello los países primero dejarían transcurrir un lapso de tiempo prudencial), la segunda decisión que eventualmente podrían tomar es suspender a Venezuela de la OEA. Si se llegare a adoptar la propuesta de Almagro, esa sería también la consecuencia si no se cumple con el ultimátum. A tal efecto, sería necesario el voto de al menos 24 de los 34 Estados miembros.

4. Es poco factible que lo que propone el Secretario General Almagro sea adoptado por los países en el corto plazo. En la medida que la situación se siga deteriorando, es probable que en el mediano o largo plazo al menos 18 países decidan que en Venezuela existe una alteración grave del orden democrático, representando esto un reconocimiento formal de que el gobierno de Nicolás Maduro no respeta las garantías democráticas. Finalmente, visto que la preferencia regional sigue siendo apelar a la diplomacia y evitar sanciones, es poco factible que al menos 24 países decidan eventualmente suspender a Venezuela como país miembro de la OEA.

http://prodavinci.com/2017/03/16/actualidad/venezuela-cuan-factible-es-l...