La próxima semana debería comenzar una nueva ronda de negociaciones entre representantes del gobierno y de la oposición. Según lo anunciado por Macario González, a partir del 15 de septiembre comenzarán a llegar a Venezuela Dinorah Figuera y otros miembros de la delegación opositora que se encuentran fuera del país. La expectativa es que esta segunda etapa aborde garantías políticas y civiles, libertad de expresión y la revisión de leyes utilizadas para restringir el espacio democrático.

La negociación merece atención. Pero también memoria

Durante 27 años, el chavismo ha recurrido reiteradamente al diálogo cuando enfrenta una crisis capaz de amenazar su estabilidad. Ocurrió en 2002-2003, después de la fractura política y militar de 2002; hubo aperturas de diálogo tras la crisis postelectoral de 2013 y, con mayor formalidad, durante las protestas de 2014; se repitió en 2016-2017, en medio de una nueva ola de movilización y aislamiento internacional; nuevamente en 2019, después del desafío encabezado por Juan Guaidó; y más tarde en México y Barbados. En 2026, la negociación reaparece otra vez después del cambio abrupto del equilibrio de poder producido a comienzos de año.

No todas esas experiencias fueron iguales y sería intelectualmente incorrecto afirmar que ninguna produjo resultados. La mesa de 2002-2003, por ejemplo, terminó facilitando la salida constitucional del referendo revocatorio de 2004. Pero el patrón posterior sí obliga a la cautela: negociar ha servido muchas veces al gobierno para ganar tiempo, apaciguar la presión, dividir a sus adversarios y recuperar margen de maniobra sin alterar el núcleo de su poder.

La primera ronda, concluida el 12 de agosto, produjo un acuerdo importante para renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia. Posteriormente se reformó la Ley Orgánica del TSJ y se modificó el Comité de Postulaciones Judiciales. Son avances que deben reconocerse. Pero todavía existe una distancia considerable entre reformar el procedimiento y contar con un Tribunal efectivamente independiente.

Y el tiempo comienza a importar

Los propios negociadores han expresado la expectativa de que para diciembre Venezuela pueda contar con un nuevo Poder Judicial y un nuevo Consejo Nacional Electoral. El problema es que estamos entrando en la segunda mitad de septiembre y todavía quedan por delante la integración y funcionamiento efectivo del Comité de Postulaciones, la evaluación de candidatos, la designación de magistrados y, posteriormente, el complejo proceso de renovación del CNE.

No es imposible. Pero cada semana de retraso reduce el margen para que diciembre represente un resultado institucional y no simplemente una nueva fecha aplazada.

La literatura comparada sobre transiciones ofrece una advertencia útil. Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter distinguieron hace décadas entre liberalización y democratización. Un régimen autoritario puede abrir espacios, liberar presos, flexibilizar controles o aceptar reformas parciales sin haber comenzado todavía una verdadera transferencia de poder. La liberalización reduce tensiones; la democratización introduce incertidumbre real sobre quién gobierna y obliga a los actores a aceptar que pueden perder.

Investigaciones más recientes sobre aperturas autoritarias han reforzado esa idea: una apertura parcial puede terminar en democratización, pero también puede estabilizar un autoritarismo electoral si las reformas disminuyen la presión sin modificar los mecanismos que permiten al gobierno controlar las instituciones decisivas.

Ese es precisamente el riesgo venezolano

Mientras la transformación institucional avanza lentamente, la normalización económica lo hace con mucha mayor velocidad. Nuevos acuerdos petroleros, inversiones, licencias y vínculos comerciales están creando intereses económicos cada vez más importantes alrededor de la estabilidad del nuevo arreglo venezolano. Eso puede ser positivo si la recuperación económica acompaña y hace sostenible la democratización. Pero puede convertirse en un obstáculo si la normalización termina siendo mucho más rápida que la transición política.

Cuanto mayores sean las inversiones y los intereses comprometidos con la estabilidad, mayor será también el costo percibido de introducir incertidumbre política.

Por eso el éxito de esta negociación no debe medirse por comunicados, reuniones o buenas intenciones. Debe medirse por decisiones verificables y crecientemente irreversibles: un Comité de Postulaciones transparente y operativo; un TSJ realmente independiente; un nuevo CNE capaz de generar confianza; la eliminación de instrumentos legales utilizados para restringir derechos; libertades plenas para los presos políticos; y, finalmente, un calendario electoral creíble.

La experiencia comparada muestra además que las transiciones pactadas funcionan mejor cuando ninguna de las partes puede imponer unilateralmente su solución y cuando existe un garante capaz de hacer costoso el incumplimiento. Ese segundo elemento es particularmente importante en Venezuela. La capacidad de Estados Unidos para convertir compromisos en condiciones verificables probablemente será tan importante como lo que se acuerde en la propia mesa.

La negociación debe continuar. Descartarla por principio sería un error. Pero también sería un error olvidar la historia y asumir que sentarse a negociar equivale a estar transitando hacia la democracia.

Después de tantos procesos fallidos, la carga de la prueba ha cambiado. Esta vez no corresponde demostrar que las partes pueden volver a sentarse, siempre lo han hecho. Corresponde demostrar que el poder realmente puede comenzar a cambiar de manos de manera irreversible. Es a partir de ese momento que podemos afirmar que la transición ha comenzado.

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